Opinión
Ha transcurrido más de una semana desde el inicio oficial del trabajo de la Convención Constitucional. Ya son archiconocidas las causas que varios de sus miembros defenderán durante la discusión sobre los contenidos que deben ser incorporados en la próxima carta fundamental que regirá los destinos del país durante los próximos 50 años.
Son una enorme cantidad de temas que, independiente de que si uno los comparte o no, tienen una alta relevancia ciudadana, y están asociados a los pueblos originarios, derechos a la educación y a la salud de calidad, a la vivienda digna, entre otras materias que han alcanzado visibilidad en los medios de comunicación y redes sociales últimamente.
No cabe duda de que este tipo de aspiraciones son legítimas, pero es importante destacar que también existen otras materias que deberían ser igual de prioritarias durante el debate constitucional que está en marcha. Se trata de los adultos mayores, quienes también deberían considerarse como elemento central en la discusión, más allá de la necesidad de brindarles pensiones dignas o asistencia social cuando sufren una situación económica deteriorada.
La importancia de este punto radica en que desde que Chile es parte de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, cuyas normas contemplan, por ejemplo que “los Estados Parte adoptarán medidas para que la persona mayor tenga la oportunidad de participar activa y productivamente en la comunidad, y pueda desarrollar sus capacidades y potencialidades”, agregando que se “crearán y fortalecerán mecanismos de participación e inclusión social de la persona mayor en un ambiente de igualdad que permita erradicar los prejuicios y estereotipos que obstaculicen el pleno disfrute de estos derechos” y que deben continuar gozando “de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa en las esferas económica, social, cultural y política de sus sociedades”.
Estas disposiciones, independiente que el país esté obligado a acatarlas y que una nueva Constitución no debe contener disposiciones que violen los compromisos asumidos en este y en todos los tratados internacionales que Chile ha suscrito, reconoce la contribución que pueden ser los adultos mayores cuando los convencionales inviten a la sociedad civil a entregar su mirada en el proceso de construcción de una nueva carta fundamental.
La experiencia profesional y de vida acumulada durante tantos años por los adultos mayores en distintos ámbitos serán claves en este proceso.
