La Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales frente al Tribunal Constitucional

En enero del año 2024, el Gobierno ingresó un proyecto de ley para establecer una Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, cuyo objetivo es garantizar una mayor eficiencia en la tramitación de permisos que impactan las distintas áreas productivas. El proyecto reconoce que “existe consenso en que la obtención de autorizaciones se ha transformado en una de las restricciones críticas a la materialización de inversiones en Chile”.

Cabe señalar que ello afecta no solo a proyectos de gran envergadura, sino también a las pequeñas y medianas empresas. Este proyecto fue aprobado por el Parlamento el 1 de julio recién pasado.

Con este marco se busca promover la productividad, el crecimiento y la inversión mediante la modernización de las autorizaciones necesarias, considerando los riesgos asociados y aumentando la transparencia de los procedimientos.

Entre las medidas relevantes de la ley se cuentan:

• Habilitar declaraciones juradas y avisos en proyectos de bajo riesgo, lo que simplificará procesos para trámites menos complejos.
• Aplicar silencio administrativo, estableciendo plazos máximos para la resolución de solicitudes, con el fin de evitar demoras injustificadas.
• Si un servicio público no cumple con los plazos, se podrá sancionar al jefe de servicio.

Estas medidas buscan provocar la concreción de proyectos de inversión, tanto públicos como privados, cambio que debiese beneficiar iniciativas de todos los sectores productivos, desde pequeñas y medianas empresas hasta grandes proyectos de las industrias minera y energética.

Además, incorpora diversas medidas que apuntan a disminuir la duración de la tramitación de las diferentes autorizaciones sectoriales. Destacan entre estas la habilitación de declaraciones juradas y avisos en casos de bajo riesgo y las normas de procedimiento que dan aplicabilidad al silencio administrativo; además, establece plazos máximos para resolver, entre otras. Estas medidas lograrán reducir los tiempos efectivos de tramitación de estos permisos y, en consecuencia, la duración total promedio de la tramitación de los proyectos de inversión.

Sin embargo, en un hecho sorprendente, un grupo no menor de diputadas y diputados ha recurrido al Tribunal Constitucional para solicitar que se declare la inconstitucionalidad de varios artículos del texto, esgrimiendo argumentos tales como que la ley atentaría contra el derecho a la salud de las personas y el derecho a vivir en un ambiente limpio. Lo paradójico es que la ley no contempla cambios en el funcionamiento del Sistema de Evaluación Ambiental.

Es lamentable que, siendo este uno de los proyectos estrella del actual Gobierno, que permitirá crear condiciones para el crecimiento sostenido de la economía chilena, disminuyendo los tiempos de respuesta y entregando mayor certeza a inversionistas de distinto tamaño que quieren contribuir al desarrollo de nuestro país, se enfrente a este tipo de dificultades.

Confiamos en que el Tribunal Constitucional, conforme a su alta investidura, velará por los intereses permanentes de nuestro país.