Opinión
La semana del 6 de julio, el Gobierno ingresó un veto –rechazo– al proyecto de ley aprobado por el Congreso que crea el nuevo Servicio Nacional de Protección para reemplazar al actual Sename. Entre varias razones, se dijo que era porque la entrada en vigencia de este Servicio está condicionada a la aprobación de la Ley de Garantías de la Niñez.
¿Es una buena idea que una ley, como la que reemplaza al Sename, quede amarrada a la aprobación de otra ley, la ley de Garantías de la Niñez? Para responder esta pregunta, es fundamental explicar qué es la ley de garantías.
La ley de Garantías y Protección Integral a la Niñez es una ley que asegura a todos los niños, niñas y adolescentes, sin excepción, el ejercicio y goce de sus derechos consagrados en la Convención de Derechos del Niño, ratificada por Chile en 1990.
Una buena ley de garantías, además de establecer principios generales para las políticas que tengan que ver con los niños, niñas y adolescentes, establece las responsabilidades en la asignación de los recursos financieros y humanos necesarios en todos los servicios del Estado para dar una respuesta efectiva a sus derechos y necesidades.
Pongámoslo en concreto: si Chile tuviera hoy una ley de garantías, se aseguraría por ley un Sistema de Protección que integraría y articularía a todos los organismos que intervienen en la promoción y protección de los derechos de la niñez, superando la gravísima desarticulación de las políticas públicas; habría además una autoridad clara con potestad –desde el Ejecutivo– para dirimir sobre el cumplimiento de políticas, liderando este sistema con una bajada hacia oficinas territoriales con capacidad administrativa. Estas asegurarían, a su vez, la protección de sus derechos, pudiendo detectar precozmente los problemas y asegurando el seguimiento efectivo de los niños, niñas y adolescentes a más largo plazo.
Visto así, uno puede comprender el problema: el nuevo Servicio que reemplaza al Sename podría convertirse rápidamente en un nuevo Sename si no contamos con los principios, las herramientas y el despliegue territorial de una Ley de Garantías que permita proteger integralmente a los niños, niñas y adolescentes. Cambiar solo una institución no protegerá los derechos de todos los niños del país, sino que solo servirá para responder a la urgencia de reformar el fracasado Sename.
En simple, seguiremos poniendo foco en reaccionar, en actuar cuando ya han ocurrido las vulneraciones, seguiremos llegando tarde a las necesidades de la niñez y no contaremos con políticas preventivas, anticipatorias que permitan garantizar una vida digna a los niños y niñas. Seguiremos invirtiendo importantes sumas de dinero en intervenciones reparatorias cuando ya hay daño en las vidas de niños y niñas, y no poniendo los fondos en programas que, como ya ha comprobado la evidencia internacional, nos ahorrarían muchos recursos presentes y futuros.
Pero esta no es una mera opinión. El máximo organismo internacional que vela por los derechos de los niños de la ONU, el Comité de Derechos del Niño, en su informe para Chile del año 2018, establece que el Estado de Chile está violando sistemáticamente los derechos de los niños y niñas en el Sename. Y su primera recomendación es, coherentemente, la urgente adopción de los principios de protección integral de la Convención de Derechos del niño, lo cual se consigue, en sus palabras, “aprobando con urgencia la ley de protección integral de la infancia [ley de garantías], garantizando que esta sea conforme a la Convención”.
El hecho de que Chile, junto con Cuba y Panamá, sean los únicos países que aún no han implementado una norma de garantías de la niñez en toda Latinoamérica, habla mal de nuestro amor y preocupación por los niños. De allí que también la Unicef, el año 2019, en su Informe “La adecuación normativa a la Convención sobre los Derechos del Niño en América Latina,” haya determinado que “la revisión que hemos efectuado [para el caso de Chile] pone de resalto que la falta de una ley de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes no alcanza a ser subsanada por las sucesivas reformas parciales del Código Civil o por algunas leyes especiales sancionadas en los últimos años, pues ninguna de estas reformas tiene la transversalidad y el alcance que reclama la Convención».
En vista de estos argumentos, podemos concluir que, al vetar la ley de garantías, el Estado de Chile se expone a seguir violando los Derechos Humanos de todos los niños, niñas y adolescentes, pues decide no contar con las herramientas para prevenir, proteger y promover sus derechos. De esta manera, el veto del Gobierno puede afectar directamente a la dignidad de nuestra niñez, que hoy está desprovista de una protección integral.
Quienes firmamos esta columna queremos hacer un llamado enfático al Gobierno y a los parlamentarios a que rechacen el veto e insistan en que estas dos leyes se apliquen de manera conjunta. La ley de garantías está en trámite avanzado, y la voluntad gubernamental para generar una ley de garantías conforme a la Convención es lo único que falta. En un contexto tan delicado como el que vivimos hoy, queremos pedirle al Gobierno que le dé certezas a la niñez con un sistema que realmente los mire como sujetos de derechos.
*Esta opinión fue escrita con la colaboración de:
Magdalena Valdés, Directora Ejecutiva Fundación América Solidaria.
José Andrés Murrillo, Director Ejecutivo Fundación para la Confianza.
Harry Grayde Klenner, Director Ejecutivo Fundación World Vision Chile.
Paulo Egenau, Director Social Nacional Fundación Hogar de Cristo.
Nicole Romo, Directora Social Comunidad de Organizaciones Solidarias.
