Opinión
La clave de la multiplicidad de sectores políticos que se oponen al modo en que el Estado chileno y sus distintos gobiernos han enfrentado el “dilema mapuche”, está en exigir, no solo la renuncia de los responsables políticos que han posibilitado el horrendo crimen de Camilo Catrillanca, sino también proponer una salida política viable al conflicto, comenzando por la investigación y disolución del Comando Jungla y prosiguiendo en el mediano plazo con la desmilitarización, tanto de Wallmapu como de Carabineros. Es en estos desafíos donde se juega el futuro de ‘las oposiciones’ al Gobierno de Sebastián Piñera. Por ahora, la resolución del escenario permanece abierta.
El despreciable asesinato que terminó con la vida del comunero mapuche Camilo Catrillanca, ha mostrado nuevamente la fractura histórica que ha pervivido desde la “Pacificación de La Araucanía” y el proceso de ocupación que comienza a ejercer a inicios de 1860 el Estado chileno sobre la nación mapuche, pueblo inédito en la historia de América por enfrentarse militarmente y detener con éxito el avance continental de las principales coronas hispánicas durante la totalidad del período colonial.
La energía contenida en un proceso histórico de tal magnitud, volvió a concentrar la casi totalidad del debate político con el vil asesinato de Catrillanca, mostrando un predominio mediático solo compatible con el de la tristemente célebre ‘Operación Huracán’, como se confirmaría a inicios del 2018, uno de los montajes más burdos realizados por la Unidad de Inteligencia de Carabineros en contra de comuneros mapuche, entre ellos, el ya histórico vocero de la CAM, Héctor Llaitul.
En ese entonces, el Ministerio del Interior estaba liderado por el subsecretario de la cartera, Mahmud Aleuy, mientras Carabineros estaba conducido por el entonces general director Bruno Villalobos, también cuestionado por el caso de corrupción: Pacogate. El primero, terminó su período en el cargo sin asumir responsabilidad alguna. El segundo, terminaría sus días como el principal mando de Carabineros, convirtiéndose en las más “bella ofrenda” dejada por la Nueva Mayoría a la nueva administración de Sebastián Piñera, quien capitalizaría la renuncia de Villalobos a pocas horas de iniciado su segundo mandato (una especie de “gol de camarín” para el nuevo Gobierno).
Durante su segundo mandato, dos habían sido las principales apuestas de Sebastián Piñera respecto a La Araucanía. Por un lado, estimular el desarrollo y fomento productivo de la región más pobre del país (Casen 2017) mediante el Plan Impulso Araucanía, incentivando encuentros con distintos actores de la zona. Por el otro lado, continuar y profundizar la militarización de la “zona roja del conflicto” –llevada a cabo en una primera instancia por los gobiernos de la Concertación-Nueva Mayoría– mediante el anuncio y posterior implementación del denominado Comando Jungla.
Esta continuidad en las políticas impulsadas indistintamente por la alternancia en el poder gubernamental, ha quedado en evidencia a partir de las propias declaraciones otorgadas por el general director de Carabineros, Hermes Soto, quien ha establecido el día de ayer que la capacitación que realizan efectivos de la policía uniformada en Colombia data del año 2007, vale decir, del primer Gobierno de Michelle Bachelet.
[cita tipo=»destaque»]El aterrizaje de Sebastián Piñera este día lunes será de suyo complejo, ya que el develamiento de nuevas informaciones no solo ha vuelto en un imperativo exigir la renuncia del intendente de La Araucanía, Luis Mayol, sino que también abrió la compuerta para exigir la renuncia del propio ministro del Interior, Andrés Chadwick y –más importante aún– puso en el centro de la agenda política los problemas de viabilidad de la estrategia piñerista con vista a las demandas históricas del Pueblo-Nación mapuche.[/cita]
La primera pregunta que trae consigo esta información (eclipsada en una primera instancia por la temprana declaración de Andrés Chadwick el día de ayer, donde se acredita la destrucción de la grabación por parte de uno de los cuatro efectivos del GOPE que habrían asesinado a Camilo Catrillanca): ¿por qué el primer Gobierno de Michelle Bachelet no informó a la opinión pública sobre el contenido de una relación bilateral de la más alta importancia para el debate político nacional (como es la instrucción del contingente policial fuera del país)? Esta vez, la crítica para la centroizquierda transicional deberá ir más allá del histórico recurso autoflagelante.
