Opinión
BBC
En un contexto de policrisis y de candidatos cuestionados, si las elecciones fueran hoy, es muy probable que Trump se impondría por alrededor de seis puntos por sobre un presidente Biden que lucha por no perder más votantes y recuperar los perdidos (el voto de los latinos).
En medio de una sociedad completamente dividida, atosigada por los problemas del primer y tercer mundo, de una democracia interpelada, e incluso en medio de un federalismo que empieza a hacer tambalear las bases de la misma unión, un excelente reportaje de la cadena France24 titulaba certeramente, en miras a las elecciones del 2024 y la disyuntiva del expresidente: “Donald Trump: ¿entre la cárcel y la Casa Blanca?”.
En un contexto de policrisis y de candidatos cuestionados, si las elecciones fueran hoy, es muy probable que Trump se impondría por alrededor de seis puntos por sobre un presidente Biden que lucha por no perder más votantes y recuperar los perdidos (el voto de los latinos). De acuerdo con un reciente sondeo del Wall Street Journal, Trump supera a Biden por 4 puntos (47% a 43%), considerando que ambos fueran candidatos únicos, mientras que, si se añaden otras cinco posibles cartas presidenciales, la ventaja ascendería a seis puntos.
En la misma dirección, las encuestas realizadas para The New York Times y Siena College, indican que Biden está entre 3 y 10 puntos detrás de Trump en Nevada, Georgia, Arizona, Michigan y Pensilvania, y solo ligeramente por delante en Wisconsin. Si tomamos Georgia, por ejemplo, un estado en que Biden ganó por un margen muy estrecho en 2020, los votantes registrados dicen que prefieren a Trump (49%) sobre Biden (44%), o en Michigan, donde Biden ganó por un margen más amplio, Trump tiene un 50% de apoyo frente al 40% del actual presidente, con un 10% que dice que no apoyaría a ninguno.
En general, un porcentaje importante de ciudadanos estima que Trump manejaría de mejor manera la economía, la inflación, el crimen, la seguridad fronteriza y la guerra entre Israel y Hamas, mientras que de Biden destacan su postura sobre el aborto y su tono conciliador en política. La mayoría de los votantes de Georgia y Michigan, por ejemplo, dice que Biden (81 años) no tiene los atributos que buscan en un presidente, en referencia a posiciones políticas y económicas (entre los mayores de 65 años la pobreza ha aumentado un 14%), cuestionan su capacidad para entender los problemas de la gente y ponen en duda su agudeza y resistencia. La guerra entre Israel y Hamas, por otra parte, ha divido a los demócratas, mientras que el conflicto de Ucrania ha puesto una barrera con los republicanos.
Sin embargo, en estos comicios no solo está en juego la percepción pública y el posterior voto. También está la llamada judicialización de la política, donde la justicia empieza a tener un papel fundamental en el resultado de los procesos políticos y como factor de propaganda. En marzo de 2023, Trump se convirtió en el primer exmandatario en ser acusado penalmente: acumula 91 cargos y cuatro imputaciones penales, dos de ellas a escala federal, lo que le podría valer hasta 717 años de prisión. Ya tiene una condena civil por abuso sexual y difamación a la escritora y periodista E. Jean Carroll y ha sido hallado culpable de fraude económico en el marco de su emporio empresarial.
Sin embargo, todas las imputaciones que enfrenta Trump no han tenido el mismo devenir. Varios procesos están parados. Por ejemplo, en el caso en Georgia, donde está acusado –junto a otras 18 personas– por la ley que persigue al crimen organizado, la magistrada paralizó la instrucción del caso hasta que se resuelva un tema de fondo: ¿es Trump inmune o puede ser inhabilitado por insurrección por su rol en el asalto al Capitolio? En todo caso, ya hay un fallo del Tribunal Federal de Washington sobre lo mismo, el cual decidió que Rudy Giuliani, exalcalde Nueva York y abogado de Trump, debe pagar más de US$ 148 millones en daños y perjuicios a dos extrabajadoras electorales de Georgia a las que difamó, acusándolas de ayudar a manipular las elecciones de 2020 en contra de Trump.
Otros casos, como el pago de US$ 130.000 desde su campaña a la actriz porno “Stormy Daniels” para que ella guardara silencio de su relación (catalogado como un juicio por falsificación de registros comerciales) empezará en marzo, mientras que el “affaire Mar-a-Lago” con 37 cargos federales en contra de Trump y dos asesores, al hallarse en su residencia 11 mil documentos clasificados y/o secretos sacados de la Casa Blanca, se inicia recién el 20 de mayo.
Pero también están aquellos procesos donde sí hay veredicto. Así, por ejemplo, en un fallo sin precedentes y apelando a la Enmienda 14 de la Constitución, que prohíbe a personas que han participado en una insurrección ocupar un cargo de elección popular, el Tribunal Supremo de Colorado declaró este diciembre a Trump inelegible para la Casa Blanca por su rol en el asalto al Capitolio (06/01/2021).
