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Venezuela en el “destino manifiesto” de Trump Opinión

Venezuela en el “destino manifiesto” de Trump

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Mladen Yopo
Por : Mladen Yopo Doctor de Ciencia Política Universidad de Leiden y Magister en Estudios Internacional de la Universidad de Chile. Miembro de los grupos académicos de análisis de Defensa y Fuerzas Armadas (GADFA) y del de Política Exterior (GASPE)
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Cualquier acción militar estadounidense en Venezuela –ejercitando esa visión de policía internacional–, tendría enormes e insostenibles costos para Washington. Presión es la palabra entonces.


Venezuela y la administración de Nicolás Maduro son consideradas por EE.UU. como “caso flagrante de infracción”, parafraseando al expresidente Theodore Roosevelt (1901). En este el contexto, la secretaria de Justicia de EE.UU., Pam Bondi, anunció (07/08) una recompensa de US$ 50 millones por información para el arresto de Maduro, quien enfrenta cargos por narcotráfico en la Justicia de ese país desde el 2020 (ya le decomisaron bienes por US$ 700 millones).

Bondi declaró que Maduro “es uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo y una amenaza a la seguridad nacional”. Previamente, el Departamento del Tesoro había calificado al “Cartel de los Soles” como organización terrorista y el Bureau of Western Hemisphere Affairs del Departamento de Estado acusó directamente a Maduro “de administrar a este grupo que apoya a terroristas que invaden nuestro país para traficar”. 

Estas acusaciones han dado cobertura legal para que, por tanto, legalmente las fuerzas militares de EE.UU. actúen en contra de los “integrantes de esta organización”, en una acción de franca “intimidación imperialista”, como ha catalogado Xi Jinping el quehacer internacional de Trump.

Así, mientras la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, decía que EE.UU. no descarta la posibilidad de usar la fuerza militar y que Trump “está dispuesto a utilizar todos” los recursos para “detener el flujo de drogas”, a las pocas horas más de 4.500 militares se movilizaron al Caribe junto a navíos, submarinos y elementos de inteligencia aérea para “controlar” la actividad de las mafias calificadas como “grupos terroristas”, pero sin que se aportaran detalles precisos sobre su alcance, duración y lugares de operación.

Fue el expresidente de EE.UU. Theodore Roosevelt quien justificaba el intervencionismo en otros países sobre las bases de una visión prejuiciosa de “superioridad de la sociedad civilizada”. Decía: “Si una nación demuestra que sabe conducirse con eficacia y decencia razonables (…) no tiene por qué temer la interferencia de EE.UU. Las infracciones crónicas o la impotencia (…) puede provocar, en definitiva, tanto en América como en otros lugares del mundo, la intervención de una nación civilizada, y en el hemisferio occidental la adhesión de EE.UU. a la Doctrina Monroe puede obligar a este país, por mucho que le desagrade, en los casos flagrantes de infracción o de impotencia, a ejercitar el poder de policía internacional”.

Esta “Diplomacia de la Cañonera” (Gunboat Diplomacy), donde se presiona a un país de menor desarrollo a través del uso o amenaza del uso de un poder naval limitado para asegurar intereses (Francia la usó contra Haití en 1825), y del gran garrote como etapa final de esta política (el “Big Stick Diplomacy” de 1904, que implicaba que EE.UU. actuaría diplomáticamente pero con respaldo militar si fuera necesario), además de ampararse en la doctrina Monroe (América para los americanos), mezcló creencia culturales y religiosas (ej. el fervor protestante del Segundo Gran Despertar de 1795-1835), ancladas al concepto de “Destino Manifiesto”, un expansionismo expuesto por John L. O’Sullivan.

Así, se provocó la guerra hispanoamericana (fines del siglo XIX) con la intención de apropiarse de Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. A Haití lo ocupó militarmente desde 1915 hasta 1934, a República Dominicana entre 1916 y 1924 y a Nicaragua desde 1912 hasta 1924, y en 1926 realizó otra ocupación militar, entre otras. Hoy, como lo ha expresado Trump, “irían” por Groenlandia, el Canal de Panamá, el Golfo de México y “Canadá” u otros territorios vistos con interés.

Esta acción inscrita en una nueva de “Diplomacia de la Cañonera”, entonces, es considerada por EE.UU. como un acto en contra de “una organización criminal enquistada en el poder” (no en contra de un gobierno legítimo) como lo expresa Juan Esteban Orduz. No obstante, y como lo deja ver el centro de investigación InSight Crime, el “Cartel de los Soles” no es un grupo jerárquico como lo son los carteles mexicanos de Sinaloa y de Jalisco (The Conversation: las investigaciones “han demostrado que no se trata de un cartel propiamente dicho”), sino que sería más bien una “red suelta de células dentro de las principales ramas castrenses de Venezuela” y, por lo mismo, no atribuible a toda la institucionalidad. 

