Avanzar con valentía: por qué respaldar el acuerdo de la Comisión para la Paz y Entendimiento

La entrega del informe de la Comisión para la Paz y Entendimiento marca un momento crucial en la larga búsqueda de soluciones al conflicto histórico que afecta a La Araucanía y al sur de Chile. Después de casi dos años de trabajo, siete de los ocho integrantes de la Comisión respaldaron un documento que propone medidas concretas y posibles para avanzar hacia la paz, el reconocimiento y el desarrollo con justicia.

Algunos críticos han desestimado el informe porque no alcanzó la unanimidad que los propios comisionados habían proyectado. Pero esa crítica desconoce una verdad esencial: el consenso absoluto es un ideal que rara vez se alcanza en sociedades democráticas y diversas. Lo importante es el amplio acuerdo logrado y el paso concreto que representa.

Desde nuestra región debemos asumir una posición clara: respaldar las iniciativas nacidas de procesos transversales y de diálogo, como este informe. Siempre habrá sectores que, legítimamente o con fines electorales, optarán por no apoyar o dilatar soluciones. Pero la pregunta es simple: ¿cuál es la alternativa? ¿Existe hoy otro camino diseñado y viable? La respuesta es no.

Este trabajo no partió de cero. Recoge el aprendizaje acumulado por décadas: el trabajo de la Comisión Verdad y Nuevo Trato (2003-2008), múltiples mesas de diálogo, y los esfuerzos de gobiernos de distinto signo político. La demanda de tierras, uno de los temas centrales, tiene larga data. Desde 1994, la Conadi ha adquirido más de 300 mil hectáreas, pero el ritmo actual y los obstáculos burocráticos hacen inviable satisfacer las demandas en tiempos razonables. La Comisión propuso, por primera vez en muchos años, un camino claro y medible para avanzar en esa materia.

El informe propone 22 puntos clave, incluyendo la restitución y regularización de tierras, el reconocimiento político y cultural del pueblo mapuche, la justicia y reparación para todas las víctimas y la creación de una nueva institucionalidad que garantice el desarrollo con pertinencia territorial. Todo ello bajo el principio fundamental de respetar los derechos de todos los habitantes, incluyendo quienes no comparten el enfoque de restitución.

Algunos sostendrán que, si no es perfecto, no sirve. Pero el “perfecto” suele ser enemigo del “bueno”. Si esperáramos soluciones que no generen críticas o que agraden a todos, estaríamos condenados a la inmovilidad. Y la inacción también tiene costos: perpetuar la injusticia, mantener el conflicto abierto y alimentar la desconfianza en las instituciones.

Incluso el disenso de uno de los comisionados –el representante agrícola Sebastián Naveillán– debe verse como una oportunidad. Nos recuerda que siempre habrá sectores que requerirán atención especial para garantizar que sus derechos fundamentales no sean atropellados. En un Estado de Derecho, avanzar por mayoría nunca debe significar ignorar a la minoría. Ese equilibrio es lo que otorga legitimidad a las decisiones públicas.

También es valioso reconocer el gesto de la senadora Carmen Gloria Aravena, quien pese a su militancia original en el Partido Republicano, votó a favor del informe y renunció a su partido denunciando presiones políticas. Su actitud refleja que este acuerdo no es solo un pacto de ideas, sino también de principios.

No se trata de construir un país perfecto, sino uno donde las reglas sean claras, la justicia sea accesible y las minorías encuentren resguardo. Solo así podremos ofrecer certezas, rechazar toda forma de violencia y generar desarrollo y bienestar para todas las familias que compartimos este territorio.

Avanzar requiere valentía. Y nuestra región debe estar a la altura de ese desafío.