Además, lo sacaron de la papeleta de las primarias del estado, lo que llevara sin duda el caso a la Corte Suprema para decidir si puede ser nominado y permanecer en carrera: de esta instancia, seis de nueve de sus integrantes son considerados conservadores. En todo caso, y a pesar de que Trump perdió Colorado por 13 puntos en 2020, no necesita este estado para ganar. El peligro para él está en que más tribunales y agencias electorales sigan el ejemplo de Colorado: ya se han presentado decenas de demandas en todo el país por grupos liberales para descalificarlo en virtud de la Enmienda 14, Sección 3, la que se diseñó para impedir que antiguos confederados volvieran al gobierno tras la guerra civil. La sección prohíbe el acceso al cargo a cualquier persona que juró “apoyar” la Constitución y luego “participó en insurrección o rebelión” contra ella.
La sentencia de Colorado, sin embargo, contrasta con la del Tribunal Supremo de Minnesota, que decidió que los partidos pueden incluir a quien quieran en su papeleta, desestimando la interpretación de la Sección 3. En otro caso, un juez de Michigan dictaminó que el Congreso, y no el Poder Judicial, debe decidir. Por su parte, los abogados de Trump alegan que la Sección 3 es para funcionarios y él no lo es, además en ella no se nombra la figura presidencial; que el expresidente hizo uso de su derecho a la libertad de expresión y no había llamado a la violencia; que este acto había sido más un disturbio que una insurrección; incluso un juez de minoría en el fallo de Colorado escribió: “Incluso si estamos convencidos de que un candidato cometió actos horribles en el pasado (me atrevería a decir que participó en una insurrección), debe haber un debido proceso antes de que podamos declarar a ese individuo inhabilitado para ocupar un cargo público”.
Ad portas de un momento clave (las primarias), un debate jurídico busca responder una cuestión esencial: ¿puede Trump ser inhabilitado? “Son cosas abiertas legalmente a las que nunca nos hemos enfrentado… Si (a Trump) se le prohíbe presentarse en California, por ejemplo, ¿quién va a obstaculizar que Texas decida que también Joe Biden es culpable de insurrección por la manera de ejercer su oficio?”, se pregunta Samuel Issacharoff, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Nueva York. Pero, por el momento, nada impide a Trump presentarse a los comicios electorales, incluso estando encausado por la vía penal y, si logra retrasarla, se agrega la inmunidad presidencial. Tampoco lo detendría una eventual condena y ni siquiera la cárcel sería un obstáculo para sus aspiraciones de volver a gobernar EE.UU. Para presentarse a las elecciones, la Constitución estadounidense solo habla de tres condiciones básicas: haber nacido allí, haber vivido un mínimo de 14 años en territorio nacional y tener al menos 35 años, y Trump cumple todos los requisitos.
La Cámara de Representantes de mayoría republicana, por otro lado, contraatacó la imagen de Biden votando a favor de abrir formalmente una investigación para su destitución. Los líderes republicanos han acusado a Biden y a su familia de beneficiarse personalmente de su cargo mientras era vicepresidente de Barack Obama, aunque no se han presentado pruebas, ya que en las 40 mil páginas revisadas de registros bancarios y otros no hay indicios de sobornos o corrupción. Solo se pueden apreciar algunos temas éticos.
El futuro cercano de Trump pasa, entonces, por un fragmento constitucional creado tras la guerra civil. Sin embargo y aludiendo a una “caza de brujas” y a una “persecución política”, el magnate ha hecho de su confrontación con la Justicia la columna vertebral de su campaña, estrategia que le está funcionando. La ecuación de propaganda es sencilla: imputación y comparecencia en los juzgados = movilización y polarización de su base incentivada por el relato de la conspiración desde la Casa Blanca/Departamento de Justicia, donaciones millonarias más ganancias con el merchandising, y posicionamiento como favorito en los sondeos.
Colorado celebrará sus primarias presidenciales en marzo, en el conocido “Supermartes”, una fecha clave en la que se votará en 16 estados y que puede definir la contienda. Trump busca ganar tiempo y, si gana, una vez sea electo presidente y asuma, simplemente terminará con todos los procesos legales.
Como lo plantea Issacharoff, “asumimos que esta era una democracia estable y que una votación determina quién va a ganar y quién va a perder. Pero Trump cambió todo eso”. Hoy el debate esta emporcado y judicializado, y no solo está en peligro el sentido de la unión, su democracia y sus valores fundacionales (ya hay prohibición de libros en algunos condados conservadores), sino que es un peligro que se extiende fuera de las fronteras al ser la principal potencia mundial y un parámetro de lo políticamente aceptable/imitable en oposición a lo discrecional, autoritario, excluyente e intimidante.
