Jóvenes encarcelados: drogas, miserias y esperanzas

Entre 2021 y 2024 los adolescentes internados en centros de privación total de libertad a nivel nacional –en internación provisoria (CIP) y régimen cerrado (CRC)–, aumentaron en un 30%, desde 1.055 a 1.378, según datos del Sename y del recién creado Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. La proyección en diez años, de mantenerse este aumento, será de aproximadamente 2.840 internos.

El consumo problemático de drogas y alcohol detectado para los jóvenes recluidos aumentó en más del 90% en el último tiempo y llega al 100% en algunos de los Centros CIP o CRC (2025). Del universo de ingresos en infracciones penales cometidas por adolescentes en el período 2020 a 2024, hubo aumento promedio de un 7% (6,99%) en aquellas de alta lesividad, relativas a delitos especiales, como drogas, robos violentos o por intimidación, de carácter sexual y homicidios, así como de la Ley de Control de Armas, según información recogida de la página web del Ministerio Público.

Lo anterior podría derivarse de la incorporación cada vez más frecuente de niños en la comisión de delitos por las organizaciones criminales, con ingentes medios económicos, tecnológicos e instrumentales de variada índole. Todo, tendiente a perpetuar ese crimen organizado en el tiempo y adquirir experiencia y eficacia delictual.

Estos jóvenes privados de libertad en el año 2024 (1.378) representan una relación porcentual de 2,25%, respecto de los adultos encarcelados ese mismo año (61.097 internos). Teniendo en cuenta que, de los adultos presos, uno de cada dos inició su carrera delictual a los 13 años (dato de 2015), la intervención temprana en niños, niñas y adolescentes al margen del encarcelamiento, sobre todo en las áreas sociales, educativas y terapéutica de adicciones, permitiría revertir la espiral delictiva, habida cuenta que la destinación de recursos sería significativamente menor.

Ante ese escenario, si pudiéramos visitar los cuatro centros de privación de libertad CIP y CRC de la Región Metropolitana, que al 16 de mayo de 2025 tenían 309 internos, veríamos miserias ciertamente: dependencias, dormitorios y lugares de uso común en desorden, enseres en mal estado, sillones rotos, paredes sucias, jóvenes con desidia y apatía, escépticos, recostados en los sillones en franco desgano.

Veríamos algunos jóvenes aparentemente durmiendo o disociados de la realidad, otros vigiles, aunque también a una niña de dulce mirada que se esfuerza por producir artesanías, para soñar en un mejor destino. Veríamos la infructuosa labor preventiva desplegada por Gendarmería para evitar el ingreso y consumo de estupefacientes en esos centros de privación de libertad.

Si pudiéramos igualmente observar la institucionalidad existente, la esforzada labor de los funcionarios y profesionales encargados de la custodia y salud de estos 1.378 adolescentes, constataríamos que esos centros no cuentan con apoyo o dispositivos suficientes para disponer una intervención terapéutica eficaz o tratamientos de adicciones por ingesta problemática de drogas o alcohol.

Si tuviésemos sueños y esperanzas, querríamos entonces que se cumpliera con lo dispuesto en los artículos 44 bis y 48 bis de la Ley 20.084 (introducidos por la Ley 21.527, publicada el 12 de enero de 2023, que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil), en cuanto a la atención efectiva en problemas educativos sociosanitarios, especialmente en salud, por medio de programas asociados al tratamiento de adicciones, la participación en actividades de nivelación o reforzamiento escolar, deportivas o de apresto laboral para el egreso en libertad, que contribuyan al abandono de toda conducta delictiva y a la integración social.

Idealizaríamos, sin duda, en la ejecución por ese Servicio Nacional de políticas de carácter intersectorial en la materia, debiendo garantizarse el pleno respeto de los derechos humanos, la Convención de los Derechos del Niño y demás tratados vigentes, así como la legislación nacional, en aras de asegurar la oferta pública y proveer las prestaciones correspondientes en todas las regiones del país, potenciando medidas terapéuticas que fomenten factores protectores y disminuyan el riesgo frente al consumo de drogas y/o alcohol (Leyes 21.527 y  21.675).

Pero aún en julio de 2025, a 30 de los 36 meses contemplados en la Ley 21.527 para su completa vigencia, no se entregaban lineamientos específicos de cómo se realizaría su implementación en la última etapa fijada para las regiones Metropolitana, de O’Higgins y Valparaíso, y preocupa cómo se abordará el tema de la intersectorialidad, por la desafectación de los profesionales en los centros del área de salud mental, sin que exista claridad a su respecto.

También preocupa conocer si se seguirá contando con los profesionales asignados, en especial psicólogos o psiquiatras, terapeutas y trabajadores sociales –pues no estaría considerada su contratación dentro del Servicio Nacional creado–, y saber también cómo los internos serán puestos a disposición de programas de la red pública correspondiente e, incluso, la articulación administrativa del Programa de Tribunales de Tratamiento de Drogas o Alcohol para adolescentes, lo que ciertamente dificultará el debido enfoque.

Pero, no obstante, seguimos soñando esperanzados en un mejor futuro, como la chica aquella, artesana del Centro de Régimen Cerrado de Santiago, quien escucha desde hace largos años las promesas que cada cierto tiempo le hacemos las autoridades y nos mira con su profunda inocencia, ya casi totalmente perdida, imaginando también –como nosotros– que, en un tiempo no lejano, su modesto trabajo y ardua paciencia transformarán providencial y casi mágicamente su inefable destino (Ezequiel 11:19).