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Tarea de todos: cómo avanzamos en protección de niños, niñas y adolescentes Opinión

Tarea de todos: cómo avanzamos en protección de niños, niñas y adolescentes

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Carla Oyarzún Pinochet y Claudia Espinoza Carramiñana
Por : Carla Oyarzún Pinochet y Claudia Espinoza Carramiñana Carla Oyarzún es directora regional del Servicio Nacional de protección especializada a la niñez y adolescencia Valparaíso y Claudia Espinoza Seremi Min. Desarrollo social y familia, Valparaíso
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Las necesidades en la región y el país son muchas y urgentes. Esta emergencia de protección requiere más compromiso, más acción y más coordinación. No es sólo una labor del Servicio de Protección, sino una tarea de todas y todos.


Solo durante junio, 15.208 niños, niñas y adolescentes de la región de Valparaíso fueron atendidos por el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. Esta cifra supera los 12.782 nacimientos registrados en la región en 2024, lo que nos dice que hay niños y adolescentes siendo atendidos por alguna vulneración, que bebés naciendo en la región. 

Este dato sin duda es preocupante. Cada niño, niña o adolescente atendido por el Servicio de Protección Especializada representa una historia de abuso, abandono o maltrato, que debe interpelar no sólo a nuestra institución, sino que a toda la sociedad. Que nazcan pocos niños es preocupante, pero aún más dramático es que además estos vivan distintos tipos de maltrato durante su desarrollo. Se trata de una urgencia que debe estar en el centro del debate público y de la acción institucional, y de la cual depende la sociedad que seremos, pero, sobre todo, la que somos actualmente.

Desde la creación del Servicio, mediante la Ley 21.302 en 2021, se han dado pasos importantes. A esto se suman la Ley 21.430 sobre Garantías y Protección Integral (2022) y la reciente Comisión Asesora Presidencial para esclarecer las vulneraciones en SENAME (2024). Sin embargo, la cancha sigue abierta para impulsar nuevos esfuerzos decididos en la misma línea.

La Ley 21.430 establece que los órganos del Estado deben garantizar el pleno ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes “hasta el máximo de los recursos de los que pueda disponer el Estado”. Esto implica una responsabilidad compartida y la necesidad de una política pública integral con las niñeces como eje.

Desde el Servicio de Protección Especializada de la Región de Valparaíso, impulsamos el trabajo intersectorial y estamos comprometidos con la articulación de esfuerzos. Destacamos, por ejemplo, el trabajo con el SEREMI de Bienes Nacionales, Eduardo León, para concretar dos proyectos clave: una nueva residencia en Rapa Nui y otra en Villa Alemana, ambas con altos estándares y enfoque personalizado.

También avanzamos junto al Gobierno Regional en campañas contra la explotación sexual de niños y niñas y hemos visto cómo las querellas impulsadas por este servicio han llegado a buen puerto, alcanzado penas de cárcel contra quienes aprovechan la vulnerabilidad de niñas y jóvenes para obtener favores sexuales. Del mismo modo, también con el Gobierno Regional y FOSIS hemos impulsado programas de apoyo a jóvenes que se preparan para la vida interdependiente e independiente. La lista suma y sigue y hemos fortalecido alianzas con municipios, policías y delegaciones presidenciales, buscando consolidar una cultura de protección, buen trato y respeto.

El mundo privado es otro actor clave. Las organizaciones colaboradoras, que implementan la mayoría de los programas, cumplen un rol insustituible. Entendemos que las nuevas normativas han traído desafíos, pero cada cambio ha buscado mejorar la intervención. Como Servicio, promovemos un diálogo abierto y permanente en favor del bienestar y la restitución de derechos de los niños y niñas del territorio.  Así también valoramos el compromiso en dar muestras de garantías y probidad del recurso público, que el país demanda.

Sin una sociedad comprometida, la política de derechos pierde fuerza. Por eso hemos generado convenios con universidades, diálogos sociales y colaboraciones con la sociedad civil. La nueva Ley de Adopción recientemente aprobada, que reduce los tiempos de espera y permite que las familias, independiente de su composición, puedan dar una oportunidad para promover una cultura que valore el acogimiento y la adopción como actos de amor frente a la violencia y el abandono. Reforzar las familias de acogida a través del acompañamiento institucional sigue siendo una prioridad.

Las necesidades en la región y el país son muchas y urgentes. Esta emergencia de protección requiere más compromiso, más acción y más coordinación. No es sólo una labor del Servicio de Protección, sino una tarea de todas y todos.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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