Permisos: ¿quién representa al oficialismo?

El pasado jueves, el Tribunal Constitucional (TC) decidió no acoger a trámite un requerimiento de inconstitucionalidad presentado por 42 diputados del oficialismo. El recurso buscaba dejar sin efecto los principales artículos de la recientemente aprobada Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, una reforma tímida, pero relevante, en el esfuerzo por darle mayor razonabilidad a nuestra regulación.

Sin duda, es una buena noticia el rechazo del requerimiento y la inminente promulgación de la ley. Sin embargo, al declararlo inadmisible, el TC se pronunció sobre la forma y no sobre el fondo del recurso y, desde Pivotes, habríamos preferido que entrara al fondo del asunto, y que un fallo del tribunal descartara de plano los argumentos de los parlamentarios.

En nuestro país las instituciones son vistas cada vez con más desconfianza y el rol del Estado es cuestionado por una ciudadanía que lo percibe como un obstáculo y no un aliado en su esfuerzo por llevar adelante su plan de vida.

En ese contexto, preocupa que parte importante de los representantes del oficialismo en la Cámara de Diputados plantee una visión del Estado donde cada iniciativa privada debe quedar sujeta al visto bueno previo del Leviatán, sin importar qué tipo de actividad sea o qué nivel de riesgo genera. En otras palabras, los firmantes sostienen que el Estado tiene el mandato constitucional de reducir los riesgos a cero, como si eso fuera deseable o, incluso, posible.

Pues no lo es y, en la práctica, es la libertad de las personas la que prima. Son muchos los ámbitos en que el Estado no interviene, incluso respecto de actividades que generan algún nivel de riesgo. Hay otras en las que, aunque intervenga, no lo hace en una lógica de “riesgo cero”, sino de buscar un nivel óptimo a partir de la reducción de su posibilidad de ocurrencia, pero de la forma menos costosa posible.

Pensemos, por ejemplo, en un aeropuerto. Cada persona que llega al país desde el extranjero ha tenido que pasar su maleta por un escáner del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Solo algunos pocos han sido seleccionados aleatoriamente para inspecciones más estrictas. Si bien somos conscientes de lo relevante que es evitar la introducción de plagas y enfermedades, no le pedimos al SAG un permiso previo para salir del aeropuerto. Probablemente una revisión exhaustiva de cada equipaje reduciría el riesgo a un nivel cercano a cero, pero somos conscientes de que ese menor riesgo es superado con creces por los altos costos que esto implicaría.

El riesgo óptimo no es el “riesgo cero”, eso lo sabemos todos, y, consciente o inconscientemente, aplicamos esa premisa todos los días. La minimización permanente de riesgos nos impediría subirnos a un auto, salir de vacaciones o permitir que nuestros hijos vayan a la casa de un amigo.

Lo saben también quienes trabajan en el Estado y deben operar en las engorrosas instituciones de permisos, funcionarios que muchas veces son víctimas de la hipertrofia legislativa o reglamentaria, con leyes con nombre de pila que, a partir de un caso específico y de alto impacto mediático, pero de ocurrencia poco frecuente, generan procedimientos y reglas excesivas de aplicación general.

Recientemente, la lógica del riesgo cero cobró una nueva víctima: la panadería “Tatas del Pan”, donde dos personas jubiladas no pudieron seguir adelante con una simple panadería, no por mala intención o arbitrariedad de los fiscalizadores, sino por un sistema que adquirió vida propia y ahoga la iniciativa privada, un sistema cuya hipertrofia seguramente no fue prevista en su diseño, pero al que pocas autoridades se han tomado la molestia de diagnosticar y repensar.

La pregunta que queda para el futuro, especialmente en un período electoral, es: ¿quién representa la verdadera postura del oficialismo en esta materia? ¿Es el Ejecutivo, representado por el ministro Grau, que logró sacar adelante de forma inédita una agenda legislativa en la materia, o son los 42 diputados que nos dicen que todo esfuerzo simplificador es inconstitucional? ¿Será quizás el activismo ambiental y de las ONG que han optado por interpelar y funar a las autoridades que discrepan con ellos? Son ese tipo de preguntas las que esperamos se respondan en los meses electorales venideros.