Una crisis que interpela: licencia médica y seguridad social

Chile enfrenta una crisis profunda en torno al uso y abuso de la licencia médica. Una trama de malas prácticas -algunas, francamente delictuales- ha quedado al descubierto. No es un problema nuevo, pero su magnitud nos sorprendió a todos. Debimos hacer más, qué duda cabe, pero lo que hoy enfrentamos nos exige ir más allá de la denuncia, la persecución y la sanción.

No bastan los discursos enfáticos ni el rechazo al fraude. Tampoco sirve reducir el análisis a conductas individuales. Esta es una crisis sistémica y cultural. Y como toda crisis, nos exige hacernos preguntas incómodas, en distintos frentes, cuyas respuestas no son fáciles y depende de muchas voluntades poder resolverlas. Una de estas preguntas debería ser ¿qué seguridad social como país estamos dispuestos a construir y proteger?

El Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL) fue creado como un instrumento de protección, pero su funcionamiento actual es frágil: sin trazabilidad efectiva, sin interoperabilidad entre plataformas, con fiscalización deficiente, y sin considerar las enormes necesidades de cuidado que hoy enfrentamos. Si no rediseñamos este sistema, será muy difícil sostenerlo, y el riesgo no es solo económico, sino también ético y social.

La licencia médica no es un trámite. Es un instrumento terapéutico y parte fundamental del derecho a la seguridad social. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, este derecho es esencial para garantizar la dignidad humana cuando una persona, por razones de salud, maternidad o cuidados, pierde su capacidad de generar ingresos o requiere protección ante gastos catastróficos. También protege en algunos casos a trabajadores/as que deben cuidar a sus hijo/as, con brechas importantes de protección en esta materia.  

La invitación entonces es a pensar las licencias médicas como parte del derecho a la salud, en infancia, en vejez, en maternidad, en trabajo invisible y en salud mental. Es pensar también en los cuidados hoy no garantizados y en las personas que no caben en los márgenes del sistema formal. Y sí, también es necesario pensar en recursos públicos, en responsabilidad profesional e institucional, y en mecanismos eficaces de fiscalización y sanción cuando corresponda. Se trata de cómo articulamos ambos principios.

El desafío es mirar el cuadro completo: invertir en tecnología, mejorar la coordinación interinstitucional, también, pero, sobre todo, proteger y fortalecer una política de protección social que sea coherente con la realidad del país y sus necesidades crecientes. Para esto, el cuidado del uso de los recursos públicos con una correcta emisión de licencias médicas -entre otras acciones- debería ser una responsabilidad y un compromiso ético, pero también un mecanismo para fortalecer la inversión en seguridad social.

En este punto es ineludible reconocer nuestra responsabilidad como médicos y como gremio. Porque este no es solo un problema del sistema, sino también de nuestra práctica profesional y trabajaremos en todos los frentes internos para detectar y denunciar a quienes están cometiendo un delito en el mal uso de las licencias médicas. Se ha debilitado la confianza pública y se ha deslegitimado un instrumento clave de la protección social. Desde la ética médica, desde la formación profesional y desde nuestro rol social, tenemos el deber de poner toda nuestra energía en recuperar el valor de la licencia médica: como expresión de cuidado, de protección social y de dignidad para quienes atraviesan una enfermedad.

Cuidar la licencia médica es proteger la posibilidad de enfermar -o acompañar a nuestros enfermos- sin miedo. Y eso requiere un ejercicio político e institucional que vaya más allá de la crisis actual, que nos permita reparar la fe pública, y que ponga al centro de la discusión a las personas y su derecho a la seguridad social.