Los derechos políticos de los migrantes: el hilo se corta por lo más delgado

La propuesta del Gobierno de llevar a cabo una reducción de los derechos políticos de las personas migrantes en Chile resulta a lo menos sorprendente, considerando que hasta no hace mucho la defensa de los derechos de dicho colectivo era constantemente reiterada como uno de los aspectos centrales del ideario del Gobierno y de los partidos que lo conforman.

Es cierto que son numerosas las áreas en las que los derechos humanos de los migrantes se han visto afectados debido a las políticas gubernamentales, pero -válidas o no- a lo menos existía la excusa de que existían razones de seguridad para ello. En cambio, en relación la reducción de los derechos políticos de los migrantes, ¿cuál es el fundamento? La seguridad, desde luego, no lo es.

Se nos dice que resulta excesivo que los migrantes puedan votar en las elecciones presidenciales luego de cinco años de la obtención de su residencia y que en la mayoría de los países el reconocimiento de sus derechos políticos es inferior al que tienen en Chile. El camino propuesto parece ser, entonces, el de seguir el rumbo de aquellos Estados que protegen de manera más débil los derechos humanos. ¿Aplicaremos esta misma lógica a otros temas migratorios? O, ya que estamos en esa lógica, ¿eventualmente en el futuro a los nacionales?

En el período en que me tocó desempeñarme como Relator Especial de la ONU sobre derechos humanos de los migrantes, pude observar cómo numerosas políticas migratorias represivas -centradas exclusivamente en consideraciones de seguridad postergando a los derechos humanos del colectivo a un lugar secundario- iban siendo diseñadas por unos países y luego imitadas por otros. De allí que la excusa de cuáles son las regulaciones en otros Estados para bajar el nivel de protección de tales derechos resulte equivocada, peligrosa y con alcances negativos futuros que es imposible prever.

Como un manto de sospecha planea la idea de que lo que podría estar detrás de la propuesta de recortar los derechos políticos de los migrantes pudiera ser el cálculo electoral, ya que, según señalan algunas encuestas, en esta oportunidad los migrantes favorecerían en forma mayoritaria a la Oposición. El Gobierno lo niega. Como no se tenga acceso a información privilegiada, el asunto es insondable.

Como escribía Unamuno, acaso los cangrejos resuelven por dentro ecuaciones de segundo grado, pero nunca lo sabremos. Aquí tampoco. Pero incluso si las intenciones fueran las mejores, hay categorías sospechosas, afectándose a un colectivo en situación de vulnerabilidad. Un colectivo que está sujeto constantemente a la posibilidad de perder sus derechos y que tiene dificultades, a veces muy serias, para defender sus intereses por la vía de la asociatividad o del ejercicio de la libertad de expresión. Por esto mismo es que a menudo resulta sencillo para los gobiernos recortar los derechos de la población migrante: como dice el refrán, el hilo se corta por lo más delgado.

Desde luego, si a lo que se aspira es a una integración social de las personas migrantes, la reducción de sus derechos políticos camina claramente en la dirección opuesta. Es evidente que una vez ya establecidos los derechos políticos de quienes han migrado a Chile conforme a unos determinados parámetros, al retroceder al respecto se les envía el mensaje de que se trata de personas de segunda categoría, cuyos derechos son contingentes, al depender de consideraciones que en ningún caso se haría en relación con los nacionales chilenos.

De manera más general, lo que pone de manifiesto este episodio es la ausencia de políticas de Estado en materia migratoria. Esta es una carencia muy extendida en la actualidad a nivel regional y global. Las medidas de política migratoria son cada vez más volátiles, con frecuencia sin otra lógica que la de la contingencia política. Las políticas migratorias van, por así decirlo, a los bandazos, y no solamente cambian radicalmente cuando asume un nuevo Gobierno, sino no pocas veces durante un mismo Gobierno.

Lo que se necesita son gobiernos que asuman un liderazgo para la consecución de políticas públicas migratorias que vayan más allá de la contingencia, que tengan una mirada de mediano y largo plazo y que no estén sujetas a constantes vaivenes de las autoridades de turno. Un liderazgo que implique desarrollar buenos ejemplos para otros países, en vez de copiar malos ejemplos.