Opinión
La crisis sanitaria que comenzó hace más de un año se transformó en una crisis económica caracterizada por menores niveles de ingresos y empleo. En ausencia de políticas públicas efectivas que minimicen los costos sanitarios y económicos de la crisis, las preocupaciones causadas por las deudas, la falta de ahorros y la incertidumbre económica de millones de hogares forzó al Gobierno a la promulgación del proyecto para un tercer retiro previsional.
El actual debilitamiento de los fondos de pensiones afecta gravemente nuestro futuro. Vivimos en un país que en las próximas décadas experimentará un proceso de envejecimiento acelerado de su población. Población que, en su mayoría, ha optado por hacer retiros de sus ahorros previsionales para satisfacer necesidades actuales—o lamentablemente en algunos casos simplemente satisfacer ‘deseos’ actuales—, al costo de sacrificar necesidades futuras.
Se pronostica que, para el año 2050, cada 10 personas entre las edades de 25 y 64 años, habrá 5 mayores de 64 años, es decir, la población de adultos mayores será la mitad de la población de adultos en edad de trabajar. Actualmente, cada 10 personas en edad de trabajar, hay solamente 2. Un porcentaje importante de los futuros mayores no contarán con ahorros suficientes para una pensión digna, ya que los tres retiros equivalen a que los cotizantes pierdan en torno a 6 años de sus ahorros previsionales. Estos retiros, además, exacerbarán las diferencias de género. Mientras los hombres perderán en torno a 5,6 años de cotizaciones, las mujeres perderán 6,3 años.
En el actual contexto, urge comenzar a pensar políticas ‘complementarias’ a los potenciales aumentos de cotizaciones previsionales que nos permitan enfrentar los desafíos que el envejecimiento de nuestra población involucra para las décadas venideras. El envejecimiento de nuestra población implica que tendremos que financiar pensiones con ahorros insuficientes y en un contexto demográfico donde gobierna un sistema de reparto, esto no es una alternativa sostenible, ya que se verá caracterizado por una reducción de la fuerza laboral, un mayor gasto en salud, y una caída en el ahorro, la inversión y el consumo, respecto a lo que sería un país más joven.
Una política en la dirección adecuada es la introducción de incentivos para quienes voluntariamente deseen postergar su jubilación. Además de los beneficios económicos obvios, existe evidencia científica que sugiere que un trabajo voluntario y moderado es beneficioso para el bienestar mental y físico de ciertos adultos mayores, reduciendo de paso sus gastos en salud. Ejemplos son países como Alemania, Italia, Holanda, Inglaterra y Canadá donde han implementado políticas de este tipo con éxito.
Es fundamental complementar el rediseño del sistema de pensiones con una campaña de educación financiera que nos permita ajustar nuestras finanzas a la nueva realidad, la cual está afectando nuestros bolsillos y afectará nuestras pensiones. Esta campaña debería inducir al ahorro a través de herramientas que nos permitan distinguir entre necesidades y deseos, generar presupuestos eficientes y cotizar las mejores alternativas de financiamiento.
Finalmente, otras políticas efectivas para evitar escenarios negativos, son aquellas orientadas a aumentar la innovación y la productividad de una fuerza laboral reducida, que deberá producir para una población mayor de pensionados con ahorros previsionales insuficientes. Con el mismo objetivo, Alemania y Japón han implementado políticas nacionales de innovación y producción en esta línea.
Los próximos gobiernos deben comenzar a mirar ahora e incorporar el problema del envejecimiento de la población en la agenda económica y social antes que sea demasiado tarde. Esta transición demográfica se vuelve particularmente desafiante, debido a los costos asociados a la pandemia y los retiros previsionales, los cuales se harán particularmente evidentes en el largo plazo. Es importante actuar a la brevedad, ya que no podemos seguir viviendo nuestro presente sin preocuparnos de nuestro futuro.
