La ideología detrás del caso Fundaciones

En los últimos meses, la Justicia en Chile ha realizado una labor formidable persiguiendo el abuso de poder. El Tribunal Constitucional declaró la cesación en el cargo de la senadora socialista Isabel Allende, el Ministerio Público interceptó las comunicaciones de asesores del Segundo Piso y directores de organizaciones de la sociedad civil afines al Gobierno en el marco del caso Fundaciones y, recientemente, se decretó el arresto domiciliario y el arraigo nacional de la expresidenta del partido Revolución Democrática por presunto fraude al fisco.

Estos hechos, que involucran a las figuras más importantes del oficialismo, no son aislados, sino que responden a una ideología cuya comprensión del Estado es contraria a la imparcialidad en las decisiones y la ejecución de sus recursos.

En efecto, tanto en el marxismo clásico como en el socialismo populista principalmente, el Estado es un instrumento al servicio de la clase o grupo dominante. Desde esta lógica, la toma del poder estatal no es para administrarlo imparcialmente, sino para ponerlo al servicio del “proletariado”, el “pueblo” o los “oprimidos” –dependiendo de la izquierda–, siendo sus dirigentes quienes supuestamente encarnarían esos intereses. Se trata de una concepción del Estado que se puede observar en todos los partidos de izquierda, con más o menos intensidad, según sus grados de moderación.

Luego, es desde esos supuestos que deriva como consecuencia lógica la difusión de recursos hacia fundaciones cercanas, la nominación de dirigentes en cargos públicos que exceden la exclusiva confianza del Ejecutivo y la confusión deliberada entre la labor de Gobierno y las funciones permanentes del Estado. Todo para, desde su perspectiva, corregir injusticias estructurales y, en caso de perder el Gobierno, sustentar a la dirigencia siendo oposición.

Esta forma de entender el rol del Estado colisiona directamente con la noción liberal del mismo. En efecto, el proyecto liberal postula la necesidad de trazar límites entre esferas de la sociedad que antes estaban unidas en un todo orgánico, para así asegurar el despliegue de la libertad individual entre ellas. Esto se observa en las clásicas divisiones entre Iglesia y Estado, entre lo público y lo privado y entre el poder político y la libertad de conciencia.

En este “arte de la separación” orientado a la libertad también se inscribe la división de poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la autonomía de instituciones claves para la democracia, así como también la evolución de una Justicia inquisitiva a una adversarial. Todo ello, con el fin de resguardar la libertad de los individuos que conforman la sociedad, prevenir la arbitrariedad y establecer garantías en caso de que se produzcan abusos entre personas o desde el Estado hacia la ciudadanía.

En este sentido, han sido la autonomía del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Contraloría, como también la libertad de prensa, las que han permitido no solo dar cuenta, sino también castigar los abusos que estaban cometiendo figuras del oficialismo. Sin embargo, estos procesos también han revelado la necesidad de perfeccionar la separación entre la política gubernamental de la estatal, siendo la primera aquella que es contingente y responde a los intereses del Gobierno, y la segunda aquella que es permanente y obedece a las funciones ineludibles del Estado.

Dicho de otra manera, la separación entre el criterio estatal permanente, objetivo, neutro y racional, de los intereses gubernamentales que no siempre obedecen a esos principios, todavía no ha sido lograda, constituyendo uno de los desafíos y parte del proyecto que el liberalismo debe asumir como propio.

Al respecto, tal como ha quedado de manifiesto en el caso Fundaciones y otros escándalos de corrupción, todavía existe una amplia discrecionalidad en las transferencias de recursos desde el sector público al privado, tanto por parte del Gobierno Central como por parte de los gobiernos regionales y municipios. La ejecución de recursos públicos por parte de privados no es en sí misma negativa, sino que es connatural al Estado subsidiario. El problema se produce cuando la asignación de esos recursos no se hace por criterios asociados al interés general, sino al particular de los que están celebrando el contrato respectivo.

En orden a reducir la discrecionalidad entre el Estado y los privados, el Gobierno convocó a una Comisión Asesora Ministerial, que en agosto 2023 emitió un informe con 46 propuestas. No obstante, medidas importantes, que aumentan el control del Consejo Regional sobre las iniciativas o proyectos previo a su ejecución en el caso de los gobiernos regionales, o que fortalecen al concejo comunal en la misma línea, no muestran mayores señales de avance en el Congreso.

Por lo tanto, el desafío de perfeccionar la relación entre el Estado y los privados sigue pendiente. No se trata de solo establecer mayores controles, sino de prevenir que el aparato público sea abusado con fines partidistas, para de esta manera garantizar la igualdad ante la ley. Del mismo modo, establecer una mejor separación entre los criterios estatales de los gubernamentales es una condición necesaria para mejorar la calidad y oportunidad de los servicios, así como también recuperar la confianza en nuestras instituciones.

En esta dimensión, el proyecto liberal tiene la oportunidad y el deber de ser radical, ya que estos hechos no solo debilitan la credibilidad en quienes gobiernan, sino en la democracia misma, que es el pilar de la resolución pacífica de los problemas que aquejan a nuestra sociedad.