El programa económico de Kast

El programa de Kast considera que el país vive en una emergencia económica. Ello no calza con la realidad. La economía crece en 3,1%; el crecimiento de la deuda pública en el gobierno de Boric será el menor en 17 años, la inflación alcanza un 4,3%, se están eliminando obstáculos a la inversión y hay en carpeta inversiones por más de US$ 100 mil millones. El desempleo ha crecido, pero en los tres primeros años se crearon más de 500 mil puestos de trabajo. Ello no significa que no haya mucho que hacer hacia adelante. Pero un mal diagnóstico impide levantar un programa que dé cuenta de los problemas reales; más problemático aún es promover soluciones que sí, pueden generar emergencias económicas y sociales.

La propuesta de Kast – Jorge Quiroz es simple: reducir en US$ 6000 millones el gasto público en 18 meses, eliminar regulaciones (respecto de la cual no se explica que se hará más allá de la ley de permisos sectoriales y la reforma del SEIA en discusión en el Congreso) que incluye “cambios profundos en nuestra institucionalidad para detener el deterioro del mercado laboral” y reducir el impuesto corporativo.

Hay coincidencia entre los especialistas que la reducción propuesta del gasto público no es viable; menos aún si se piensa alcanzar ese objetivo, principalmente, eliminando fraude en licencias médicas, evasión en transporte público y en mayor control de la entrega de beneficios sociales (todo lo cual es fácil de decir, pero difícil de cumplir). Según estimaciones, para alcanzar la meta US $ 3000 millones, para tener un orden de magnitud, sería necesario reducir el empleo público en un 15%; para los otros US$ 3000 millones eliminar la inversión en infraestructura.

Para combatir el desempleo, propone condicionar 3,5 puntos de la rebaja del impuesto corporativo solo a las empresas que contribuyan al aumento del empleo formal. Ello no es conducente si se considera que quienes pagan ese impuesto son principalmente las grandes empresas en que el empleo formal alcanza una cifra superior al 90%. El problema de fondo es que dicha medida no es consistente con los problemas que Quiroz considera como los principales causantes del desempleo.

Para Quiroz, que presentó su programa en una reunión organizada por el Centro de Estudios Públicos, el problema radica en el aumento insostenible de los costos laborales bajo lo cual incluye el incremento sostenido del salario mínimo, la reforma previsional que creó la contribución patronal al sistema de pensiones que permitirá mejorar sustancialmente las pensiones, la reducción de la jornada laboral a 40 horas, el fortalecimiento de la ley que otorga un permiso para los padres y madres trabajadoras que cuidan a hijos con enfermedades graves (Ley Sanna), la Ley de Conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la ley que fortalece el Seguro de Cesantía. En tal sentido, cabe preguntar si cuando se habla de “cambios profundos en nuestra institucionalidad laboral” no se está pensando revertir, todo lo que sea posible, esas medidas.

Para retomar el crecimiento, la propuesta de Kast – Quiroz es simple: eliminar regulaciones, bajar los impuestos a las grandes empresas y, lo que ya anotábamos reducir violentamente el gasto público. Con ello espera “despertar los espíritus animales” y recuperar el crecimiento. La dupla parece pensar que Chile se encuentra igual o peor que Argentina y que el país está dormido.

El problema es nuevamente un diagnóstico equivocado. El amplio debate nacional respecto de la debilidad congénita del crecimiento deja en evidencia que son numerosas las causas que contribuyen a ello. La inversión encuentra obstáculos en la existencia de una legislación que ha quedado obsoleta. Ello se empezó a enfrentar con la recientemente aprobada ley de permisos sectoriales. Un segundo obstáculo radica, sin duda, en que como sociedad no nos hemos puesto de acuerdo, en el contexto de triple crisis ambiental, en el nuevo equilibrio que es necesario instalar entre crecimiento y protección del medio ambiente. Sin embargo, se está avanzando hacia un acuerdo en el marco de la tramitación de la ley que moderniza el Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA).

