Opinión
El precandidato presidencial Daniel Jadue ha insistido en la necesidad de instituir una Ley de Medios que, tal como dijo en un debate televisado, «asegure pluralidad y objetividad en la información». Desde el gremio, en general, la propuesta ha recibido arduas críticas. La Asociación Nacional de Televisión (Anatel), sin ir más allá, señaló a través de un comunicado público que «la experiencia demuestra que quienes temen al escrutinio público buscan formas para coartar la libertad de expresión, intervenir la línea editorial y de programación de los medios y afectar el pluralismo». La Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI), en tanto, manifestó que «El régimen concesional del espectro radioeléctrico vigente en Chile fue instaurado y perfeccionado sucesivamente en democracia y responde plenamente a los estándares de legalidad y transparencia de un Estado de Derecho».
Las razones recién esgrimidas para oponerse a una ley de medios –matizadas y profundizadas por varios columnistas– ofrecen una plataforma sólida para contrariar a quienes pretendan erigirse jueces de la libertad de expresión. Existen, sin embargo, razones aún más de fondo para desafiar una institucionalidad como la que el alcalde de Recoleta busca instaurar.
La primera tiene que ver con la censura y la autocensura. Un medio de comunicación que se vea amenazado por las sanciones económicas o sociales que puedan derivar de una eventual ‘falta de objetividad o pluralidad’, tarde o temprano se enfrentará a un dilema que lo hará escoger entre callar para sobrevivir o comunicar y exponerse a morir. Muchos, ante una encrucijada como aquella, y a partir, por cierto, de razones fundadas, optarían por silenciar sus juicios con tal de minimizar el impacto que un incumplimiento de la ley pudiese hacer caer sobre ellos.
La segunda razón está directamente relacionada con la anterior. Y es que no sería posible afirmar que gozamos de libertad si fuese al Estado al que hay que pedirle autorización para emitir tal o cual juicio. La palabra, que muchas veces no es más que la exteriorización de la interioridad misma, se vería sometida al criterio de la autoridad de turno, lo cual terminaría por convertirse en un mecanismo de represión en contra de la conciencia. Un dominio así de íntimo, cabe destacar, tarde o temprano decantaría en frustración. Dicha molestia, de más está decirlo, se podría transformar en una verdadera olla a presión.
Un último argumento para contrariar la institución de una eventual Ley de Medios tiene que ver con la importancia que una vasta libertad de expresión en las sociedades conlleva para el mejor entendimiento de las ideas. John Stuart Mill explicó muy bien este aspecto. Según el filósofo, una opinión equivocada contribuye a un mejor entendimiento de la certeza, ocasionado por la colisión de esta última con el error. Un juicio errado, desde este punto de vista, permitiría incluso pulir el entendimiento que los seres humanos tenemos acerca de los más diversos asuntos.
Al concluir, es menester recordar que la libertad de expresión es una conquista excesivamente reciente. Apenas en los años 90 –sí, hace menos de tres décadas– el Estado chileno tenía la potestad de intervenir contenido literario, musical e incluso cinematográfico si consideraba que constituía un perjuicio para la sociedad. Hoy, afortunadamente, ese tipo de decisiones queda en manos de cada uno. Se trata, en resumidas cuentas, de una conquista que no vale la pena poner en riesgo.
