Los niños no necesitan más castigo, necesitan más Estado: una respuesta necesaria a la violencia

A propósito de una columna publicada recientemente en este mismo medio que abordaba una realidad estremecedora: los homicidios de niños, niñas y adolescentes en Chile. Con cifras impactantes —359 asesinatos entre 2018 y 2024— el texto en cuestión no escatima en adjetivos ni dramatismo para llamar la atención sobre un fenómeno real y urgente. Sin embargo, su enfoque, centrado casi exclusivamente en lo punitivo, deja fuera lo más relevante: la comprensión estructural de la violencia, sus raíces sociales y la responsabilidad histórica del Estado.

Resulta preocupante que, ante una realidad tan dolorosa como el asesinato de niños, la respuesta principal que se proponga sea el endurecimiento del régimen sancionatorio. Si bien es necesario abordar con firmeza a quienes atacan o instrumentalizan a niños en actividades delictuales, centrar el debate únicamente en medidas punitivas deja fuera aspectos fundamentales. Muchos de estos niños ya enfrentaban situaciones de vulnerabilidad previas, marcadas por el abandono del Estado, la precariedad educativa, las brechas en salud pública, la inseguridad barrial y la falta de acceso a una vivienda digna.

En lugar de poner la lupa en los sistemas de exclusión y marginación que explican por qué algunos territorios —los mismos 31 municipios de siempre— concentran los crímenes, se opta por hablar de “intervención intensiva para adolescentes proclives a la delincuencia”. ¿Qué significa eso en la práctica? ¿Una nueva institucionalización, encierro o vigilancia sobre la pobreza? ¿Detectar a los “niños peligrosos” antes de que lo sean?

Esta lógica, que busca dividir a la niñez entre “inocentes víctimas” y “potenciales victimarios”, se aleja completamente de un enfoque de derechos. No existe ni una línea en la columna que hable del rol preventivo del Estado, de la inversión pública en infancia, o de la necesidad de construir barrios seguros mediante educación, salud mental y cultura comunitaria. Tampoco se menciona que muchos de esos niños asesinados venían arrastrando trayectorias de abandono, maltrato o pobreza extrema.

Más grave aún, el autor insinúa que el solo hecho de “haber nacido en un determinado lugar” empuja a los niños a relacionarse con lo delictual. Esa afirmación, que raya en el determinismo geográfico y social, es ofensiva y peligrosa. ¿Qué lugar tienen entonces la resiliencia comunitaria, las experiencias de cuidado en barrios vulnerados, los proyectos de vida que sí se levantan a pesar del contexto? ¿O es que para el abogado en cuestión todo niño pobre está ya escrito como potencial partícipe del delito?

Chile necesita, sin duda, una política decidida frente al asesinato de niños y niñas. Pero esa política no puede seguir construyéndose sobre la lógica del castigo, la criminalización temprana y el control territorial. Lo que necesitamos es un Estado presente en los territorios con servicios dignos y universales, con acompañamiento real a las familias, con oportunidades educativas y culturales que permitan a la infancia crecer lejos de la violencia y el miedo.

El enfoque propuesto en la columna original es, a todas luces, insuficiente, parcial y peligrosamente sesgado. No se trata de mirar con ingenuidad la violencia, sino de no seguir repitiendo los errores de siempre: pensar que más cárcel, más sanción o más represión resolverán lo que solo se puede transformar con justicia social, derechos garantizados y políticas públicas que escuchen y sostengan a la infancia antes de que sea demasiado tarde.

Porque los niños y niñas asesinados no necesitan ser recordados solo desde el dramatismo mediático ni convertidos en argumento para justificar recetas punitivas. Su muerte nos exige construir un país que acoja, cuide y proteja de verdad a quienes aún viven y crecen en contextos de violencia y exclusión.