Opinión
Es más o menos conocido que ante las crisis sociales las respuestas del neoliberalismo no son las respuestas económicas y sociales redistributivas como aconteció con en new deal en los Estado Unidos de América luego del crack de 1929. Allí en la década de los años setenta la solución a la crisis social causada por el fin de los “gloriosos treinta” años de crecimiento (1945-1975), fue la criminalización de los pobres y de quienes pudiesen llegar a serlo, hasta reventar las cárceles de presos (Garland 2005, O´Malley 2006, Simon 2011). Aquí en Chile el sangriento golpe de 1973 y su dictadura militar, lo convirtieron en la “precuela” de la posmodernidad, luego los gobiernos de la Concertación se encargarán de humanizar el modelo y, sobre todo, de profundizarlo.
Ahora, aquí en Chile, luego del estallido social del 18 de octubre del 2019 y de la instalación de la peste en marzo de este año, ante la incapacidad política del Gobierno de controlar esas crisis, estamos asistiendo a un proceso de criminalización de los problemas sociales, en su forma más perversa, que es la narcotización de la realidad, pues esto generaliza el miedo y la demanda por represión de ese delito, ya que el confinamiento ha agudizado los trastornos mentales y, por lo tanto, el consumo de sustancias psicoactivas, sean tabaco o alcohol, psicofármacos o marihuana, pasta base o clorhidrato de cocaína.
El modelo de “control político duro” de la sociedad es el mismo: para controlar la pandemia de coronavirus se restringen los derechos civiles, sociales, económicos y políticos de toda la población; para controlar el narcotráfico se discrimina a los jóvenes y las mujeres como sus principales imputados, también se estigmatiza a barrios completos o regiones enteras –“la droga entra por el norte”–, para controlar a la delincuencia se discrimina a los pobres con los tipos y la gravedad de las penas que se aplica a los delitos que cometen los pobres: hurto y robo, con o sin violencia. No esta de más recordar que, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la victimización de hogares desde el año 2008 ha disminuido consistentemente en un 27%, de 31,9% en ese año, al 23,3% en año 2019 (encuesta ENUSC).
En estos días la narcotización de la realidad ha tenido un arranque curioso, primero aparecieron las noticias y luego los hechos de su referencia, así tenemos que 18 de diciembre de 2020 en BBC News Mundo se hace anunciación noticiosa con el titular: «‘Esto antes era impensable’: la creciente preocupación por el narcotráfico en Chile”, por Antía Castedo. Ese reporte se puede sintetizar en la siguiente afirmación del informe 2020 del Observatorio del Narcotráfico de la Unidad Especializada en Tráfico Ilícito de Estupefacientes de la Fiscalía Nacional, allí citado, que dice: «El fenómeno (de la violencia narco) se ha expandido por todo el territorio nacional, afectando a numerosas poblaciones y asolando espacios públicos que antes no se habían afectado jamás». Luego, el 21 de diciembre, Radio Bío Bío entrega su reportaje “El neonarco que emergió de la pandemia: armas, sicariato y a punto de infiltrar al Estado”, que bien se sintetiza en la siguiente afirmación: “La violencia narco se ha vuelto un fenómeno habitual en los sectores de menos recursos en distintas regiones de Chile, en particular la Metropolitana, seguida por el Norte Grande, Concepción y Valparaíso”. Y, de pronto, el 23 de diciembre estallan las balaceras en las ferias navideñas de Maipú y otros tres hechos similares con tres muertos y 9 heridos. Finalmente, esto termina rematando en el discurso presidencial en contra del Congreso Nacional por no haber aprobado este las reformas penales presentadas por el Gobierno y , además, el día de Navidad propone un nuevo proyecto de ley contra el narcotráfico y el crimen organizado. Como diría el cómico Bombo Fica: “Sospechosa la huevá”.
¿Se trata realmente de un asunto de control de armas?, lo que es necesario; ¿de control del crimen organizado?, lo que también es deseable; o ¿de control del narcotráfico?, lo que todos estarían demandando y que, a no dudarlo, sería “la madre del cordero”.