La segunda pregunta que trae consigo la nueva información otorgada por Hermes Soto, es casi obvia: ¿por qué el actual Gobierno de Sebastián Piñera mintió a la opinión pública, estableciendo por un lado que el Comando Jungla era una creación propia de este Gobierno, mientras, por el otro, ofrecía un registro cuantitativo de 80 funcionarios formados en Colombia durante este año? A este último respecto, Hermes Soto señala que desde el año 2007 se envían uno o dos efectivos, mientras este año, se enviaron 15. ¿No devela esto también una cierta “lógica del espectáculo”, característica de este Gobierno?
Hasta ahora, dos han sido las interpretaciones claves respecto a la estrategia y tácticas seguidas por el actual Gobierno respecto a la “carpeta mapuche”.
Hay quienes piensan que nos encontramos ante una confrontación entre “Halcones” y “Palomas”. Los primeros, liderados por el ministro del Interior, Andrés Chadwick, traen la guerra, actualizando la lógica del “enemigo interno”. Los segundos, liderados por el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, traen la paz, promoviendo la lógica de “la inversión”. Este fin de semana, ha quedado demostrado que en dicha tensión gubernamental predominan los “Halcones” en desmedro de las “Palomas”, evidencia de la que Carlos Peña se hizo un festín en su tradicional tribuna de El Mercurio, estableciendo que la demanda del pueblo mapuche “no se satisfará ni con programas de colaboración empresarial ni con coaching ontológico ni con la astucia del management ni con el ejemplo del Hogar de Cristo ni reiterando la experiencia de la Teletón. No, señor”.
Por otro lado, hay otros que piensan que un conflicto complejo puede ser abordado –y es recomendable que así sea– mediante la táctica de “cuerdas separadas». Esto es casi una obviedad. Lo que no es tan obvio es la “coherencia” estratégica que deben tener los contenidos tácticos. Es aquí donde el plan del Gobierno falla estrepitosamente. Sebastián Piñera, en vez de ‘importar’ la más sensata política colombiana liderada por un gobierno de derecha: los Acuerdos de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, prefirió ‘importar’ la más nefasta de todas: militarizar el conflicto mediante la doctrina de la seguridad nacional y el enemigo interno (aplicada en su máxima expresión por la extrema derecha encabezada por el ex presidente Álvaro Uribe, por supuesto, asesorada por Washington).
La serie de declaraciones que entregaron los principales cargos del Gobierno y alto mando de Carabineros este fin de semana, fue contradictoria en términos explicativos y desastrosa en términos comunicacionales, sobre todo, cuando el ministro del Interior, Andrés Chadwick, confirmó que uno de los cuatro efectivos del GOPE que había participado del operativo que terminó con el asesinato de Catrillanca había grabado la operación, al contrario de toda la argumentación que Hermes Soto y el Gobierno habían reproducido, mientras las nuevas informaciones eran plenamente coincidentes con las declaraciones del principal testigo del asesinato, el menor de 15 años que acompañaba a Catrillanca, quien –según dijo el INHD– “es golpeado por Carabineros, subido a un carro policial y en su relato dice que en ese momento el carabinero cambia la cámara de su uniforme”. Según su versión, el menor estaría en condiciones de identificar al efectivo que presuntamente disparó a Catrillanca.
En la misma declaración dominguera, Chadwick hizo alusión a las responsabilidades policiales, las cuales –de un modo francamente insostenible– fueron reducidas en su discurso a la actuación del agente del GOPE que habría destruido la tarjeta de memoria que portaba la grabación, lo cual también “amarraba” a la primera plana de sus superiores directos. Así, dos altos mandos de Carabineros presentaron su renuncia (Mauro Victtoriano, jefe de la Zona Araucanía Control y Orden Público e Iván Contreras Figueroa, prefecto de FF.EE. de La Araucanía), mientras los cuatro integrantes del equipo GOPE serán dados de baja.
