Macrozona Sur después de la comisión

El trabajo realizado por los comisionados que participaron de la Comisión para la Paz y Entendimiento es claramente positivo, pero queda la duda, después de ver el informe, sobre si el tema de la entrega o restitución de tierras a chilenos de origen mapuche va a tener un efecto sobre la actividad de los movimientos insurgentes o terroristas que habitan en lo que se conoce como la Macrozona Sur, los que en días recientes han vuelto a recordar su existencia a través de algunos violentos atentados, acciones que incluso han generado fuertes reacciones por parte del embajador de China, al verse afectadas inversiones de empresas estatales de ese país.

Digo “queda la duda” al ver las reacciones iniciales de algunos, que indican que la entrega de tierras y otras formas de compensación a chilenos de origen mapuche sería la solución a todos los problemas que experimentan en esa parte del país, incluyendo la violencia insurgente. Quizás es lo que muchos quieren escuchar, pero es algo que los que seguimos lo que ocurre en esa parte de Chile ponemos en duda, porque no necesariamente una cosa lleva a la otra.

Si alguien me dice que por algo cercano a US$ 5 mil millones, más otras medidas asociadas, solucionamos el problema fundamental de los chilenos de origen mapuche, los pongo de inmediato, y con ello existiría un problema menos en Chile, un problema que nos viene enredando hace varios años, y ello nos permitiría concentrar los esfuerzos en la delincuencia e inseguridad que nos afectan.

Independientemente de lo que opinen y reclamen republicanos y nacional libertarios, en clave electoral, en esa parte de Chile sí hay un problema relacionado con la sensación histórica de despojo y desatención, el que si se soluciona con unos cuantos miles de millones de dólares, es una solución “barata” al problema, pero me temo que ello, a pesar de la opinión en positivo del senador Huenchumilla y de buena parte de los comisionados, es una sobresimplificación del tema.

La región se ve enfrentada desde hace varios años a la existencia de grupos insurgentes que emplean distintas formas de violencia, variando desde lo que se conoce como “violencia rural” hasta terrorismo, que ejecutan con el fin de ser los soberanos en los territorios que operan, buscando desterrar al Estado de Chile y, más importante aún, la existencia del Estado de Derecho.

No veo que las restituciones de tierras y otras interesantes formas de compensación les vayan a quitar las ganas y fuerzas a los que quieren ser independientes, que no respetan ni a los suyos, que asesinan carabineros, destruyen campos, maquinarias y equipamiento, operaciones forestales y, ahora, la construcción de centrales, como fue Rucalhue, caso que coloca en duda las inversiones que privados y extranjeros podrían realizar en una zona que está necesitada de inversión y de fuentes de trabajo.

Si el presidente de la comisión y los comisionados que la integran logran transformar el acuerdo en uno de paz que incluya a los insurgentes, con mayor razón pago feliz los montos que se comenta que cuesta el acuerdo, pero me temo que no veo con mucha claridad que los insurgentes, que ya profitan de la existencia de negocios ilícitos en los territorios que manejan, se vayan a sumar con tanta facilidad. Es cosa de escuchar las últimas declaraciones de Héctor Llaitul.

Este Gobierno se suma a los que lo antecedieron en tratar de buscar soluciones al problema mapuche, y hacen pensar a todo Chile que aquí viene la solución, pero al igual que todos los esfuerzos anteriores, son buenos pero incompletos y hasta cierto punto irreales, ya que no vienen con financiamiento adjunto y, más importante aún, la comisión no se hace cargo del problema de la violencia y destrucción que generan los insurgentes, o del hecho de que hay mapuches, como el lonco que dice ser el jefe de Temucuicui, que desconocen la autoridad del Estado de Chile, o que exista un Estado de Derecho que se deba respetar.

Ya sea porque el encargo no fue tal, o porque no lo pudieron abordar, la comisión no se hace cargo de recomendar formas para controlar, neutralizar o eliminar a los insurgentes o terroristas, y parece aceptar la existencia de un Estado de Excepción Constitucional que baja la intensidad de la violencia, pero no la elimina de fondo.

En resumen, por ahora todo indica que vamos a quedar igual, contentos por un rato con el informe, quizás buscando las formas de implementar las recomendaciones –que, por cierto, muchas de ellas deben pasar por el Congreso y ser financiadas–, avanzando en la dirección correcta, pero muy al debe en lo que a violencia e inseguridad en la zona se refiere, la que de seguro pueda requerir de otro tipo de soluciones.

En resumen, bien por los comisionados, pero al debe en lo que a seguridad se refiere. Lo que lograron no fue algo fácil, pero ahora queda la parte más compleja: buscar la paz.