Opinión
Pablo Ovalle Isasmendi/AgenciaUno
Es posible que esta situación derive próximamente en una crisis de recursos públicos que obligue al Estado a replantearse los términos de la gratuidad como se concibe hoy en día, lo cual será un problema político de magnitud, más allá de las consideraciones técnicas que considera.
El sector Educación vuelve a ser una prioridad del Gobierno en materia presupuestaria, expresado esto en que su aumento para el 2024 es –en términos absolutos y relativos– un 3,5% mayor al de 2022. En este marco, la propuesta del Ministerio de Educación para Educación Superior es una partida muy importante, que considera un incremento de un 9,1%, siendo la línea de mayor avance total, situación idéntica a la de 2022, año en el cual su crecimiento real fue de 10,2% (respecto del 2021). Esta cifra equivale al 1,1% del Producto Interno Bruto (PIB).
Sabemos que todo presupuesto inicial experimenta modificaciones en su tramitación en el Parlamento, de allí que el análisis de la propuesta del Ejecutivo expresa más fielmente la intencionalidad que este le asigna a la Educación Superior, entendiendo que todo presupuesto tiene elementos de continuidad derivados de las leyes permanentes, por lo que no es una propuesta que se escribe en una hoja en blanco.
En los recursos asignados al Ministerio de Educación, los de Educación Superior sumarían el 20,2% del total para el 2024, siendo la segunda línea en importancia, tras subvenciones escolares (54%). Su avance se debe al aumento de 14,9% en gratuidad y becas de acceso, representando el 68,5% del gasto en la línea.
Desde el año 2015, esta línea presupuestaria se ha incrementado significativamente por la política de gratuidad, en tanto se han integrado más planteles a esta modalidad de financiamiento, tras cumplir los requisitos para su acceso. Ello explica que desde su implantación ha crecido a tasas muy elevadas y, posiblemente, lo siga haciendo en el futuro, considerando que aún estamos cubriendo el remanente del 60% de estudiantes con menores recursos y no se han cumplido a la fecha los requisitos de crecimiento del PIB para avanzar al tramo siguiente (del 70% de cobertura).
En razón de ello, es posible que esta situación derive próximamente en una crisis de recursos públicos que obligue al Estado a replantearse los términos de la gratuidad como se concibe hoy en día, lo cual será un problema político de magnitud, más allá de las consideraciones técnicas que considera. Entonces, este incremento en el año 2024 del 9,1% de la partida de Educación Superior es un monto muy alto, cuyo incremento en el tiempo se ve difícil que pueda continuar a esa tasa a partir de recursos frescos derivados del crecimiento del país, por lo que su avance implicaría –con alta probabilidad– una potencial amenaza para otras líneas programáticas del Ministerio de Educación, tensionando fuertemente al sector.
Consistentemente, en Educación Superior el principal incremento es en gratuidad y becas de acceso (14,9%). No obstante, los aportes basales y concursables para instituciones de educación superior disminuyen en 2,6%, destacando el aumento del 12,8% en el Aporte Fiscal Directo (AFD) para universidades estatales y del 2,5% en el aporte basal por desempeño para Universidades del G9 (privadas históricas del CRUCH), evidenciando una iniciativa del Gobierno en este aspecto que beneficia principalmente a sus universidades.
La reducción presupuestaria mayor es en los aportes para CFT Estatales (-35,7%), materia extraordinariamente crítica para la política pública, dado que la matrícula en este segmento es dominantemente privada. Este menor apoyo financiero a la Educación Técnico Profesional Superior implícito en esta medida es factor, pues se suma a la reducción presupuestaria propuesta también para la Enseñanza Técnico Profesional de Nivel Medio (escolar), la cual desde hace años viene declinando en su matrícula, y la empleabilidad de sus graduados –omitida la pandemia– muestra signos erráticos que hacen necesario repensar estos aspectos
Si bien contablemente los pagos del CAE van en otros ítems del Presupuesto, la amortización de la deuda interna –CAE– en el 2024 se incrementa en un 53,5%, es decir, seguimos tributando como país a una política de financiamiento poco feliz, que por una parte permitió la expansión del sistema (siendo útil para las instituciones) y, por otra, profundizó en gran parte la crisis social de quienes usaron esos recursos con impactos financieros negativos muy altos para el Estado, que finalmente derivaron en la actual política de Gratuidad.
Ciertamente, el análisis más profundo de las políticas requiere revisar una serie temporal mayor, pero dado que nuestra política –por lo general– se juega en algo menos de cuatro años por la duración de los gobiernos nacionales y subnacionales, el presente análisis abre algunas interrogantes que es importante atender respecto de lo que no dice el Presupuesto 2024.