La historia de esta “organización criminal” se remonta a 1993, seis años antes de que llegara al poder Hugo Chávez (1999-2013). Ese año, dos generales de la Guardia Nacional fueron investigados por narcotráfico, y en sus uniformes figuraban insignias con figuras con el sol. Y fue solo en 2015 que se vinculó a los Soles con altos mandos del chavismo (Diosdado Cabello, Vladimiro Padrino López y otros fueron investigados).

Cinco años después, la Justicia estadounidense apuntó a Maduro y puso precio a su cabeza (US$ 15 millones). Pese a que la evidencia sobre el liderazgo específico del supuesto Cartel de los Soles es muy limitada (no existe para el presidente de Colombia, Gustavo Petro), EE.UU. se ha mostrado decidido a presionar a Maduro, desplegando buques de guerra e impulsando una coalición contra la organización, que fue respaldada por Ecuador, Argentina y Paraguay en la región.

Según la Oficina de la ONU para la Droga y el Delito (UNODC), sin embargo, casi la totalidad de los cultivos de coca están concentrados en Colombia, Perú y Bolivia, mientras la ruta del Pacífico domina las estadísticas de incautaciones de drogas (UNODC), teniendo a la cabeza a Colombia (37%), seguido por Ecuador (8,8%) y Panamá (4,2%), como los países con más cantidades de incautación de clorhidrato de cocaína. En esa clasificación regional, Venezuela ocupa el sexto lugar con menos del 2%, lo que hace que el bloqueo/invasión sea una palanca inefectiva. Gustavo Petro dice, además, que “el paso de cocaína colombiana por Venezuela lo controla la Junta del Narcotráfico y sus capos viven en Europa y Oriente Medio”.

Si bien es cierto que, como expresó John Polga-Hecimovich de la Academia Naval de EE.UU., “Trump no está sujeto a las normas existentes y tiende a actuar según sus propias reglas”, más aún ahora que “controla” los poderes del Estado, a los republicanos y tiene una gran maquinaria de poder económico/comunicacional, concuerdo más con Christopher Sabatini, del Chatham House, en cuanto a que esta acción forma parte de la estrategia de Washington de hacer “el mayor ruido posible” para satisfacer a la oposición venezolana e “intimidar” a altos funcionarios del gobierno y lograr que deserten, lo que descarta “una invasión real”.

A ello, con la visión mercantil, autárquica y transaccional autoritaria de las relaciones internacionales que tiene Trump, agregaría limitar el territorio por donde se mueve Maduro, particularmente sus intereses energéticos y geopolíticos sobre el Esequibo (y que convertirán a Guyana en uno de los grandes jugadores energéticos del mundo, junto al presal marino de Brasil, la Cuenca Neuquina de Argentina y el aporte de Surinam); y aprovechar el escenario externo para tapar una inflación interna que está hundiendo su popularidad y que puede hacer que los republicanos pierdan las elecciones de medio término.

Trump ya fracasó en su política de sacar a Maduro en su primer mandato, a pesar de haber levantado el gobierno de papel de Juan Guaidó (se deslegitimó rápidamente), de las severas sanciones (prohibición de compra de bonos, embargo sobre exportaciones petroleras, congelamiento de activos, etc.), destinadas a asfixiar la economía, pero que terminan reforzando el aparato estatal y a Maduro; de las operaciones secretas (cibersabotajes, campañas de propaganda, etc.);  y de amenazas de intervención directa (Biden calificó esos esfuerzos como “fracaso absoluto”).

A pesar de lo impredecible de Trump, esta nueva “Diplomacia de la Cañonera” (realismo puro de Hans Morgenthau), entonces, por costo-beneficio se inscribirá más en desestabilizar el régimen de Maduro (“forzar un quiebre interno”, como lo expresó Vladimir Padrino López), el cual se ha sostenido gracias a fraudes electorales, violación de los DD.HH., corrupción y una oposición dividida. 

Si bien la líder opositora María Corina Machado agradeció a la Administración Trump por adoptar “el enfoque correcto (…) frente a la organización criminal que se ha apoderado de Venezuela”, su postura encuentra críticas. Christopher Sabatini acusó a la oposición de “manipular cínicamente las esperanzas de la gente” y “caer en la trampa de la inminencia de una invasión”, mientras Enrique Capriles dijo que “la mayor parte de las personas que quieren una solución militar y que llegue una invasión (…) no viven en Venezuela. Ni siquiera miden cuáles son las consecuencias (…), el oponerse a la guerra no significa defender a un Gobierno de facto, (pero) los procesos que deben darse en Venezuela son de negociación (y) ver la posibilidad de movimientos internos, de una disidencia que se active”.

Al final, y a pesar de la diferencia de capacidades, cualquier acción militar estadounidense en Venezuela –ejercitando esa visión de policía internacional–, tendría enormes e insostenibles costos para Washington. Presión es la palabra entonces.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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