La educación pública se construye colectivamente

La Nueva Educación Pública comienza a mostrar avances concretos. Los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) están elevando la calidad del servicio educativo, han consolidado espacios de gobernanza territorial, fortalecen la asistencia escolar y mantienen canales de diálogo abiertos con sus comunidades.

También hemos enfrentado desafíos. Las dificultades en el pago de sueldos en tres de los 24 SLEP actualmente en funcionamiento se están abordando con responsabilidad. Ya se encuentra en marcha un nuevo sistema de gestión financiera y administrativa, que permitirá una mayor eficiencia y trazabilidad en el uso de los recursos públicos. Son pasos concretos hacia una solución estructural, que responde a las complejidades propias de este proceso de transformación.

Sabemos que aún hay tareas pendientes. Pero también tenemos la convicción de que el camino no está en retroceder ni en acelerar traspasos sin antes asegurar las condiciones necesarias para una transición ordenada y cuidadosa. Lo esencial es no perder de vista el objetivo que nos convoca: mejorar la calidad de la educación pública para todas y todos.

El fortalecimiento del sistema también ha requerido la construcción de alianzas amplias y estratégicas. Se han impulsado múltiples convenios con instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil.

En educación parvularia, por ejemplo, estamos próximos a concretar un acuerdo interinstitucional con la Fundación Educacional CMPC, que garantizará la continuidad de sus programas de primera infancia en los territorios donde ya operan y que están próximos al traspaso. Con Sumar Saberes, de la Fundación Chile, hemos establecido una alianza para identificar, evaluar y escalar programas exitosos que han demostrado resultados.

Además, se ha realizado la evaluación de la Estrategia Nacional de Educación Pública en colaboración con el Centro de Estudios, Políticas y Prácticas de la Universidad Católica y UNICEF, institución con la que también estamos trabajando en el ámbito de la participación, fortaleciendo los Consejos Locales de Educación, gestionando la oferta educativa y protegiendo las trayectorias de los estudiantes.

En el ámbito de la formación técnico-profesional, se han suscrito convenios con Duoc UC y Fundación Chile Dual para promover la formación docente, la alternancia y las prácticas profesionales con pertinencia territorial. Asimismo, las colaboraciones con Fundación Reimagina, la red Efecto Colectivo, Fundación Angelini, Fundación Educacional Arauco y la Universidad Diego Portales están fortaleciendo el liderazgo directivo en los SLEP en proceso de instalación.

Lo mismo ocurre con el Ministerio de Ciencia y el Ministerio de Energía para fortalecer la educación técnico-profesional en ámbitos de innovación, como el hidrógeno verde.

Además, se encuentran en proceso de formalización nuevas alianzas con instituciones como Anglo American, Fundación Minera Escondida, Inacap, la Universidad de Chile, la UMCE y el Servel, entre otras, que permitirán sumar capacidades técnicas y humanas al desarrollo del sistema educativo público.

También estamos trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo para el desarrollo del Sistema de Datos IDEA y con la Embajada de Francia para fortalecer la enseñanza del francés en los SLEP con alta presencia de población haitiana.

Destaca también el acuerdo con la Conadi, que impulsa una educación intercultural con énfasis en la revitalización lingüística y el trabajo conjunto con educadores tradicionales, en respuesta al carácter plural y diverso de nuestras comunidades.

Construir una mejor educación no es tarea de una sola institución. Ningún SLEP puede hacerlo por sí solo: se requiere del compromiso activo de los municipios, del sector privado, de otras entidades públicas y, por sobre todo, de las propias comunidades.

Nuestro país alcanzó un consenso amplio y democrático: el sistema municipalizado no estaba respondiendo adecuadamente a los desafíos actuales de equidad y calidad. La Ley N° 21.040, que crea los SLEP, es fruto de ese acuerdo nacional. Establece un proceso gradual de implementación que culminará en 2030. Se trata de una política de Estado, construida transversalmente, con la convicción de que todo estudiante –sin importar su lugar de origen– merece una educación pública gratuita, laica y de calidad.

En este escenario de cambio, seguimos con atención las decisiones que algunos municipios están tomando respecto de los establecimientos que aún administran. Valoramos sinceramente el esfuerzo que muchos gobiernos locales han realizado para acompañar a sus comunidades escolares, muchas veces en condiciones complejas. Comprendemos que este proceso puede generar inquietudes, preguntas legítimas y una carga significativa para los equipos municipales.

Justamente por eso, hoy más que nunca, se necesita un compromiso firme con la educación pública: cuidar los recursos, respetar a las comunidades educativas y actuar con transparencia hasta el último día de gestión como sostenedores.

Incluso después del traspaso, su rol seguirá siendo fundamental, ya que los establecimientos continuarán insertos en sus territorios y requerirán de su apoyo. Por ello, es clave evitar decisiones que puedan afectar la continuidad del proceso, como el desfinanciamiento anticipado o el aumento injustificado de dotaciones. La responsabilidad compartida es el camino para asegurar una transición ordenada y justa.

La educación pública no es un problema: es una construcción colectiva, diaria, sostenida en el trabajo dedicado, el diálogo permanente y el compromiso de todos y todas. Avancemos –comunidades educativas, municipios, empresas privadas, fundaciones, sociedad civil y Estado– poniendo en el centro lo que verdaderamente importa: el derecho a aprendizajes de calidad de niñas, niños, jóvenes y personas adultas. No somos adversarios, sino aliados en un propósito común: el desarrollo y progreso del país, para lo cual es imprescindible contar con una educación pública fuerte y de excelencia.