Opinión
En recuperar la política en su nexo con la sociedad se juega no solo el éxito del Gobierno –en el contexto actual de riesgo de involucionar–, también se juega la posibilidad de mantener los derechos hasta ahora conquistados. Las condiciones limitantes no han variado significativamente, la derecha ha metido a un Parlamento ya fragmentado en una lógica política de freno deliberado a las reformas propuestas por el Ejecutivo; la energía de la sociedad civil, por su parte, se agota como la de cualquier organismo vivo; y en lo que respecta a las dos alianzas de gobierno, no han sido capaces todavía de consolidarse para darle consistencia a la gestión política de toda la diversidad reunida en el gabinete.
El fondo de los profundos reacomodos de fuerzas políticas que está tomando lugar en las dos alianzas de gobierno, así como en la derecha alrededor de Republicanos, los entendemos como parte de la grave crisis política y social que vivimos desde la revuelta social de octubre de 2019 –sin solución hasta ahora– y el encomiable esfuerzo de sectores conservadores por seguir negando sus causas, a la vez que buscando todo tipo de reaseguros para mantener el statu quo inalterable e, incluso, retrotraerlo a épocas hace mucho superadas por la humanidad y parcialmente superadas por el país.
Podrá haber, desde luego, acomodos circunstanciales, como ha sido, por ejemplo, el proceso unitario declarado por el Frente Amplio y detenido bruscamente a raíz del “affaire” Democracia Viva. Ya sea por razones estrictamente electorales o ya sea por la construcción de un proyecto político de largo alcance, necesario y urgente y sustentado también en valores éticos, el tema de la unidad volverá a reaparecer con fuerza.
Entendemos, estos realineamientos, necesarios y útiles. Aunque, a veces, lo que se supone reacomodo de fuerzas políticas que buscan dar respuesta a hechos de la realidad y presuponen, por tanto, algún tipo de reflexión, se ve empañado por lamentables y penosas actuaciones de corte individualista, cuando no corruptas.
Sabemos, por otra parte, que tras el plebiscito de salida del 4S de 2022 y ahora último con la elección de consejeros constitucionales del 7M a favor de la ultraderecha representada por el Partido Republicano, el eje de la unidad en ese sector ha venido girando en torno a los republicanos y a su defensa cerrada de la dictadura militar y su legado.
Con éxito en ese afán, ha podido seducir rápidamente a la UDI. Sin embargo, el costo primero de esa hegemonía la está pagando la reforma de pensiones, a estas alturas, y después de más de 10 años de tramitación parlamentaria, una verdadera burla para Chile entero.
Así y todo, el sentido de la ofensiva de los republicanos en alianza con Chile Vamos al interior del Consejo Constitucional, por su parte, es simple y clara: se proponen elevar a rango constitucional materias tan sensibles como lo son los derechos de los trabajadores a negociar salarios y condiciones laborales dignas y decentes; de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo; el derecho de los pueblos originarios a ser reconocidos; el derecho de las distintas visiones de país a estar representadas en el Congreso Nacional, derecho amenazado por la simple reducción del número de escaños propuesto, además de suprimir la iniciativa popular para derogar leyes, el control preventivo del Tribunal Constitucional y el suprapoder que ese sector pretende otorgarle al poder militar con el solo propósito de independizar a estos institutos del poder civil, entre otros retrocesos.
Planteadas así las cosas, lo que esas propuestas están consiguiendo es pavimentar el camino para el despliegue del rechazo.
Ello, porque cada uno de estos derechos que se busca taponear en su expresión futura o directamente eliminar y suprimir y que, por contraparte, relevan –al decir de Nietzsche– el rol de los “pocos superiores”, o sea, las elites, responden a procesos y luchas populares extraordinariamente concretos y de larga data en el curso de estos 50 años. Cuando se abren paso los sectores del retroceso, tenga usted, estimado lector, la más absoluta certeza de que retroceso habrá. Y a cualquier precio.
No por el peligro latente a involucionar, sin embargo, la respuesta para impedir que dichas visiones se consoliden y transformen en forma de gobierno, sea lineal y automática. Pero tampoco son definitorias. El proceso político por los cambios democráticos que abrieron las protestas de 2019 sigue siendo un campo de disputa política e ideológica. Esa disputa está presente en menor medida en el Consejo Constitucional, en el que la derecha dura hace contorsiones por la prensa para mostrar un espíritu de diálogo que, a la luz de los hechos y la aplanadora que están pasando, no alcanza a ser disimulado.
Pero mucho más claramente aún, esa disputa se observa en el resignificado que este sector pretende darle al golpe de Estado de 1973, que terminó con la democracia, arrasó con la institucionalidad, destruyó el tejido social de la nación y abrió una herida lacerante en materia de violaciones a los derechos humanos que sigue presente hasta nuestros días.
La salida constructiva a la crisis, más que en tropezones ajenos, pasa, en consecuencia, por la capacidad de rearticulación y conducción política del campo democrático, progresista y de izquierda en Chile. Ese proceso lo vemos alrededor de los derechos sociales más sentidos por la población, el ensanchamiento de la democracia mediante la instauración del Estado social y democrático de derecho, en cuyo centro la defensa de los derechos humanos como principio fundante de las relaciones sociales le otorgue un nuevo significado y revitalice nuestra convivencia.
Ello significa, en primer lugar, superar la idea aquella, a veces declarada y a veces camuflada con retórica, que el hacer política es para quienes ya estamos convencidos, que la política es básicamente entre partidos y/o bloques de partidos y que, como consecuencia de esas sesudas deliberaciones, en algún momento serán asumidas por sectores sociales determinados.
Si bien en algún momento ello ha sido parcialmente así, y sin duda en los espacios militantes, hoy más reducidos que ayer, en la era digital y las redes sociales, la robótica y la inteligencia artificial, sumado esto al descrédito de la política y de las instituciones, seguir apegado a esa concepción reduccionista de la política solo deparará nuevos sinsabores.
Por eso, en recuperar la política en su nexo con la sociedad se juega no solo el éxito del Gobierno –en el contexto actual de riesgo de involucionar–, también se juega la posibilidad de mantener los derechos hasta ahora conquistados. Las condiciones limitantes no han variado significativamente, la derecha ha metido a un Parlamento ya fragmentado en una lógica política de freno deliberado a las reformas propuestas por el Ejecutivo; la energía de la sociedad civil, por su parte, se agota como la de cualquier organismo vivo; y en lo que respecta a las dos alianzas de gobierno, no han sido capaces todavía de consolidarse para darle consistencia a la gestión política de toda la diversidad reunida en el gabinete.
Los personalismos, por su parte, al margen de cualquier lógica política, solo contaminan más el ambiente. Lo que es obviamente bien aprovechado por la ultraderecha.
Por otro lado, y para terminar, conflictos de poder, que solo incumben a los interesados, son elementos que poco o nada ayudan a vincular la política con la ciudadanía. Si existe una lección categórica del ejercicio del poder político en el pasado reciente, esta es que la autorreferencia en política se vuelve un freno cuando su único propósito es el ejercicio del poder a secas.
Este es un riesgo latente, que puede, incluso, llegar a ser un elemento paralizante de la gestión del Gobierno, y una traba para avanzar en unidad en torno a un proyecto país que permita superar la crisis.
