Selección en el ingreso a pedagogías: complejizar la mirada

Hace casi 10 años, la Ley de Desarrollo Profesional Docente estableció que el sistema formativo seleccionaría de manera progresivamente más exigente a los postulantes, fortalecería procesos formativos y evaluaría procesos y resultados formativos. Esto ha derivado en una hiperregulación, como respuesta a la desregulación total en que se encontraba la profesión. 

En casi una década el contexto ha cambiado. Las postulaciones a carreras de pedagogía inicialmente se elevaron y los nuevos estudiantes fueron seleccionados de entre mejores puntajes. Rápidamente las matrículas fueron –y siguen– en descenso y se proyectó un déficit muy importante de docentes. Actualmente, estas proyecciones han ido siendo desestimadas como situación país, y se advierte que –bajo las actuales exigencias de selectividad– es y será progresivamente más crítica en las zonas extremas y en determinadas disciplinas. 

En ese marco dinámico, el proyecto de ley que debe discutirse en la Cámara Alta intenta viabilizar las exigencias de ingreso a las carreras de pedagogía en todo el territorio nacional. 

En este sentido, es importante recordar que nuestro país se caracteriza por una profunda segmentación socioeconómica, desigualdad que también se expresa en los resultados de las pruebas de selección universitaria. Es decir, cuando se selecciona un mejor puntaje, se selecciona a un postulante de mejor nivel socioeconómico y se discrimina a los menos privilegiados, cuyos resultados expresan las profundas diferencias de oportunidades educativas.

De este modo, incentivar esta discriminación conduce a la elitización del acceso a estudiar pedagogía. Aquí cabe preguntarnos como sociedad si eso es lo que buscamos, que sean las élites socioeconómicas las que eduquen a los niños, niñas y jóvenes, y el impacto sociocultural que esto implicaría, legitimando un determinado habitus o modo de aproximación al mundo, retrocediendo a los albores de los sistemas educativos en el mundo. 

Adicionalmente, el hiperfoco puesto en la selección estandarizada parece omitir que las exigencias no se aparejan a las condiciones de formación, considerando que los aranceles de referencia hacen inviable el funcionamiento actual de las carreras de pedagogía, es decir, formar profesoras y profesores para Chile cuesta más de lo que actualmente se invierte, pero esto no es solo un problema de costo, sino de un esquema de desarrollo profesional.

Este hiperfoco en la selección también parece omitir un correlato con las condiciones de ejercicio, y a su vez invisibiliza otras variables críticas que favorecen las trayectorias formativas de docentes, la equidad y justicia en el acceso, como han demostrado los hallazgos investigativos recientes en torno a  resultados de diversos programas alternativos de atracción a pedagogía, cuyos costos están siendo asumidos por las universidades, con la precariedad y heterogeneidad de capacidades que afecta particularmente a los extremos geográficos, lugares en los que estos programas alternativos han ido cobrando una importancia significativa frente a la imposibilidad de que sus postulantes cumplan con los requisitos nacionales vigentes.

Asimismo, el énfasis en el incremento de barreras nacionales estandarizadas de ingreso desconoce precisamente las necesidades particulares de los territorios y el muy distinto impacto que tiene una misma política aplicada en todo el país.

Mientras en los territorios de la zona central el incremento generaría un efecto de descreme, elitizando el acceso, reduciendo los postulantes y mejorando sus condiciones de ingreso, esta disminución en las postulaciones afectaría mucho menos de lo que se ha venido señalando la dotación docente en general, dados los nuevos ajustes en las proyecciones de necesidades, tasa según natalidad, e incluso a la luz de los datos de abandono temprano de la profesión. 

Por lo tanto, la aplicación de la ley, tal cual fue concebida hace casi una década, pone en riesgo la disponibilidad de los docentes necesarios en algunas disciplinas críticas, mientras en las regiones del norte y del sur esta reducción pone en severo riesgo la disponibilidad de docentes en general, que ya en el presente constituye una debilidad estructural. Esto implica que se requiere atender diferenciadamente la situación de regiones y especialidades.

Es preciso tener presente que aumentar puntajes no solo no mejora la formación, sino que tampoco asegura un mejor aprovechamiento de ella, pues no hay evidencia concluyente que permita asociar estas variables si se controlan los resultados por nivel socioeconómico (NSE) –baste recordar que los resultados de la END también están asociados a NSE, es decir, el mejor aprovechamiento observado se explica por NSE, además de la necesidad de considerar que esta evaluación es objeto de importantes cuestionamientos de validez–, así como tampoco la investigación ha definido con suficiente robustez cuáles son los factores que predicen mejores trayectorias formativas. 

Como todo problema social, es complejo, situado y multifactorial, por lo tanto, las soluciones han de construirse con estos criterios. El proyecto presentado por el Gobierno tiende a esa dirección, pero de ningún modo puede resolver los problemas estructurales de la formación docente, cuyo componente crítico son los procesos formativos, la imperativa necesidad de fortalecimiento y acompañamiento a tales procesos, de manera equitativa, considerando la heterogeneidad de capacidades instaladas en los distintos territorios. 

El ajuste propuesto a la ley considera una mirada dinámica del contexto, con criterio de realidad, y exige acoplarse a todos los demás elementos del sistema de desarrollo profesional docente, tal como indica el informe evaluativo PNUD del año 2023 y una multiplicidad de estudios que dan cuenta de sus debilidades de implementación y falta de articulación. 

En este escenario, parece fundamental introducir criterios de flexibilidad, complejidad, integración situada y basarse en evidencia, desde una perspectiva territorial y de largo plazo, y en paralelo, redoblar esfuerzos investigativos en torno a identificar claves de las trayectorias formativas que iluminen mejores y más justos procesos de atracción y acceso a las pedagogías y de desarrollo profesional.