¿Fue un éxito la agenda laboral del Gobierno de Boric?

Desde el inicio de su mandato, el Presidente Gabriel Boric ha proclamado que su Gobierno ha logrado establecer una agenda laboral ambiciosa y transformadora. La designación de Jeannette Jara como ministra del Trabajo –quien ahora se postula como candidata presidencial del Partido Comunista– se presenta como un símbolo del supuesto éxito en esta área. Sin embargo, detrás del optimismo gubernamental, es crucial cuestionar si realmente se han alcanzado los objetivos propuestos o si, por el contrario, se han dejado importantes vacíos que afectan a la clase trabajadora.

En esta columna revisaremos críticamente los tres proyectos más destacados de la actual administración: la reducción de la jornada laboral a 40 horas, el aumento del salario mínimo y la reforma de pensiones, todos liderados por el Ministerio del Trabajo.

Uno de los proyectos más relevantes ha sido la implementación de la ley de reducción de la jornada laboral a 40 horas. Aunque a primera vista se percibe como un avance significativo hacia una mejor calidad de vida para las trabajadoras y los trabajadores, un examen más detenido revela que se trata de una reforma incompleta y, en muchos aspectos, regresiva.

Es importante señalar que esta ley tiene una cobertura parcial. Según las estimaciones de Fundación SOL, solo un 42% de las personas ocupadas se verá afectada directamente por la política de reducción de jornada y, hasta la fecha de redacción de esta columna, no se ha proporcionado información sobre la inclusión de las trabajadoras y los trabajadores del Estado en este modelo.

La ley introduce disposiciones que fomentan la flexibilización de las relaciones laborales, otorgando un poder inédito a la patronal en el control de las jornadas y tiempos de trabajo. Tal como señaló en su momento Irene Rojas, destacada profesora en derecho del trabajo, este solo hecho constituye una victoria centenaria para la clase capitalista: es el término de la jornada de trabajo semanal fija. 

Uno de los aspectos más preocupantes de la ley de reducción horaria es que los trabajadores podrán “acordar” con sus empleadores la reducción de jornada para alcanzar las 40 horas promediadas en cuatro semanas. Sin embargo, este “acuerdo” presenta un problema estructural: se privilegia la negociación individual, que resulta desfavorable para los colectivos de trabajadores(as). Aunque se permite la negociación sindical, esta se desarrolla bajo condiciones adversas.

La demanda por la reducción de la jornada laboral –impulsada históricamente por la clase trabajadora– es legítima, pero es alarmante que esta conquista tenga que venir acompañada de flexibilidad, incertidumbre y mayor control patronal. Cuando se piensa en las 40 horas, el análisis preciso es referirse a esta nueva “regulación” como la ley de 40 horas y “más flexibilidad laboral”. No hay que olvidar nunca esto último. Pero al Gobierno estos aspectos parecen no importarle mucho, tanto así que celebraron con baile incluido. 

La segunda reforma a destacar es el aumento del salario mínimo a 500 mil pesos brutos, otro pilar de la agenda laboral que merece un análisis crítico. En julio del año 2024, este salario comenzó a regir y hoy, tras el reajuste del IPC, es de 510.636 pesos (siempre brutos), pero es importante examinar su poder de compra: este salario apenas alcanza para cubrir el pago de leyes sociales, una canasta básica de alimentos de 2.000 calorías diarias para una persona que llega a casi 70 mil pesos al mes, es decir, $2.333 por día, para todas las comidas; un viaje diario ida y vuelta en transporte público, al lugar donde se vende la fuerza de trabajo; y un arriendo básico –una pieza, si pensamos en Santiago–.

Este incremento, presentado como un avance “histórico”, ha llegado tarde y se encuentra desfasado con respecto al costo de vida actual, lo que plantea serias dudas sobre su capacidad para transformar las condiciones económicas de la población.

En los últimos cinco años con datos disponibles sobre ingresos laborales, el salario real ha aumentado apenas un 1,9%, mientras que el Producto Interno Bruto (PIB) creció un 7,6%. Esta desconexión entre el crecimiento económico y la mejora en los salarios es alarmante. La evolución de los salarios durante este tiempo es “desalentadora” y revela un problema estructural de los bajos salarios en Chile, donde el poder adquisitivo de la población creció apenas $15.000, a pesar del aumento del PIB real. La pregunta que siempre hacemos es ¿quién crece cuando Chile crece?

