Gestión de datos sobre crisis hídrica: un obstáculo para una política basada en evidencia

La crisis hídrica en Chile está lejos de terminar y requiere medidas integrales y de largo plazo. Existe consenso en que estas deberían enmarcarse en una política basada en evidencia. Sin embargo, un obstáculo importante limita su implementación: los datos sobre el agua se encuentran dispersos, medidos con criterios distintos y difícilmente comparables. Esto no solo dificulta el trabajo de investigación, sino que también reduce la capacidad del Estado de tomar decisiones oportunas y eficaces. 

Aunque en las últimas décadas se ha avanzado en el manejo de datos ambientales, persisten brechas significativas que dificultan el diseño e implementación de medidas de largo plazo frente a los efectos de la crisis climática.

En el caso del agua, el país cuenta con múltiples bases de datos que abordan distintos aspectos del recurso hídrico, desde derechos de aprovechamiento y caudales, hasta consumo urbano o uso agrícola, pero presentan diferencias en calidad de los datos, en las unidades de medida (litros, hectáreas, m3, etc.) y en las escalas de análisis (comuna, cuenca, año, día, etc.), lo que restringe su integración y limita su aprovechamiento para la toma de decisiones. 

La Red Hidrométrica Nacional, administrada por la Dirección General de Aguas (DGA), es una de las principales fuentes. Reúne series históricas de caudales y precipitaciones en estaciones distribuidas en todo el país, además de información hidrometeorológica como temperatura y, en algunos casos, datos de calidad de agua. Es una base fundamental para conocer la dinámica hídrica nacional.

Sin embargo, su acceso presenta restricciones, ya que solo permite descargar información de un número limitado de estaciones y en rangos temporales acotados. A ello se suma que parte de las estaciones pueden encontrarse inoperantes o con registros interrumpidos, lo que afecta la continuidad y confiabilidad de la información disponible. 

El Catastro Público de Aguas, también de la DGA, constituye otra fuente central. Registra derechos de agua desde 1986 y reúne archivos sobre extracciones efectivas, glaciares, obras hidráulicas y organizaciones de usuarios de agua. En particular, el Registro Público de Derechos de Aprovechamiento de Aguas permite conocer la localización y características de los derechos constituidos o informados.

El problema está en la heterogeneidad de las unidades de inscripción. Mientras que los derechos expresados en litros por segundo o metros cúbicos por año son comparables, otros, como las “acciones”, carecen de equivalencia directa con volúmenes de agua, ya que dependen de la disponibilidad hídrica y de las reglas internas de cada organización de usuarios. 

Los Decretos de Escasez Hídrica son otro insumo relevante. Al otorgar facultades extraordinarias a la DGA permiten autorizar extracciones excepcionales en zonas declaradas en emergencia. La planilla consolidada que los reúne ofrece datos sobre número, vigencia y territorio afectado. Son útiles para dimensionar la extensión y recurrencia de la crisis, pero no informan sobre volúmenes de agua ni sobre impactos efectivos en la disponibilidad, ya que no fueron concebidos como instrumento de medición hidrológica. 

Otros datos relevantes para la gestión de la crisis hídrica son aquellos vinculados a la mejora de la eficiencia en el uso del agua. En este ámbito, resultan especialmente importantes los registros de la Ley 18.450 de Fomento a la Inversión Privada en Obras de Riego y Drenaje, administrados por la Comisión Nacional de Riego (CNR), que reflejan inversiones en riego tecnificado. Su base de datos incluye antecedentes por proyecto sobre la superficie tecnificada, costo de proyectos y monto de subsidios estatales.

Estos datos permiten analizar la magnitud de la inversión pública y su distribución territorial. Sin embargo, no son de fácil acceso y no incorporan información sobre el volumen de agua efectivamente ahorrado, lo que limita la evaluación de la eficiencia real de las inversiones. Es como conocer el costo de instalar paneles solares sin tener datos de cuánta energía producen.

Finalmente, el abastecimiento mediante camiones aljibe constituye una fuente fragmentada, pero reveladora. La información se encuentra dispersa en órdenes de compra emitidas por gobernaciones y municipios, disponibles en el portal Mercado Público o vía transparencia.

En la provincia de Petorca, por ejemplo, se recopilaron más de 1.700 órdenes de compra entre 2012 y 2018, lo que permitió estimar la magnitud del gasto público (más de $8.700 millones de pesos) y los volúmenes movilizados (1,49 millones de m3 de agua). Sin embargo, al no existir un registro sistemático a nivel nacional, la información resulta dispersa y de difícil acceso. 

En conjunto, estas bases difieren en tipo de información, unidades de medida utilizadas y escala de registro, lo que dificulta su integración y aprovechamiento. Iniciativas como IDE-Chile o la Dirección Meteorológica de Chile han avanzado en la estandarización de datos, pero sus prácticas no se han extendido de manera transversal. En consecuencia, la información sobre el agua sigue fragmentada y la construcción de diagnósticos integrales continúa siendo una tarea pendiente. 

Esta falta de articulación no es solo un problema técnico, sino que además limita la producción de diagnósticos robustos tanto en la investigación como en la gestión pública. En nuestro propio trabajo sobre el impacto de la tecnificación del riego en los caudales constatamos esta dificultad. Los datos de la Ley 18.450 están registrados a nivel de proyecto, los hidrométricos a nivel de cuenca y los socioeconómicos a nivel comunal.

Ante la ausencia de un criterio común de registro, nos vimos obligadas a trasladar toda la información al nivel comunal, el único punto de convergencia posible para integrar estas fuentes. 

Este no es un caso aislado, sino un síntoma de un problema estructural que ha sido identificado por el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (2025), entre otros organismos, que advierte sobre la fragmentación de los datos climáticos y la ausencia de estándares comunes como obstáculos para una acción efectiva. En la gestión hídrica, incluso programas bien diseñados pueden verse limitados si se apoyan en información incompleta.

En definitiva, sin datos estandarizados y articulados resulta imposible avanzar hacia una política hídrica basada en evidencia, que permita enfrentar de manera efectiva la crisis.