Opinión
Durante las últimas décadas, ha aumentado el interés por el estudio de la vejez y el envejecimiento y el desarrollo de políticas públicas con foco en personas mayores en Chile y en el mundo. Esto ha sido motivado, entre otros factores, por el aumento en la proporción de esta población en comparación con tramos más jóvenes. Según estimaciones de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, en nuestro país, la población de 60 años y más representaría el 19,3% de la misma, razón que iría en aumento. Coincidentemente, en el mismo período, se ha desarrollado de forma más intensa el debate sobre género, trayendo consigo la aplicación del enfoque de género de forma transversal, al menos en el papel, en diversas políticas públicas y programas. En esta línea, el índice de feminidad, que exhibe la tasa de mujeres por cada 100 hombres en una población, es de 130,5 para la población mayor de 60 años en Chile.
Una característica de la feminización de la vejez en Chile es que, estadísticamente, las mujeres viven más años que los hombres, pero en condiciones económicas más precarias. Una de las razones por las cuales es importante profundizar al respecto es que la seguridad económica, además de permitir a las personas mayores satisfacer sus necesidades, propicia su autonomía en la toma de decisiones.
De acuerdo a los datos presentados por la Superintendencia de Pensiones, el Sistema de Capitalización Individual actual (sistema de AFP), entrega a mujeres pensiones autofinanciadas que ni siquiera alcanzan al valor de la línea de la pobreza: en junio de 2020, la mitad de las mujeres pensionadas en aquel sistema percibió una pensión menor a $142.334, mientras que la línea de pobreza por persona, para el mismo periodo, se valorizó en $170.253.
Existen, por otro lado, alrededor de 300 mil mujeres mayores de 65 años que recibieron una Pensión Básica Solidaria de Vejez, un beneficio estatal focalizado, orientado a aquellas personas que pertenecen al 60% más vulnerable de la población y que no tienen ningún otro tipo de pensión. El monto de aquella pensión varía entre $160 mil y $170 mil, dependiendo de la edad. Este beneficio fue creado en la única reforma previsional que se ha llevado a cabo en nuestro país, en el año 2008. En aquellos tiempos fue ampliamente elogiada, principalmente por brindar apoyo económico a mujeres que no contaban con ningún ingreso en su vejez. Habiendo transcurrido más de una década desde aquella reforma, los beneficios son insuficientes.
Diversos sectores políticos han comprendido la importancia y urgencia de subsanar esta realidad, pero sus proyectos distan enormemente en cuanto al método para lograrlo. El proyecto de ley de reforma al sistema de pensiones que se está discutiendo actualmente en el Congreso mantiene la lógica de ahorro individual, vinculado al trabajo remunerado formal. La propuesta, entre otros componentes, añade bonificaciones de financiamiento estatal diferenciadas por sexo, exigiendo cierto número de años cotizados para conseguirlas.
Esta lógica replica uno de los problemas más típicos de la incorporación del enfoque de género en políticas públicas: situar al género (o sexo, en este caso particular) como una variable sociodemográfica, ignorando el componente político y analítico del concepto. Emplear al género como una perspectiva supone, por un lado, que se puedan visibilizar y entender las desigualdades sociales y, por otro, la formulación de propuestas que apunten a la equidad.
A nivel cultural en Chile, durante la última década, se ha observado un menor apego a los roles de género tradicionales. Sin embargo, los cambios en las prácticas cotidianas han sido menos marcados y se han dado, principalmente, entre las mujeres. De esta manera, recae en ellas una mayor carga de trabajo no remunerado asociado a las tareas del hogar y de cuidado. Esta diferencia en la carga se mantiene en el grupo etario de personas mayores de 60 años.
En otra arista, las actuales mujeres mayores tienen menos años de escolaridad que los hombres, factor que limitó sus oportunidades de incorporación al mundo del trabajo remunerado y, aquellas que sí lo lograron, en general, recibieron menores ingresos que los hombres y se desempeñaron en puestos de menor reconocimiento, muchas veces como una reproducción en escala de su labor doméstica y de cuidado. La menor inserción en el mundo del trabajo –remunerado– y los puestos de trabajo peor pagados, conforman una tormenta perfecta si son los factores que condicionan el acceso a una pensión de vejez. Pero es importante considerar que la lógica del sistema de pensiones chileno actual es solo una de las tantas formas de abordar la necesidad de seguridad económica al llegar a la vejez.
Actualmente, no hay garantía de que las generaciones jóvenes tengan la disponibilidad de cuidar a sus familiares envejecidos, razón por la cual se hace aún más evidente que la seguridad económica se torna necesaria para la prolongación de la autonomía de las personas mayores y, especialmente, de las mujeres mayores.
Considerando que el país se encuentra en un momento histórico donde temas importantes y urgentes, como la seguridad social, pueden repensarse y replantearse, considero que debieran primar propuestas que apunten a enmendar situaciones de desigualdad, discriminación y exclusión a las que se han visto sometidas las mujeres mayores producto de la inequidad de género presente a lo largo de todos sus ciclos de vida.
Así, las pensiones, y la seguridad social en su conjunto, debieran dejar atrás la lógica del autofinanciamiento y focalización en el componente estatal, y avanzar hacia un sistema solidario (intra e intergeneracional) y universal en cuanto a su cobertura, sin condicionantes. De esta manera, solo cuando las mujeres mayores alcancen su autonomía económica podrán avanzar en su autonomía en la toma de decisiones y su plena participación en la sociedad.
