Doctrinas vacías, barcos reales: la geopolítica del asedio en Venezuela

Las doctrinas que más ruido hacen suelen ser también las más vacías. Washington proclama una guerra al narcotráfico, mientras Caracas clama la defensa de la patria. En medio de estas consignas, el Caribe presencia una escalada militar sin precedentes desde finales de la Guerra Fría: a los tres destructores desplegados se han sumado un crucero misilístico y un submarino de ataque. La Casa Blanca ha prometido usar ‘todos los elementos del poder’ contra las redes criminales, mientras Nicolás Maduro responde movilizando millones de milicianos y reforzando su retórica de asedio. El choque ya no se limita al discurso: el lenguaje es el de la fuerza.

El movimiento de Washington tiene varias capas. Operativamente, responde al aumento récord en las rutas de cocaína, con incautaciones que superaron las 76 mil libras en agosto, según la Guardia Costera de Estados Unidos. Políticamente, coincide con un momento de debilidad de Donald Trump, cuya aprobación general ronda el 37 % y que apenas alcanza entre un 28 y 35 % de apoyo entre la población latina en Estados Unidos. En este contexto, la demostración de fuerza naval funciona también como símbolo hacia dentro: proyectar control en el exterior para compensar fragilidades internas.

En Venezuela, la narrativa oficial insiste en que la amenaza externa justifica la cohesión interna. El gobierno asegura contar con 4,5 millones de milicianos dispuestos a defender la patria, cifra difícil de verificar pero útil como símbolo. Para Maduro, cada barco estadounidense es una oportunidad de reafirmar su papel como jefe de un Estado acosado. El costo humano de esta confrontación se expresa en los 7,7 millones de migrantes que Naciones Unidas registra fuera del país, muchos en condiciones precarias en países vecinos.

La posición de Colombia ilustra la complejidad regional. Lejos de alinearse con Washington, el presidente Gustavo Petro ha señalado que el llamado “Cartel de los Soles” es una ficción utilizada como excusa para desestabilizar gobiernos. Brasil y México han reiterado el principio de no intervención y han advertido sobre el riesgo de que el continente repita los errores de la Guerra Fría. El resultado es una región fragmentada, donde las tensiones entre potencias globales encuentran eco en diferencias diplomáticas internas.

Este despliegue confirma una intuición de Raymond Aron: la paradoja de las relaciones internacionales es que los Estados actúan como entidades colectivas, pero las decisiones cruciales dependen de individuos en posiciones jerárquicas y raramente obedecen a un interés nacional abstracto. Surgen, más bien, de dinámicas internas y rituales burocráticos que explican mejor que las teorías racionalistas por qué se movilizan buques o se dictan sanciones.

La interdicción naval en el Caribe no es solo una cuestión de cocaína, sino también de un gobierno estadounidense que necesita gestos de firmeza para sostener legitimidad en medio de su propia crisis política. Y mientras Washington y Caracas proclaman doctrinas altisonantes, el poder real se despliega en barcos, soldados y señales de presencia, recordando que el orden mundial sigue oscilando entre normas y fuerza.

El objetivo estratégico de Trump parece claro: asfixiar económicamente al régimen de Maduro hasta que la propia estructura chavista se quiebre desde dentro. Mientras existan recursos, el poder se sostiene en Miraflores; retirarlos es la vía para provocar rendición sin desembocar en un escenario caótico como el de Irak tras Saddam Hussein. La flota desplegada en el Caribe responde a esa lógica: no es ofensiva sino defensiva, diseñada para cortar cadenas de suministro y rutas ilícitas. Los destructores de la clase Arleigh Burke, equipados con el sistema Aegis capaz de rastrear cientos de objetivos, los aviones de patrulla P-8 con sensores de largo alcance y un submarino de ataque que vigila las profundidades le dan a Washington un control sostenido del mar Caribe a bajo costo. Maduro, ante ese cerco, poco puede hacer más allá de invocar resistencia.

La magnitud de la operación merece atención. Es considerada la mayor movilización naval de Estados Unidos en el Caribe desde la invasión de Panamá en 1989, cuando se desplegaron cerca de 27 mil efectivos. Aunque la fuerza actual involucra alrededor de un millar de tripulantes, su impacto simbólico es considerable: confirma la capacidad de Washington de proyectar poder de manera expedita en el hemisferio, con rapidez y sin necesidad de escaladas previas. China ha criticado la operación como ‘interferencia en asuntos internos’, pero no ha ofrecido asistencia concreta a Caraca. Rusia, por su parte, firmó en mayo un acuerdo de asociación estratégica con Venezuela en materia energética, sin extender compromisos militares, hasta el momento el Krelim guarda silencio.

La presencia naval ya no es noticia, sino un hecho consumado: el Caribe está bajo un cerco que Washington puede sostener por meses a bajo costo. Lo que está en juego ahora son sus consecuencias. Una prolongación del dispositivo empujará las rutas ilícitas hacia Centroamérica y aumentará la presión sobre países ya desbordados por el crimen organizado. Si la región opta por la vía diplomática, el paraguas interamericano podría contener la retórica, pero sin un consenso firme solo ganará tiempo. Y un incidente menor —un abordaje fallido, un roce en aguas disputadas— bastaría para desatar una escalada con efectos económicos y políticos que nadie en Sudamérica podría controlar.

Los números hablan por sí solos: una dependencia energética que hace frágiles a los mercados caribeños, un narcotráfico que se adapta a cada barrera y una diáspora de millones de venezolanos que seguirá creciendo si se agudiza la crisis. No falta evidencia, falta la audacia de traducirla en una política común. En este cruce de riesgos, la región necesita menos obediencia a doctrinas externas y más irreverencia crítica para cuestionar al poder y afirmar su autonomía. Solo así podrá dejar de ser escenario y convertirse en actor en el orden que se dibuja.