A partir de estos desencadenamientos, se prevé que en los próximos días la herida abierta entre la historia de Chile y el pueblo mapuche enfrentará una nueva escalada. En esta oportunidad, se incrementará la presión, ya no solo sobre Carabineros –los responsables policiales y operativos del brutal asesinato de Camilo Catrillanca– sino también, y ante todo, sobre los responsables políticos, vale decir, el Gobierno de Sebastián Piñera, liderado en estos días por el vicepresidente Andrés Chadwick, mientras el presidente se encontraba de visita oficial por Asia (de la cual poco y nada se supo, más allá de la negativa de Vladimir Putin ante el ofrecimiento de reunión ofrecido por la Cancillería chilena).
El aterrizaje de Sebastián Piñera este día lunes será de suyo complejo, ya que el develamiento de nuevas informaciones no solo ha vuelto en un imperativo exigir la renuncia del intendente de La Araucanía, Luis Mayol, sino que también abrió la compuerta para exigir la renuncia del propio ministro del Interior, Andrés Chadwick y –más importante aún– puso en el centro de la agenda política los problemas de viabilidad de la estrategia piñerista con vista a las demandas históricas del Pueblo-Nación mapuche.
A modo de resumen, el Gobierno de Sebastián Piñera tendrá que enfrentar, en el inicio de esta semana, una serie de “oposiciones”:
Primero, deberá enfrentar las acciones que emprendan las propias comunidades mapuche, las cuales han llamado a la unidad, agitación y resistencia. De manera casi axiomática, la caída de un nuevo mártir trae consigo la agudización de la violencia política por parte de los sectores subalternos.
En segundo término, deberá enfrentar la latente activación de los movimientos sociales, los que ya mostraron cierta capacidad de movilización el pasado jueves con una concentración multitudinaria en Santiago y donde nuevamente apareció la impugnación poética de Raúl Zurita gritando a los cuatro vientos: “Chile, levántate, no dejes que maten a tu gente […]. Que su rostro de 24 años cubra el horizonte”. No está de más señalar que aún se encuentra fresca en la memoria de la opinión pública la fórmula que consolidó la renuncia al Ministerio de Cultura de Mauricio Rojas, “el Breve”.
En tercer término, deberá enfrentar las oposiciones institucionales (en el Parlamento), dispuestas a utilizar todos los mecanismos institucionales (revisión de partida presupuestaria, interpelación, comisión investigadora, etc.) para exigir las responsabilidades políticas del asesinato, además de proponer una salida viable al conflicto, partiendo por un sostenido proceso de desmilitarización.
Junto con ello, la renuncia del intendente de La Araucanía, Luis Mayol, la primera voz oficial del Gobierno tras los acontecimientos, y quien vulneró de manera impúdica y sin sustentación alguna la completa inocencia de Camilo Catrillanca, se torna cada vez más inminente.
¿Por qué el intendente de La Araucanía –la voz oficial del Gobierno para entregar los primeros antecedentes del caso ocurrido el miércoles 14– estableció que el asesinado Camilo Catrillanca “tenía antecedentes por receptación de vehículos robados”, cuestión que posteriormente se descubriría completamente falsa (no registraba antecedentes penales de ningún tipo), ni menos aún había tenido participación alguna en el violento robo que habrían sufrido los profesores de la Escuela, tal como también deslizó?
La misma desfachatez presentaron los parlamentarios oficialistas cuando, el día jueves, se retiraron de la Sala mientras se registraba un minuto de silencio por la muerte de Catrillanca. ¿Dirán ahora, esos mismos parlamentarios que se retiraron de la Sala, que lamentan la muerte del comunero?
Consecutivamente, la apertura del escenario también torna probable la renuncia de la principal autoridad política encargada de la seguridad pública en Chile, el ministro del Interior Andrés Chadwick. Las oposiciones parlamentarias (ex Nueva Mayoría y Frente Amplio) tendrán que evaluar si la interpelación es suficiente para exigir las responsabilidades políticas del asesinato.
La clave de la multiplicidad de sectores políticos que se oponen al modo en que el Estado chileno y sus distintos gobiernos han enfrentado el “dilema mapuche”, está en exigir, no solo la renuncia de los responsables políticos que han posibilitado el horrendo crimen de Camilo Catrillanca, sino también proponer una salida política viable al conflicto, comenzando por la investigación y disolución del Comando Jungla y prosiguiendo en el mediano plazo con la desmilitarización, tanto de Wallmapu como de Carabineros.
Es en estos desafíos donde se juega el futuro de ‘las oposiciones’ al Gobierno de Sebastián Piñera. Por ahora, la resolución del escenario permanece abierta.
