Latinoamérica no puede ausentarse. Sus diplomáticos podrían convencer a funcionarios venezolanos de llevar a cabo una negociación para la verdad y la reconciliación similar a las de Sudáfrica y Colombia tras décadas de violencia y agitación. «Está la versión purista de que no se puede negociar con criminales», puntualizó Ramsey. «Se puede porque la gente tiene egoísmo y siempre hay intercambio entre la paz y la justicia. La línea de base es que no puede haber amnistía por violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad».
Piense en el destino de Nicolás Maduro, el asediado presidente venezolano a cargo de una economía en picada y un desastre humanitario autoinfligido, que además se enfrenta a un hemisferio que le dio la espalda. Su canciller intervino la semana pasada para defender su causa ante Naciones Unidas y la sala se vació. Entonces, ¿hacia dónde puede ir el autócrata bolivariano?
Desde luego que Maduro no está acabado. Se mantuvo en pie frente al descontento y las protestas en todo el país y manejó el cierre fronterizo del mes pasado con el brío de un déspota. Se requiere un nuevo nivel de soberbia para bailar salsa mientras la Guardia Nacional lanza gas lacrimógeno a manifestantes y dejar que se quemen camiones llenos de comida para compatriotas hambrientos. Semejante supervivencialismo le ha hecho recibir comparaciones con el dictador sirio Bashar al-Assad. Aún así los hombres fuertes también caen, y esa posibilidad acarrea otros problemas, en particular para los países que dejan.
Hasta hace solo unas décadas, el exilio era el plan de pensiones predilecto de los supremos destituidos, que podrían huir de las recriminaciones y los juicios en sus países y jubilarse más o menos sin molestias en el extranjero. Desde la Segunda Guerra Mundial, uno de cada cinco dictadores derrocados escapó a otro país, descubrió en un estudio de 2015 el cientista político Abel Escribà-Folch, de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.
La Argentina autoritaria fue destino principal del circuito para tiranos sin trabajo al recibir a seis de ellos entre 1946 y 2012, solo por detrás de Estados Unidos (11) y la Unión Soviética/Rusia y el Reino Unido (siete cada uno).
Más allá de lo desagradable que fue este fenómeno, exiliar a los dictadores fue a menudo la manera de evitar respuestas violentas o una guerra civil. Incluso países ricos defendieron el exilio como desenlace, garantizando así a los peores tiranos caídos un «paracaídas dorado», como expresó Escribà-Folch. En el medio siglo posterior a la Segunda Guerra Mundial, solo dos hombres fuertes exiliados fueron llevados a su país para enfrentar a la justicia: el exdictador venezolano Marcos Pérez Jiménez en 1963 y el generalísimo boliviano Luis García Meza en 1995.
Derrocado mediante un golpe, el dictador paraguayo Alfredo Stroessner disfrutó del asilo en Brasil, viendo con frecuencia un popular programa de televisión para niños en pijamas. Tan convencido estaba Jean-Claude «Baby Doc» Duvalier de ser inexpugnable que el extirano haitiano abandonó su tranquilo exilio de 25 años en Francia para volver a Puerto Príncipe en 2011. Murió antes de enfrentar juicios por abusos de derechos humanos.
La buena noticia es que a los tiranos se les está cerrando la puerta trasera. El avance de las leyes de derechos humanos y los acuerdos internacionales sobre llevar a los fugitivos a juicio han hecho que los escapes sean cada vez más difíciles. El Estatuto de Roma de 1998 en esencia creó una jurisdicción universal para los crímenes más atroces.
«Desde el Estatuto de Roma, cualquier amnistía otorgada a nivel nacional no aplica internacionalmente», me comentó el profesor visitante la Boston College Law School Juan Carlos Portilla, quien escribe sobre derecho internacional y resolución de conflictos para el Fletcher Forum of World Affairs. «Cuando se trata de crímenes de lesa humanidad, violaciones de derechos humanos o crímenes de guerra ya no hay inmunidad».
El levantamiento de esta cerca judicial, sin duda un enorme avance para la justicia internacional, presenta un dilema para las naciones en conflicto. Considere que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha recibido pocas respuestas a su oferta de perdón para altos oficiales de las Fuerzas Armadas que le den la espalda a Maduro.