Un buen ejemplo específico de la narcotización del control social es la pretensión en la propuesta presidencial, ya otras veces aventurada, de emplear el agente revelador para luchar contra el crimen organizado y el terrorismo. Este instrumento para la investigación del narcotráfico está previsto en el artículo 25 de la Ley 20.000 de drogas, que dice: “Agente revelador es el funcionario policial que simula ser comprador o adquirente, para sí o para terceros, de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, con el propósito de lograr la manifestación o incautación de la droga”. En términos concretos la actuación del agente revelador es la inducción al delito, bien ya lo llaman los medios el agente provocador.
La pregunta que debe ser hecha es si se está proponiendo que agentes reveladores induzcan a otros a: ¿robar madera en la Araucanía?, o ¿a quemar camiones y maquinaria en la macrorregión sur?, o ¿a destruir un cuartel policial en Lo Hermida?, como ya ha sido denunciado (“Carabinero infiltrado en Lo Hermida fue descubierto porque protagonizó programa de Canal 13 con su identidad real”. Nicolás Sepúlveda. CIPER. 15.10.2020). Sobre este tema hay una terrible novela de Joseph Conrad, El Agente Secreto, además, tenemos una sabrosa historia local del (ex)agente Lenin Guardia, que enviaba cartas bombas a la embajada de los Estados Unidos para así vender mejor sus servicios contraterroristas.
Se dice que los narcotraficantes han logrado el control social de muchos barrios populares porque allí han podido sustituir la ausencia del Estado en sus funciones asistenciales y de seguridad ciudadana, prestando ayuda a quienes están en dificultades económicas o de salud, controlando a los abusivos y enfrentando al pequeño delito local, pero la principal función social sanitaria de las redes del narcotráfico es proveer de manera ilícita de sustancias psicoactivas para que importantes sectores de la población puedan gestionar su salud mental: les hace posible el automedicarse.
Entonces, tenemos que el primer problema del Gobierno, y también de la oposición, para asumir el asunto del narcotráfico, es su resistencia a comprender que este delito tiene por propósito satisfacer la demanda social de drogas. Lo que hace este delito es satisfacer la demanda por esas sustancias de sus supuestas víctimas, por eso es un “delito sin víctimas”.
El segundo asunto ante el cual el Gobierno, y la oposición, se muestran renuentes a hacerse cargo, es que la demanda de drogas está motivada por la crítica situación de salud mental que está padeciendo gran parte de la población, principalmente por trastornos mentales tales como la ansiedad, la depresión y la angustia, debido al agobio laboral, financiero, académico, etc., la discriminación social, cultural, familiar, de género, etc., que padece la mayor parte de la población en las actuales condiciones económicas y sociales impuestas por las políticas neoliberales , así como por la mala gestión y baja provisión de recursos que las autoridades están ejecutando en el campo específico de la salud mental.
Aquí, en la gestión y control de la provisión y el consumo de drogas, las soluciones que se han mostrado exitosas en Europa, Norteamérica y Oceanía son dos: gestionar el acceso legal y controlado a drogas, como se hace en alcohol y tabaco; asimismo, mejorar para toda la población el acceso a la salud mental, la calidad de sus prestaciones y aumentar los recursos a este sector de la salud.
El tercer asunto que las drogas ponen de presente son los problemas sociales que la pobreza causa entre los sectores de más bajos ingresos, donde el tráfico de drogas se vuelve una estrategia de sobrevivencia para importantes sectores de ellos, en particular de jóvenes, mujeres y adultos mayores. La provisión de drogas es una actividad ilícita que tiene el mérito de asegurar mejores ingresos que otras actividades de comercio al menudeo, servicios personales, trabajos precarios, trabajos por cuenta propia, etc., es una actividad de riesgo con la autoridad pero segura en el entorno social y económico, sobre todo, tiene el mérito moral de ser un delito sin víctimas, por eso no existen denuncias por narcotráfico y microtráfico o estas son residuales.
