Descentralización, historia, políticas de Estado y cumplimiento de compromisos

En el campus central de la Universidad de la Serena se realizó recientemente el IV Congreso de la Descentralización organizado por Subdere. Pocos días antes en Concepción fue la Cumbre de las Regiones, impulsada por Corbiobío, Agorechi, AUR y que contó con el respaldo del Gobierno Regional del Biobío.

Para quienes atribuyen la descentralización chilena a una cuestión reciente, como se insinuó en La Serena, es pertinente indicar que, en nuestro caso, este es un proceso de largo cuño y, como es natural, dialéctico, pues ha combinado demandas ciudadanas y, solo a veces, respuestas de la autoridad mediante ajustes legales o reglamentarios. 

Este no es un proceso químicamente puro ni lineal, pues combina medidas de desconcentración –como las Seremías–; de deslocalización, trasladando un servicio público fuera de la capital; o medidas de efectiva descentralización –como el traspaso a instancias subnacionales de recursos administrados previamente por el Gobierno Central–. Asimismo, combina avances y retrocesos; gobiernos con grandes declaraciones y escasos o nulos progresos; medidas aparentemente menores, pero que tienen un impacto inesperado y de mucho mayor alcance.  

En Chile las luchas por una más equilibrada distribución del poder se iniciaron ya en la génesis de la república y tuvieron hitos históricos durante la primera centuria. Concepción, Coquimbo y Atacama plantearon desafíos políticos y militares al naciente centralismo santiaguino.

A fines del siglo XIX, en 1891 se promulgó la Ley de Comuna Autónoma y a inicios del siglo XX la Constitución de 1925 concordó –sin materializarlas– las asambleas provinciales. En la segunda mitad, se creó la Junta de Adelanto de Arica, original medida de descentralización, en tanto Corfo impulsó polos de desarrollo productivo en diversos lugares de Chile –Endesa, CAP, Iansa, Enap–, estimulando una desconcentración de la estructura económica y generando progreso en los territorios beneficiados.

En los años 70 y 80, con un evidente objetivo de control político territorial, se reformó la administración pública, instaurando un esquema de regiones, hubo un fortalecimiento competencial y financiero de los municipios, se creó Subdere y el FNDR y, a partir del desmembramiento de las sedes de las universidades de Chile y Técnica del Estado, se constituyeron las actuales universidades estatales de regiones.  

El aporte histórico de las universidades regionales al proceso de descentralización no ha sido suficientemente valorado. Es el caso de la creación de las universidades de Concepción, Santa María y Austral, pese a la oposición de la elite santiaguina. Deben agregarse las universidades impulsadas por la Iglesia católica en las regiones de Valparaíso, Antofagasta, Temuco, Concepción y Maule. Todas las universidades regionales, hoy agrupadas en la AUR, tuvieron en sus orígenes una activa movilización de las comunidades locales.

El retorno de la democracia fue acompañado de importantes avances, más en lógica de desconcentración que de descentralización. Se registra la democratización de los municipios, leyes de Rentas Municipales I y II; la creación de los Gobiernos Regionales y de sus plantas administrativas; la elección democrática de los(as) consejeros(as) y más recientemente de sus autoridades unipersonales, los(as) gobernadores(as). También, el fortalecimiento y creación de Seremi y direcciones regionales de servicios; y la radicación en regiones de algunas oficinas matrices –Ministerio de las Culturas y Sernap a Valparaíso, e INACH a Magallanes–.

Se han elaborado documentos aspirando a constituirse en políticas de Estado en la materia, sin embargo, ellos solo han representado la visión de las autoridades sectoriales del Gobierno de turno. A diferencia de lo que ocurre con nuestra política internacional, reconocida y respetada por diversos sectores políticos. Una de las dificultades de tales intentos ha sido la resistencia implícita del mundo parlamentario y la elite política en general, la que, más allá de sus declaraciones públicas en épocas de campaña, en la práctica se resta para apoyar nuevos avances en la descentralización, incluyendo un efectivo fortalecimiento de las universidades regionales.

Indisimulada renuencia hubo para aprobar la elección de consejeros(as) y mucho más la de gobernadores(as) regionales. Se ignoran las propuestas de los especialistas de iniciativas que, probadas positivamente en la experiencia internacional, pueden sacar a Chile de la triste categoría de ser uno de los países con mayores niveles de concentración territorial y centralismo político-administrativo. Igual resistencia hay para eliminar la figura de los(as) delegados(as) presidenciales regionales y sancionar una Ley de Rentas Regionales que dé seguridad en el flujo de recursos y autonomía en su gestión. 

Chile necesita una política de Estado para avanzar a una efectiva descentralización que surja de un proceso que convoque a actores diversos, que tenga apoyo transversal y que culmine en un compromiso auténtico, en el cual todos sientan que han cedido, para que finalmente gane Chile. Para materializar lo planteado, deben concurrir las voluntades del Gobierno, del Ministerio de Interior y Hacienda; de las Comisiones de la Cámara y el Senado; de los Gobiernos Regionales; de Agorechi, Ancore y Fenagore; del mundo municipal con ACHM, AMUR; de las instituciones académicas como AUR, RedCert y de organizaciones regionalistas como Corbiobío y Chile Descentralizado.

Las malas experiencias, de promesas incumplidas, explican que en la reciente Cumbre de las Regiones varias instituciones, entre ellas Corbiobío, Chile Descentralizado, Agorechi y AUR hayan acordado hacer un seguimiento del efectivo cumplimiento de los compromisos descentralizadores, tan abundantes en periodos de campañas electorales como las que hay en estos momentos en Chile, que, por el bien del país, esperamos sean concretadas en el nuevo ciclo político que se inicia en 2026.