MERCADOS|OPINIÓN
Uno de los Objetivos estratégicos del consejo minero (CM) es impulsar el desarrollo competitivo y sustentable de la minería chilena, contribuyendo al bienestar del país. No podemos negar que la minería ha sido fundamental en el desarrollo de Chile y debiera seguir siéndolo. Cerca del 15% del PIB, el 60% de las exportaciones y el 20% de los ingresos fiscales provienen de esta industria. Además, genera más de 211.000 empleos directos.
La participación del consejo minero en el proceso constituyente es un buen indicio, una buena noticia, donde hay un interés de estar en sintonía con lo que está pasando en nuestro país. El interés en aportar en temas como el medio ambiente, recursos hídricos y especialmente al aporte a las regiones, confirma lo positivo de la aproximación del CM a este proceso constituyente.
El hecho que parte de los tributos pagados por las empresas pueda ir a las regiones donde éstas operan es una gran posibilidad para que las regiones se desarrollen y se logre poco a poco la deseada descentralización.
Las propuestas, en un adelanto de los temas que podrían perjudicar la minería y en general a todas las empresas que trabajan los recursos naturales, se basan en algo que hasta ahora es algo obvio en una economía de mercado, en principios y derechos esenciales. Por ejemplo, el derecho a desarrollar actividades económicas, las que estarán sometidas a la misma legislación, sea que las lleven a cabo los particulares o el Estado, así como también el derecho de propiedad. Por otro lado, confirman que existe una regalía a través del impuesto.
También está la incorporación del concepto de “Desarrollo Sustentable”, el cual es un concepto más amplio. Además de la protección del medio ambiente, incluye también el crecimiento económico y el desarrollo social. Estos tres elementos conviven y requieren abordarse desde una mirada eco-sistémica, donde se favorezcan las sinergias entre ellos, en aras de un desarrollo armonioso y virtuoso
Respecto de los pueblos originarios, en Chile existe una importante normativa legal y reglamentaria en materia de Pueblos Indígenas, con la que el sector minero ciertamente cumple. Desde 1993, Chile cuenta con la Ley 19.253, que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los Pueblos Originarios. Además, el país ratificó en 2008 el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, que entró en vigencia el año siguiente. Este convenio internacional se tradujo en normativas a nivel país.
La minería como agrupación tiene un compromiso, en distintos ejes y en los más importantes relacionados con la actividad, y dado además la importancia que representa como industria para Chile en forma histórica, resulta esencial que sea parte del debate constitucional y consolidarla no sólo como un eje económico, sino también al medio ambiente y al desarrollo de regiones, para que uniendo estos ejes la minería siga siendo esencial para el desarrollo de nuestro país, ahora desde una mirada además comprometida y sustentable con el medio ambiente.
