MERCADOS|OPINIÓN
La felicidad que generó en algunos legisladores la aprobación del retiro de hasta el 10% de los ahorros previsionales y el nivel de la discusión que presenciamos en la Cámara de Diputados, da cuenta del poco conocimiento que hay del funcionamiento del sistema previsional y de los efectos que conlleva dicha medida. El proyecto, en suma, establece que el monto mínimo para retirar será de alrededor de 1 millón de pesos y, en el caso de que los fondos acumulados en la cuenta individual sean inferiores al mínimo, el afiliado podrá retirar la totalidad del saldo ahorrado.
Sin embargo, los montos que se podrán retirar serán bajos para quienes no cotizan regularmente. En efecto, del 52% de los afiliados que no son cotizantes, 8 de cada 10 recibirán menos de $600 mil, por única vez, y 4 de cada 10 de este segmento percibirán virtualmente cero. Es más, si observamos la peor cara del proyecto, hasta 3 millones de personas se quedarían sin ahorros en su AFP.
Por otro lado, la medida es poco solidaria con los actuales jubilados, perjudicándolos a través de un efecto sistémico, ya que el retiro masivo de los ahorros previsionales generará problemas de liquidez y gestión de inversiones, lesionando los fondos de quienes reciben su pensión bajo la modalidad de retiro programado. Esto se produce porque la liquidación de los instrumentos financieros afecta el precio de los activos, cayendo en el mercado, deteriorando así los fondos de pensiones del resto.
Resulta curioso que la izquierda plantee un derecho de propiedad irrestricto, cuando sistemáticamente han levantado un discurso contrario a la libertad y responsabilidad individual. Resulta más curioso aún que apoyen un proyecto que beneficiará, en mayor medida, a los más ricos de este país, en vez de otros focalizados en las clases medias y bajas.
Así es, quienes más poseen ahorros en sus cuentas, son efectivamente quienes han recibido más ingresos a lo largo de su vida laboral y han trabajado formalmente. Al respecto, algunos han propuesto que el Estado pague lo retirado, con el fin de que se repare el daño cometido sobre la pensión. Esto significa que, mientras el fisco apoyará a una familia de ingresos principalmente informales con $100 mil por persona, a un individuo de mayores recursos y que ha tenido más oportunidades en su vida se le financiará con, al menos, 10 veces más, descuidando otras urgencias sociales.
Estas advertencias no son nuevas. De hecho, ningún economista de centroizquierda apoyó la medida. Tampoco lo hicieron los organismos internacionales, los que recomendaron considerarla sí y solo sí no hay más recursos que puedan ayudar a los grupos perjudicados. Y esto no se debe a la corrupción que expresan las teorías conspirativas, sino a que existen instrumentos precisos para tratar los problemas que afectan a nuestro país. Es necesario que como sociedad seamos conscientes de esto, y de que nuestros legisladores se guiaron más por la búsqueda de aplausos que por la prudencia que la crisis exige.
