Opinión
El déficit en materia de integración de datos públicos lo vemos claramente ejemplificado en la permanente crítica que han realizado diversos expertos y académicos al acceso con oportunidad y completitud a datos relativos a la evolución y otras dimensiones de la pandemia por Covid-19. También, en el reclamo de instituciones como la Defensoría de la Niñez por no contar con información específica y oportuna para su labor, lo que les obliga a solicitar -mediante oficio administrativo-, información que ya estaba en poder tanto del Ministerio de Educación (datos del programa Aula Segura 2020) como del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (cifras de los menores que han perdido a uno o ambos padre). Gestiones y diligencias que ralentizan y dificultan su labor.
La digitalización de la información, los avances tecnológicos, el desarrollo de internet y, por supuesto, el incremento del uso de canales digitales derivado de la pandemia por Covid-19, ha producido un aumento importante en el número de bases de datos de muy diversa índole, las cuales son utilizadas cada vez con mayor intensidad para redefinir productos y tomar decisiones sobre la forma de ofrecer servicios o relacionarse con las personas.
En ese contexto, un Estado moderno y transparente que lleva a la práctica los principios del Gobierno Abierto, tiene el potencial mediante una infraestructura integrada de datos públicos, de utilizar dicha información para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Si los datos están disponibles en formatos abiertos y son de fácil acceso, pueden ser usados y reutilizados; si se vinculan entre sí, es posible formar una red integrada, generando decisiones eficientes, pertinentes y oportunas, sobre todo basadas en evidencia.
Lamentablemente, la realidad en nuestro país aún está distante de todo lo descrito. El crecimiento exponencial de la producción de datos públicos no ha ido de la mano con una infraestructura adecuada para disponibilizarlos y utilizarlos. A esto se suma, la inexistencia de un marco regulatorio idóneo en protección de datos personales, clave para el necesario equilibrio entre uso eficiente de los datos y el cuidado de la privacidad de las personas.
El déficit en materia de integración de datos públicos lo vemos claramente ejemplificado en la permanente crítica que han realizado diversos expertos y académicos al acceso con oportunidad y completitud a datos relativos a la evolución y otras dimensiones de la pandemia por Covid-19. También, en el reclamo de instituciones como la Defensoría de la Niñez por no contar con información específica y oportuna para su labor, lo que les obliga a solicitar -mediante oficio administrativo-, información que ya estaba en poder tanto del Ministerio de Educación (datos del programa Aula Segura 2020) como del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (cifras de los menores que han perdido a uno o ambos padre). Gestiones y diligencias que ralentizan y dificultan su labor.
Estos ejemplos son parte de una larga lista de casos en que las acciones no han sido lo eficientes y oportunas que debieran.
Ante estas situaciones, la reciente creación del Comité asesor ministerial de datos de interés público del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y su plataforma Observa, se presenta como una gran oportunidad para avanzar en la interoperabilidad de bases de datos en el sector público. Sin embargo, evidenciamos la ausencia de una mirada institucional, siendo decisión del Poder Legislativo proponerla con premura, a partir no sólo de regulaciones generales sino de componentes específicos que den cuenta de un principio asentado para cada una de las normas donde éste proceda.
