Salud sexual, ni ideología ni privilegio: un derecho humano

Cada 4 de septiembre, el mundo conmemora el Día Mundial de la Salud Sexual. Esta fecha nos recuerda que hablar de salud sexual no es un privilegio, ni exclusivo de un sector, sino un asunto de justicia social y de derechos humanos. Según la Organización Mundial de la Salud, la salud sexual es un estado de bienestar integral, es decir, incorpora lo físico, emocional, mental y social vinculado a la sexualidad, y no simplemente la ausencia de enfermedad. Implica vivir la sexualidad en condiciones de libertad, seguridad y dignidad, libres de violencia, discriminación o coerción.

En Chile, el ejercicio de este derecho sigue siendo profundamente desigual. Aunque contamos con la Ley N° 21.030, que despenalizó el aborto en tres causales –riesgo de vida de la mujer, inviabilidad fetal y embarazo producto de violación–, la implementación ha estado marcada por obstáculos que impiden a mujeres, niñas y personas gestantes acceder efectivamente a este servicio de salud. Casos de negación de atención, aplicación abusiva de la objeción de conciencia y falta de información clara son algunas de las barreras persistentes.

Hay una frase muy célebre que escribió Simone de Beauvoir en El segundo sexo, de 1949, donde llama a nunca olvidar que “bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos, debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida”. Desde Amnistía Internacional, en alianza con centenares de organizaciones y activistas de la sociedad civil, llevamos décadas luchando por la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas y en todo el mundo, haciendo frente a los históricos esfuerzos por criminalizarlos y hacerlos retroceder.

El próximo lunes, 8 de septiembre, se iniciará el 78º periodo de sesiones de las Naciones Unidas, un espacio donde un comité de personas expertas en Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) supervisan cómo los países cumplen el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, lo que incluye la salud sexual y reproductiva, y del cual Chile es parte.

Amnistía Internacional envió su informe al comité, el cual se tendrá en cuenta durante este encuentro, donde pide a las autoridades que, por un lado, garanticen la implementación de las modificaciones al Reglamento de la Ley 21.030 y, por otro, que adopten las medidas necesarias para asegurar el acceso al servicio de salud de aborto legal en todo el país, de forma segura y sin riesgos.

Asimismo, se pide utilizar el sistema de urgencia legislativa para dar celeridad al proyecto de aborto por plazos algo que hasta ahora lamentablemente no ha ocurrido.

Por último, nuestro informe pide incorporar medidas de acceso efectivo a las prestaciones de aborto seguro en el próximo Plan Nacional de Derechos Humanos y, por supuesto, que publiquen información estadística completa y desagregada sobre las prestaciones y la objeción de conciencia para asegurar la transparencia.

Estas recomendaciones no son demandas aisladas: son compromisos adquiridos por el Estado de Chile y, por tanto, obligaciones que emanan del marco internacional. La protección de los derechos sexuales y reproductivos es parte integral de los derechos humanos, así lo corrobora la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que obliga a los Estados a garantizar el acceso de las mujeres a servicios de salud, incluyendo la planificación familiar y el cuidado en el embarazo; o la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), que incluye la violencia obstétrica y la negación de servicios de salud como formas de violencia de género, por nombrar solo algunos.

Sin embargo, la brecha entre nuestros compromisos internacionales y lo que viven a diario miles de mujeres y personas gestantes sigue siendo profunda. Las autoridades chilenas tienen la obligación de avanzar en políticas públicas efectivas que promuevan la igualdad de género. Es clave para que en Chile vivamos una sexualidad plena y protegida.

Este 4 de septiembre no basta con recordar nuestros compromisos en materia de salud sexual: debemos exigir que se cumplan. Garantizar el acceso al aborto más allá de las tres causales, de manera segura y gratuita; eliminar las barreras derivadas de la objeción de conciencia; y asegurar información y servicios adecuados son pasos ineludibles. La salud sexual no es negociable. Es un derecho humano que el Estado chileno tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar. En Chile, ninguna mujer, niña ni persona gestante debería arriesgar su vida o su dignidad por falta de acceso a un servicio de salud esencial.