“Chile Posible”: una propuesta que merece ser atendida

En tiempos de fragmentación institucional y desconfianza ciudadana, la propuesta “Chile Posible”, presentada por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), ofrece una hoja de ruta concreta para abordar uno de los desafíos más profundos que enfrenta el país: el déficit habitacional y la desigualdad en infraestructura urbana y rural.

Este documento contiene 60 medidas y un plan de obras prioritarias para el período 2026–2030, organizadas en torno a seis ejes: vivienda, barrios, ciudades, infraestructura, modernización del Estado y crecimiento económico. Su objetivo es ambicioso: recuperar el acceso a la vivienda, reducir brechas territoriales y dinamizar la economía mediante inversión público-privada. Se trata de una propuesta seria, estructurada y orientada a convertirse en base del debate presidencial que se avecina.

En ese sentido, es una buena propuesta que debe ser atendida. No solo por su realismo técnico, sino porque reconoce que ningún gobierno podrá resolver el déficit habitacional sin un trabajo colaborativo entre el Estado, el mundo privado, la sociedad civil y los actores políticos. Se necesita un gran consenso nacional, capaz de sostener políticas de largo plazo y dar estabilidad a las soluciones. Este no es un problema de un sector: es una tarea de país.

Uno de los aciertos del documento es que devuelve al centro el sueño de la vivienda digna. Sin embargo, ese sueño debe ir acompañado de un principio esencial: el acceso a la vivienda adecuada debe ser reconocido como una prestación mínima, garantizada por el Estado. El mercado cumple un rol, pero el deber de asegurar condiciones básicas para vivir con dignidad es irrenunciable. No se trata solo de construir más casas, sino de construir justicia territorial.

Ahora bien, si hay un punto donde esta propuesta requiere mayor desarrollo, es en su tratamiento de la ruralidad. La Araucanía y muchas otras regiones no pueden abordarse con una lógica urbana uniforme. La falta de caminos, conectividad digital, agua potable y alcantarillado en zonas rurales sigue siendo una deuda inaceptable. Es imprescindible que las empresas sanitarias estén obligadas a extender cobertura a zonas de expansión urbana, que hoy carecen de servicios básicos, impidiendo soluciones habitacionales formales.

Además, es urgente agilizar y actualizar los planes reguladores. Muchos municipios operan con instrumentos obsoletos, incapaces de dar respuesta al crecimiento ni de ordenar la expansión urbana. Su modificación es lenta y engorrosa, lo que termina empujando a miles de familias a soluciones informales o fuera de norma.

“Chile Posible” no es una propuesta perfecta, pero es una base valiosa para el diálogo. Y si se complementa con una mirada más territorial, más inclusiva y con compromiso real con la ruralidad, puede ser el inicio de un camino serio hacia un país más equitativo, más conectado y más justo.

Lo que está en juego no es solo cuántas viviendas se construyen, sino dónde, cómo y para quiénes. Construir el Chile posible es mucho más que una consigna: es una responsabilidad compartida que no puede seguir esperando.