Finalmente, la reforma de pensiones, que prometía ser un cambio radical en el sistema previsional chileno, ha resultado ser una continuación del modelo privatizado que ha dominado en las últimas décadas. Esta reforma fortalece el sistema de cuentas individuales, un modelo que se encuentra presente en pocos países del mundo. Al establecer un aumento en la cotización administrada por las AFP, que pasará en el mediano plazo del 10% al 14,5% y eventualmente al 16%, se consolida el poder de estas administradoras, que seguirán siendo las principales beneficiarias del sistema.

Este enfoque perpetúa un modelo que ha demostrado ser ineficaz, por ejemplo, las personas que se pensionaron en 2023 y cotizaron entre 35 y 40 años, es decir, casi toda una vida laboral, reciben pensiones que representan menos de un tercio de su salario previo (tasa de reemplazo del 32,6%).

Atención con lo anterior, lo que decimos, y que es lo que muestran los datos oficiales, es que, aun considerando la prueba más exigente, “el haber cotizado toda la vida laboral prácticamente sin lagunas previsionales”, este sistema es un fracaso en términos de producir pensiones suficientes, que es un principio básico de la seguridad social. 

La reforma no aborda las profundas desigualdades que enfrenta el sistema de pensiones chileno. En lugar de crear un sistema que garantice una jubilación digna a todas y todos los trabajadores, el Estado asume un rol subsidiario a través de la Pensión Garantizada Universal (PGU) y otros subsidios, que en última instancia ocultan los defectos del modelo de cuentas individuales.

¿Sabía usted que, de cada 100 pesos que se pagan en pensiones, 88 los paga el Estado en términos de gasto previsional en su conjunto? Así de absurdo es el sistema y este Gobierno profundiza esta lógica. Con este enfoque, el Gobierno parece rendir pleitesía a la derecha empresarial, priorizando los intereses del capital.

La reforma previsional ha venido a  ensanchar la cañería por donde fluye el dinero que todos los meses la clase trabajadora disponibiliza a los grandes grupos económicos, para que estos se financien a bajo costo y “maximicen” sus ganancias, fortaleciendo sus lógicas de acumulación. No es de extrañar que el propio José Piñera, quien fuera el arquitecto del sistema en tiempos de la dictadura, haya celebrado feliz esta reforma: “Larga vida al sistema de capitalización individual” fue su frase. 

Una verdadera transformación precisaba establecer un sistema de reparto moderno, que ofrezca real seguridad social y que se base en la solidaridad intergeneracional. Esto no es una utopía, existía una propuesta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras NO+AFP que, de hecho, varios congresistas, incluido el propio Presidente de la República, abrazaron en su momento –posiblemente seducidos por los votos–, pero a la que luego le dieron la espalda.

Esa propuesta estaba técnicamente argumentada, y ni el Gobierno ni los centros de estudios defensores del “modelo” pudieron desmentirla, solo dejaron de hablar de ella, hicieron como que no existiera. 

La actual reforma de pensiones ofrece una solución a corto plazo para algunas personas jubiladas, pero hipotecar el sistema a largo plazo es un riesgo que se ha profundizado con la aprobación de esta ley.

En conclusión, la agenda laboral del Gobierno de Gabriel Boric, a pesar de sus proclamaciones de cambio y progreso, se ha visto limitada por una falta de ambición para implementar reformas estructurales que realmente transformen las condiciones de vida de la clase trabajadora. Las medidas adoptadas, que en teoría podrían ser un avance, han resultado ser insuficientes y, en algunos casos, contraproducentes, perpetuando un modelo que prioriza los intereses de la derecha empresarial sobre el bienestar de la ciudadanía.

En todas las reformas, la clase trabajadora tendrá un desafío en los próximos años. En las 40 horas: contestar la institucionalización de la flexibilidad. En el salario mínimo: avanzar, esta vez de forma real, a tener un pago que sea suficiente para una vida digna. En las pensiones: hacerse cargo de la crisis que solo se “pateó” un par de años y que solamente beneficia a un grupo. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿fue un éxito la agenda laboral del Gobierno de Boric? Nos parece que no.