El sistema de pensiones chileno otorga una gran libertad al empleado que ahorra: puede elegir entre cinco fondos de inversión, desde el más riesgoso (fondo A) hasta el menos (fondo E). El más riesgoso tiene un alto porcentaje de títulos de empresas; el más seguro invierte principalmente en valores del Gobierno. Esta libertad de elección fue promocionada desde el principio. Como lo dijo el Presidente Ricardo Lagos en el lanzamiento en 2002 del sistema de multifondos de las AFP: «Van a poder elegir de acuerdo a su temperamento, su modo de ser: ¿quieren jugar a mayor riesgo o quieren jugar a menor riesgo?”.

¿Esta sacrosanta libre elección del cotizante ha sido positiva? Hay dos razones para dudar de ello.

La primera ya está bien identificada: la dispersión de los fondos, con una transición fluida de uno a otro (4 días de transición), es perjudicial para su rentabilidad. Cuando los mercados se agitan, se producen violentas transferencias de un fondo a otro. Por seguridad, los fondos se ven obligados a mantener fuertes reservas de liquidez, lo que va en detrimento del rendimiento. El fenómeno se ha acentuado con el surgimiento de una profesión más bien parasitaria que empuja a las personas a gestionar su perfil de riesgo en el día a día. Los especialistas lo saben: es inútil y costoso, cuando se comprometen los ahorros a lo largo de treinta años, gestionar el riesgo en el día a día. El Gobierno está considerando extender el período de transición a un mes, lo que es bueno aunque insuficiente.

La segunda razón es más importante y esconde, bajo la noción técnica de aversión al riesgo, un problema de filosofía social. Hay un hecho empírico indiscutible: durante un largo periodo, como es el caso de los ahorros para la jubilación, los fondos más «expuestos» son, con mucho, los más rentables. Sin embargo, no son necesariamente los más «arriesgados» en el sentido de que, durante períodos muy largos, se produce un efecto de seguro automático por el tiempo, que borra los altibajos del mercado.

Sin embargo, la gente, rica o pobre, tiene una visión muy difusa de lo que es el riesgo financiero en un horizonte muy lejano. Los estudios de economía comportamental le señalan repetidamente: la gente mira a corto plazo. Por ejemplo, las personas de bajos ingresos son más reacias a correr riesgos porque tienen menos recursos. Por lo tanto, se concentran masivamente en el fondo E. Pero esta elección, racional a corto plazo, va en contra de sus intereses, ya que pierden el seguro gratuito que el tiempo les da. Los ricos, en cambio, tienen los medios para enfrentar más riesgo. Desde luego, esta elección se revela como la mejor a largo plazo.

Hay una irónica división del trabajo aquí. Los pobres ayudan a financiar el déficit público comprando títulos del Gobierno, dejando espacio para que los ricos inviertan sus ahorros en otros títulos de mayor rendimiento.

La política pública tiene una responsabilidad ética de orientar adecuadamente los flujos de fondos previsionales. ¿No se debería inducir a los cotizantes a tener una sola, o al menos pocas opciones (tal vez tres, ya que los estudios sicológicos demuestran que las personas prefieren la opción central, que podría ser también la opción por defecto)? ¿No debería haber un «nudge» (impulso) que permitiera a todos beneficiarse del seguro aportado por el tiempo, con un reparto del riesgo entre ricos y pobres? Hay incluso argumentos para proponer un solo fondo, a excepción de contar con otro fondo menos arriesgado a medida que se acerque la fecha de la jubilación. La libertad del cotizante es hoy como una comedia de engaños.

La diversidad es bienvenida cuando se trata de un ahorro discrecional tipo APV; pero es problemática cuando se trata del ahorro obligatorio y decisivo para los chilenos.

Se sabe bien que existe un problema similar con la multiplicidad de gestores de fondos, es decir, las siete AFP. La competencia entre ellas es en gran medida ficticia. Por temor a que se les escapen los clientes de las manos, todos se copian entre sí, no solo en su gestión directa, sino también en la elección de los gestores extranjeros que contratan. Es muy racional: las diferencias de rendimiento podrían causar las mismas transferencias de flujos, y así penalizar aún más a la AFP perdedora. Hay un equilibrio que consiste en un «yo también» y que no dista mucho de una colusión. Si la competencia tiene un efecto –la experiencia lo demuestra–, es solo el de generar costos comerciales prohibitivos y altos márgenes.

Por lo tanto, es razonable recomendar que se reduzca el número de fondos ofrecidos o, incluso, que se ofrezca un solo fondo.

En cuanto al número de AFP, ya he argumentado en estas columnas que solo se necesitaba una, bajo la forma de un tipo particular de fondo soberano, en el que los cotizantes siguen siendo los propietarios de sus ahorros.