Opinión
Habíamos avanzado demasiado con esto de aprobar las leyes que posibilitan por primera vez en 200 años elegir gobernadores regionales. Y más todavía con esto de tener un “momento electoral territorial” donde se elijan representantes a comunas y regiones SIN vincularlos a la representación parlamentaria. Habíamos llegado demasiado lejos para las preferencias de la elite política conservadora y la tecnocracia que todo lo decide en sus oficinas santiaguinas con aire acondicionado. Faltando menos de un mes para la aprobación de los reglamentos que permitirán organizar las competencias de las regiones y aspectos de traspaso de competencias y financiamiento, surgen dos planteamientos simultáneos para detener el proceso.
El jueves 24 de enero dispara el Consejo Asesor para la Modernización del Estado, que hasta ahora estaba preocupado de la digitalización de certificados públicos, advirtiendo al presidente que a) la reforma descentralizadora atenta contra el carácter unitario de la República (El Mercurio hace de vocero de la carta, pero no señala si esgrimen algún fundamento para tamaño despropósito); b) que no están claras las competencias de los nuevos gobernadores, aunque en vez de llamar a aclararlas señala que ello no es posible hacerlo; c) que las elecciones están “desacopladas” de las parlamentarias y presidenciales y que eso perjudicará a los ciudadanos. Uno se pregunta ¿por qué perjudicará a los ciudadanos dicha elección territorial? Quien sabe. El Consejo Asesor nació a mediados de 2018 y está formado por 13 personas de perfil profesional, ninguno de los cuales vive ni se ha desempeñado en cargos regionales o locales, varios de ellos ligados a grandes conglomerados económicos. La mayoría son de derecha.
La escena se completó este viernes 25 con una puesta en escena pública de los presidentes de partido de Chile Vamos, que se suman al coro del “peligro del caos absoluto” (J. Van Rhyselberge), la “inconveniencia” y todo eso. El senador Moreira, siempre más directo y sencillo agrega un ingrediente: los senadores que se quieren reelegir en 2021 (de las regiones impares) tampoco quieren que se elijan gobernadores en 2020. Nada raro sería que el sábado sean algunos de esos senadores los que se sumen a la operación en aras del “interés nacional”. Hasta ahora el gobierno ha dicho que no hará contrarreforma también en esta materia. Sin embargo la gestión de la SUBDERE, el organismo encargado de elaborar los reglamentos, fue confiada al partido más anti descentralización del espectro nacional, que es la UDI.
Nada ha revelado el subsecretario Salaberry sobre los avances en el proceso que debe culminar en menos de un mes más. Los diálogos que ha sostenido con la Bancada Regionalista han sido deliberadamente lentos y ambiguos, aunque nunca bajo la premisa que ahora hace su aparición, que revierte el modesto avance logrado en la materia. Pero bien podrían los agoreros de siempre utilizar el retraso de la gestión gubernativa para justificar el bloqueo. Mal que mal la elección de gobernadores viene siendo prometida desde el gobierno de Frei Ruiz Tagle, vale decir desde los años noventa, y todavía no se concreta.
La elección de gobernadores cuenta con amplio consenso en el país desde hace al menos 8 años (ver datos del Barómetro Regional de la Universidad de Los Lagos) y la legislación aprobada el año pasado es el primer paso para comenzar a avanzar. Es urgente que la Bancada Regionalista del Congreso, así como la Agrupación de Universidades Regionales , la Asociación de Consejeros Regionales y todas las organizaciones sociales y productivas que llevan años presionando y esperando y que han dotado de contenidos claros a las reformas necesarias (ver por ejemplo el libro Descentralización 2.0) hagan sentir su voz y urjan al gobierno a cumplir su responsabilidad. Vivimos un momento difícil donde una vez más se puede volver a frustrar un anhelo ciudadano.
No se trata de que la ley esté perfecta. Se trata de si hay o no voluntad de resolver los problemas para descentralizar el país o bien utilizarlos para detener los avances con el pretexto de que se legisló mal (esgrimido por los mismos que legislaron). No dejemos que esto último ocurra.