Enfrentamos también un estancamiento ya congénito de la productividad. Ello está asociado a la baja tasa de inversión, pues son las nuevas inversiones las que incorporan nuevas tecnologías de producción. No obstante, contribuye también a ello la baja inversión en ciencia y tecnología que, parece estancada desde hace décadas, en torno a un 0,4% del PIB. Frente a esto se ha fortalecido el ministerio de Ciencia y Tecnología, diversas universidades chilenas se posicionan como centros de excelencia en inteligencia artificial, biotecnología, astronomía y energías renovables. La colaboración pública y privada, gobierno, empresas y universidades está entregando frutos. Se han instalado en Chile más de 22 data centers y se espera que se instalen numerosos más en el marco de una Plan Nacional de Data Centers.

Se ha creado el Instituto Nacional del Litio que se espera contribuya a mejorar los sistemas de extracción del litio y una integración en las áreas de mayor valor agregado en la cadena global del litio, de la energía renovable y la electromovilidad. Todo esto forma parte de lo que se denomina la nueva política industrial que está en marcha en buena parte de los países desarrollado y contribuye a abrir nuevas actividades productivas que son las que en definitiva permiten dar saltos en productividad, en la producción y en las exportaciones como fue lo que sucedió en los 90, con el fuerte incremento de la producción y exportaciones cupríferas.

Lo que ha quedado en evidencia en el presente período de gobierno es que el país avanza cuando se dialoga para identificar los problemas de fondo y para alcanzar acuerdos en torno a su solución. Expresiones de ello son la aprobación de la reforma previsional, la ley de permisos sectoriales entre otros. Otra es la receta de Kast y Quiroz: un gobierno de emergencia y gobernar vía decretos.

Como ya había señalado el exministro Marcel, para lograr un ajuste significativo del gasto fiscal que no perjudique la marcha del país ni el bienestar de las personas se requieren tanto medidas administrativas como reformas legales. A un resultado similar llega el estudio del Centro de Estudios Públicos, recientemente publicado, que identifica 20 espacios de ajuste fiscal que en un período de 5 años que combinando medidas administrativas y legales “ podrían permitir contener o reducir el gasto público en un rango que se sitúa, en un escenario conservador, en un 1,03% (US$3.600 millones) y un límite superior de un 1,71% (US$6 mil millones) del Producto Interno Bruto (PIB) por año, en régimen”.

En síntesis, se trata de un programa que no considera la complejidad de los problemas que enfrentamos, que se basa en soluciones simples que, además, no toman en cuenta la viabilidad política. Si se recuerda que los dos gobiernos de Piñera, cuyo desempeño es mirado muy críticamente por los propios analistas de derecha pese a que fueron respaldados por el conjunto de la derecha, cabe preguntarse si un eventual presidente Kast que podrá contar solo con el apoyo seguro de solo una parte del sector (recuérdese que el presidente de Evópoli señaló en CNN Chile que “le dolería la guata” gobernar con la carta presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, y también con el presidenciable del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser) podrá en estas condiciones de asegurar gobernabilidad y enfrentar los problemas del país. Más aún si se considera que ni Kast ni Quiroz tienen experiencia alguna en gestión pública y gubernamental.

Sabemos que Jorge Quiroz es un microeconomista respetado, pero es también indudable que ser ministro de Hacienda requiere una buena formación económica, pero, también capacidad política pues deberá lidiar con los opositores en el Congreso, con los parlamentarios de su propio partido, con los otros ministros del gabinete, con los trabajadores del sector público y los distintos actores de la economía nacional. La falta de experiencia en ese campo, sumado a una forma de hacer política que no apuesta al diálogo sino que a la imposición y al “coraje”, (recuérdese el segundo proceso constitucional) hace prever que un eventual gobierno de esta corriente no solo no ayudara a solucionar nuestros problemas sino que los puede acentuar, generar un ambiente de temor, un retroceso grave en los beneficios sociales alcanzados y conflictos en el campo económico que pueden detener la recuperación y peor aún retrotraer los avances en marcha para elevar el PIB tendencial.