Y ni hablar de ofrecer una amnistía como incentivo a Maduro para que dimita, una propuesta que Guaidó mencionó en su visita a Brasil la semana pasada. «Es complicado ofrecer a Maduro exilio o clemencia», señaló Portilla. «La Corte Penal Internacional podría investigar y con el tiempo procesarlo esté o no en el poder. Las amnistías no funcionan en el derecho internacional».
Es un factor complicado para las democracias latinoamericanas, que han abandonado la diplomacia clásica de consentir al prójimo para criticar al régimen de Maduro y respaldar a Guaidó como líder constitucional, pero están obstaculizados en cuanto a lo que viene después.
El Grupo de Lima que representa a 14 países latinoamericanos rechazó sabiamente la intervención militar. «Lanzarse en medio de una crisis es complejo. Estamos a merced de las circunstancias y eso es peligroso», declaró el exdiplomático brasileño Marcos Azambuja, quien asesora al Centro Brasileño de Relaciones Internacionales, en una entrevista.
Los gobiernos regionales -Panamá es la excepción honorable- tampoco han seguido el camino de Washington y aplicado multas o sanciones a funcionarios o compañías venezolanas. Latinoamérica no tiene una tradición de sancionar a los vecinos, según Geoff Ramsey, director asistente para Venezuela de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. «Esto complica las cosas al Grupo de Lima. No son los que fijan la agenda», indicó Oliver Stuenkel, quien es profesor de relaciones internacionales de la Fundación Getulio Vargas en Sao Paulo. «Sudamérica es más que nada un espectador en la crisis venezolana».
Latinoamérica no puede ausentarse. Sus diplomáticos podrían convencer a funcionarios venezolanos de llevar a cabo una negociación para la verdad y la reconciliación similar a las de Sudáfrica y Colombia tras décadas de violencia y agitación. «Está la versión purista de que no se puede negociar con criminales», puntualizó Ramsey. «Se puede porque la gente tiene egoísmo y siempre hay intercambio entre la paz y la justicia. La línea de base es que no puede haber amnistía por violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad».
Eso es lo normal en el derecho internacional actual. También hace que surja la interrogante sobre quiénes dentro del círculo íntimo de Maduro podría aún optar a clemencia y qué se necesitaría para que los altos mandos bolivarianos cedan a acuerdos que tribunales internacionales podrían invalidar. «Las Fuerzas Armadas venezolanas tienen cerca de 2.000 generales. Necesitarán otras garantías», afirmó Cynthia Arnson, directora del Latin American Program del Wilson Center.
No se trata solo de un badén diplomático. «Es una paradoja», explicó Portilla. «Por un lado, los cambios en el derecho internacional so cruciales para llevar a un dictador a la justicia y por otro, es menos probables que descartar una amnistía pacifique un territorio en conflicto».
¿La solución predilecta de Portilla? Olvide la invasión armada, una aventura que requeriría infringir las normas internacionales u obtener el visto bueno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en donde aliados venezolanos como China y Rusia podrían vetar tal medida. En lugar de eso, la manera de hacer que Maduro rinda cuentas sería pedir al máximo tribunal mundial, la Corte Penal Internacional, emita una orden de arresto del mandatario por crímenes contra los derechos humanos, algo que puede hacer sin la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU, y exigir que cumpla en un período de digamos 90 días y se reporte ante La Haya si quiere evitar una detención. «La CPI ya efectúa una investigación preliminar sobre Venezuela, ¿qué le impide hacer procesamientos?», planteó Portilla.
Puede que eso no sea suficiente para que Maduro dimita, pero si desacata una orden directa del mayor tribunal aquello podría aumentar la determinación diplomática e incrementar la presión para el Consejo de Seguridad. «Si Maduro se niega, EE.UU., Colombia, Brasil y otros países podrían pedir al Consejo de Seguridad que ejecute la orden», dijo Portilla. «Sería más difícil que China y Rusia ignoren una orden de arresto porque se trata de una corte. Es el derecho internacional, no una decisión política de invadir».
La misma iniciativa podría también reforzar la posición del tribunal. «Es una oportunidad histórica para que la corte le muestre a sus críticos que no es un elefante blanco que pasa el tiempo procesando dictadores africanos». Puede que Maduro no se vea impresionado, pero al menos es más probable que funcione esto que los tambores de guerra gringos.
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