¿Quién representa a los informales y desempleados?

En el último tiempo, el Congreso ha aprobado leyes laborales –aumento del salario mínimo, reducción de la jornada laboral, aumento de la cotización en pensiones– que buscan incrementar los beneficios de quienes gozan de un empleo formal, pero que tienen la contrapartida de encarecer la contratación e impedir que más personas puedan acceder a un trabajo con contrato y seguridad social. Y el número de personas excluidas de los beneficios del mercado laboral formal es grande. Veamos.

La tasa de desempleo está en un 8,7%, muy por encima del 7,2% que había previo a la pandemia. Es una cifra que representa a 895.672 personas que están buscando trabajo sin éxito. Y respecto al universo de personas con empleo, 2.420.031 corresponden a trabajadores informales. Según una encuesta realizada por la Universidad Diego Portales, un 81% de los informales declaró que preferiría tener un trabajo con contrato en que el empleador le pague las cotizaciones sociales. Es decir, para 1.950.060 personas, la mayoría de los trabajadores informales, la informalidad no es una situación voluntaria. Más bien está asociada a la falta de oportunidades para acceder a un empleo con contrato y seguridad social.

Juntando ambos grupos, obtenemos que en Chile hay 2.847.732 personas que están buscando trabajo sin éxito, o que no les queda otra que contentarse con un empleo informal, sin los beneficios del Código del Trabajo ni seguridad social.

¿Qué medidas estamos impulsando para facilitar la creación de empleos formales y permitir que más personas puedan acceder a este tipo de trabajo? Es la gran pregunta ausente en el debate público.

De hecho, la semana pasada la CUT comunicó su aspiración de aumentar el salario mínimo a $1 millón para el 2029, un aumento de 12% por año, muy por encima del crecimiento de nuestra economía que está en torno al 2%, lo que seguiría encareciendo la contratación. Lamentablemente los desempleados y los informales no tienen un sindicato que los represente y pueda impulsar propuestas hacia el otro sentido.

Una política que han implementado países de la OECD para impulsar la creación de puestos formales es la “flexiguridad”. Esta consiste en una regulación laboral que facilita la contratación y el despido, pero con una ayuda monetaria que acompaña a los trabajadores en las transiciones de empleo y que incluye medidas eficientes en la capacitación y reinserción laboral para acortar el periodo de cesantía. 

Chile tiene mucho espacio para avanzar en esto. Somos el país de la OECD que exige los mayores montos de indemnización al despedir a un trabajador. Dado que las empresas se anticipan a estos eventuales costos, si despedir es caro, contratar también lo es. De hecho, desde el 2008, la tendencia general de los países de la OECD ha sido reducir los costos de despido para potenciar la contratación formal.

Por otra parte, el Servicio Nacional de Capacitación de Empleo (Sence), ha recibido fuertes críticas por el mal uso de los recursos públicos y poca efectividad de sus políticas de capacitación y reinserción laboral.

¿Cómo podemos avanzar para crear más empleos formales y acortar los periodos de cesantía? Primero, para las nuevas contrataciones, reducir los montos de la indemnización por despido, pero que el trabajador tenga derecho a recibirla tanto si es despedido como si renuncia. Esto le da más libertad para buscar oportunidades de trabajo más acordes con sus habilidades y preferencias, y a la empresa más flexibilidad para ajustarse a los cambios en el mercado. 

Y segundo, hacer una profunda reforma al Sence, para que los recursos públicos invertidos en capacitación sean efectivos. Se han realizado varias propuestas de reforma, pero todas han quedado dormidas en el Congreso.

Es tiempo de desafiar la actual inercia de aprobar medidas que encarecen la contratación y comenzar a poner en el debate público medidas que fomenten la creación de empleos de calidad.