Reordenamiento de la red de alianzas en el Indopacífico

En una columna de hace algunas semanas, me refería a las decisiones estratégicas de Australia en materia de rearme y la incertidumbre respecto del programa AUKUS (Australia, Reino Unido y Estados Unidos) de construcción de submarinos nucleares. Dicha alianza, básicamente, tenía por objeto dotar a Australia de submarinos de esa condición, con la cooperación de Estados Unidos y el Reino Unido. Estas dos potencias construirían al menos 8 submarinos para Australia durante las próximas décadas, transfiriéndole también gradualmente capacidades tecnológicas.

En ese esquema, Australia contaría con naves de largo alcance y de mucho mayor poder, considerando que los submarinos nucleares pueden permanecer sumergidos indefinidamente y son difíciles de detectar.

La incertidumbre provino del anuncio del Departamento de Defensa de Estados Unidos de revisar el acuerdo. La razón es que los astilleros norteamericanos no dan abasto y quiere privilegiar la dotación de naves para su propia flota, considerando la expansión de la armada china.

La posibilidad del retraso o –derechamente– de la cancelación deja a Australia en una compleja posición, con una flota, incluyendo sus submarinos, en el límite de su vida útil, sin claridad de reemplazos en tiempo y, por lo tanto, con la posibilidad de brechas relevantes en su capacidad defensiva, considerando la carrera naval en el Pacífico Occidental, especialmente por parte de China.

En esa coyuntura, las autoridades australianas, acicateadas por la urgencia, aceleraron la búsqueda de alternativas. Voces dentro del propio estamento de la defensa local representaron también la conveniencia de una adecuación estratégica, considerando que la compra de submarinos era excesivamente onerosa y, además, que no se concatenaba con un sistema defensivo integral en un contexto de rápidos cambios tecnológicos que están redefiniendo la forma de hacer la guerra, con la irrupción de los drones, misiles más versátiles y el factor ciber, tanto en la defensa como en el ataque.

Una manifestación de esa urgencia, que combina también la búsqueda de nuevos aliados en la región, ha sido la reciente licitación para la compra y construcción de fragatas bajo el programa “Sea 3000”, proyecto de una década de duración que supondrá la compra y construcción de 11 naves. Estos buques, diseñados para cazar y atacar buques de superficie y submarinos y proporcionar defensa aérea, protegerán las líneas marítimas de comunicación y las rutas comerciales, que son vitales para la economía y la seguridad nacional de Australia.

La empresa Mitsubishi Heavy Industries (MHI) se adjudicó el proyecto con su modelo Mogami. La selección de MHI es sin embargo el primer paso del proceso de contratación. A continuación, los dos países deben concluir contratos comerciales vinculantes con MHI y el Gobierno japonés para cerrar el proyecto de 10 mil millones de dólares australianos (6.500 millones de dólares).

Se espera que esas conversaciones, en las que se abordará el precio final –la cifra inicial solo incluye la compra de los tres primeros buques y partes de naves adicionales–, junto con la reparación y el mantenimiento de las fragatas y la transferencia de la producción a Australia, concluyan el año próximo.

Es interesante destacar que parte del acuerdo en negociación incluye la transferencia tecnológica y la capacidad industrial para que, luego de las tres primeras fragatas, las siguientes sean construidas íntegramente en Perth, y que la mantención y reparación también ocurran en Australia.

Evidentemente esto es mucho más que una simple venta militar. El acuerdo es un voto de confianza para la relación entre dos países que fueron enemigos durante la Segunda Guerra Mundial y que se enfrentaron en ese conflicto. Es también un testimonio de la confianza en las avanzadas capacidades tecnológicas de Japón, país que tiene la tercera flota del Pacífico.

En efecto, con cuatro portahelicópteros, Japón ocupa el segundo lugar en esta categoría, solo por detrás de Estados Unidos. Ambos países por su condición insular y su dependencia del comercio internacional comparten la necesidad estratégica de mantener abiertas las rutas marítimas en caso de conflicto.

Japón viene buscando posicionarse en el lucrativo mercado de las armas desde hace una década, tras dejar atrás la restricción constitucional para su rearme, impuesta tras su derrota y capitulación en la Segunda Guerra Mundial. En julio de 2014, el primer ministro Shinzō Abe (arquitecto de la nueva estructura defensiva de Japón, asesinado en 2022) aprobó una reinterpretación del artículo 9.

Esta reinterpretación permite a Japón ejercer el derecho de “autodefensa colectiva” en algunos casos y emprender acciones militares si uno de sus aliados fuera atacado. El Parlamento nipón hizo oficial la reinterpretación en septiembre de 2015, mediante la promulgación de una serie de leyes que permiten a las Fuerzas de Autodefensa de ese país proporcionar apoyo material a los aliados implicados en combates internacionales. La justificación declarada era que no defender o apoyar a un aliado debilitaría las alianzas y pondría en peligro a Japón.

Esta venta, de concretarse, sería la de mayor envergadura para Japón, además con un diseño estratégico clave para el escenario naval en la región y la defensa de ambas naciones.

Al megacontrato con Australia se suman las tratativas para vender la misma fragata a Indonesia, las que podrían ahora extenderse a otras naciones.

Lo interesante –y factor no menor para no irritar ni preocupar a los estadounidenses– es que la fragata Mogami está diseñada para ser interoperable con la flota de ese país, creando eficiencias tanto en las operaciones como en las reparaciones.

Esto, entre otras cosas, implica –en un contexto de guerra comercial– que hay espacio para que las empresas norteamericanas de defensa puedan proveer equipos y sistemas vitales en la fragata.

En otras palabras, hay una oportunidad de negocio relevante para la industria estadounidense, sin restarle mercado por la incapacidad actual de sus astilleros de construir para terceros Estados. A esta dimensión comercial, muy relevante para la visión mercantilista actual de Washington, se suma la estratégica que reseñaba en mi columna anterior: el fortalecimiento de las capacidades navales de Japón y Australia permite a Estados Unidos concentrar sus fuerzas en un cuadro de operaciones muy vasto.

Aunque la negociación en curso podría fracasar, es un doble hito para Japón y demuestra cómo se están reconfigurando las alianzas en la región del Indopacífico.

Otro hito en ciernes en el esquema de seguridad regional es la próxima reunión a fines de este mes del presidente Trump con el presidente surcoreano Lee Jae-myung, cuya agenda incluye principalmente la alianza militar entre ambos países. Trump quiere que Corea del Sur eleve su contribución para la mantención de las casi 30 mil tropas norteamericanas, pero también que este país aumente su gasto en defensa y transforme sus fuerzas con la mirada de hacer frente a la amenaza china y no solamente la norcoreana. Eso implicaría un cambio importante no solo en doctrina militar, sino también en armamento, incluyendo el desarrollo naval.

Lo que resulte de esa cumbre y sus acuerdos es casi seguro que se traducirá en más gasto militar y también en mayor autonomía estratégica de los históricos aliados de Estados Unidos.

El Indopacífico seguirá concentrando buena parte del aumento del gasto en armamento y, por lo mismo, incrementa las posibilidades de conflicto en su seno.