Opinión
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Los servicios municipales son la forma de interacción más cotidiana e inmediata entre la ciudadanía y el Estado. El universo de servicios municipales es muy amplio, incluyendo la recolección de residuos sólidos domiciliarios, mantención de alumbrado público, entrega de licencias de conducir, mantención de áreas verdes y recreativas, entre muchos (muchos) otros. Lamentablemente, la calidad de estos servicios puede variar sustantivamente entre comunas, lo que –sin necesidad de un juicio fundado– representa una expresión de inequidad social.
Un conjunto de razones para estas diferencias se encuentran en el actual sistema de ingresos municipales (DL N° 3.063 sobre Rentas Municipales). Tanto la base impositiva como las tasas de impuestos, permisos, patentes y derechos, entre otras fuentes, se definen a nivel nacional sin considerar la capacidad de generar ingresos y los niveles de gastos que cada comuna necesita. Así, por ley, cada municipio cuenta con un determinado nivel de ingresos en función de los cuales debe decidir qué hacer y cómo gastar. Como consecuencia, se genera un escenario no deseable, donde las personas están expuestas a niveles diferenciados de servicios públicos, dependiendo de su lugar de residencia o trabajo, por el único mérito de las características socioeconómicas del territorio que habitan.
Conceptualmente, es evidente que exista una heterogeneidad de ingresos y gastos entre municipios, ya que los servicios demandados por cada comunidad varían según el territorio. No es lo mismo la mantención de áreas recreativas en zonas rurales respecto a zonas urbanas, o bien la provisión de servicios de protección social en lugares donde existen distintos niveles de pobreza. Sin embargo, a la fecha, no existen esfuerzos sistemáticos para estimar cuál es el nivel de heterogeneidad necesaria, y en qué se podría fundar dichas diferencias.
Cualquiera sea el caso, si esta heterogeneidad se traduce en presupuestos comunales por habitante que difieren en cinco o seis veces de magnitud entre comunas que no están más allá de un radio de 30 kilómetros –como ocurre con Vitacura y Las Condes respecto de Puente Alto y La Granja, en la Región Metropolitana–, entonces estamos directamente frente a un sistema que genera y perpetúa ciudadanos de distinta clase.
Es imperativo modernizar el sistema de ingresos municipales, abordando al menos tres tareas perentorias:
Definir estándares mínimos comunes de servicios municipales, diferenciados entre comunas y territorios urbanos y rurales.
Definir una mecánica de generación y ecualización de ingresos que permita satisfacer los estándares de desempeño deseables en la provisión de servicios municipales a las personas, independiente de su ubicación en el territorio.
Dotar a los municipios de la capacidad de allegar recursos desde otras fuentes como impuestos locales (turismo, impuestos verdes, redefinición del sistema de cobro de patentes, servicios urbanos y otros).
Adicionalmente, es urgente crear un Fondo de Servicios Municipales, complemento del actual Fondo Común Municipal, constituido a partir de mejoras de eficiencia del gasto, de reasignaciones por ajustes estructurales –como la desmunicipalización de la educación– y otras fuentes de financiamiento. Todo ello, sumado a una estrategia para cerrar brechas de desempeño de servicio, donde las prestaciones a las personas tengan un estándar de diseño y operación equitativo respecto de su ubicación en el país, lo que nos permitirá imaginar un futuro municipal más justo.
