Pobres, desocupados e informales

En Chile los datos más oficiales sobre el problema de la pobreza son los de la Encuesta Casen de 2022, según los cuales había en ese entonces un 6.5 % de personas que clasificaban como pobres por ingresos. Se trataba de aquellos que viven con un ingreso unipersonal mensual menor a 144.566 pesos, que correspondía el valor de una canasta básica de alimentos y servicios más esenciales.

Así definidos, los pobres sumaban en el año indicado 1.292.521 personas. Los que ganasen 150.000 pesos o 200.000 pesos mensuales no se clasificaban, por lo tanto, como pobres, aun cuando el sentido común indique que con esos ingresos mensuales era y sigue siendo difícil acceder a una canasta básica de alimentos. 

Los desocupados son una categoría diferente, aunque se puede sospechar que la mayoría de los pobres están desocupados. Pero si no han buscado trabajo en el período de la encuesta, podrán ser pobres, pero no son desocupados, pues pasan a estar fuera de la fuerza de trabajo. En el primer trimestre de 2024, según el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, los desocupados eran el 8.7 % de la fuerza de trabajo, y correspondían a 939 mil personas.  

Los informales son aquellas personas que están trabajando –no son por lo tanto desocupados– pero no están inscritos en ningún sistema de seguridad social, ni de seguro de cesantía, y tampoco figuran como agentes económicos que tributan. Según la misma fuente anterior, los informales constituyen el 25.8 % de la fuerza de trabajo, es decir, 2.420.633 personas. Aproximadamente uno de cada cuatro chilenos trabaja, por lo tanto, en el sector informal, ya sea por cuenta propia, o con patrón, el cual a su vez puede ser privado e incluso estatal.  

Pobres, desocupados e informales constituyen los sectores sociales del país que están más desprotegidos y que tienen mayor inestabilidad y menores ingresos, y que incluso se ven reprimidos cuando buscan actividades que les permitan ganarse la vida. No son, en su conjunto, expresión de minorías, sino de millones de compatriotas que se ubican en una u otra de estas categorías.  

A todo lo anterior se agrega que el Índice de Desarrollo Humano, elaborado y publicitado recientemente por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en su versión 2025 –aun cuando trabaja con datos referidos al año 2023– llega a la conclusión de que Chile es el país que exhibe el mayor grado de desigualdad de ingresos en el contexto de América Latina. 

Ese alto grado de desigualdad en materia de ingresos –o lo que es lo mismo, el alto grado de concentración del ingreso y de la riqueza– lleva inescapablemente a un grado alto de concentración del poder político y económico en el seno de nuestra sociedad, y a la generación de políticas, instituciones e incluso sistemas de ideas, que permiten reproducir y eternizar ese tipo de desigualdades.

Los desiguales en materia de ingresos devienen en desiguales en educación, en acceso a la salud, en el acceso a una vivienda digna, en previsión social y en el goce de todos los productos culturales de la sociedad contemporánea. Los desiguales generan hijos que están condenados a ser parte de por vida de esa desigualdad. Usando una frase del informe de Naciones Unidas, “la desigualdad tiene su origen incluso antes de que la gente nazca”.  

El mercado, actuando por sí solo, no es capaz de asimilar en forma sustantiva a este inmenso sector de la fuerza de trabajo. Condenados a su propia suerte –y a la suerte que el mercado les depare–, esos sectores sociales carecen de horizontes y de esperanzas. 

Hay sectores en el país que tienen la obligación –por su historia y por las ideas que profesan– de hacerse cargo de los problemas de los más desposeídos y despertar en esos sectores la percepción de que es posible cambiar la realidad. Eso hay que hacerlo antes, durante y después de las campañas electorales.