El gesto simbólico y el silencio del debate

En el último debate presidencial, Marco Enríquez-Ominami sorprendió al llegar acompañado de lo que llamó el “Chile invisible”: trabajadores, profesionales, personas con discapacidad y ciudadanos comunes.

Al recorrer con calma los programas de las distintas candidaturas se descubre algo inquietante: la inclusión laboral de las personas con discapacidad simplemente no está. No hay menciones, no hay compromisos, ni siquiera una línea que anticipe cómo enfrentar un desafío que ya forma parte de la vida de millones de familias chilenas. Esa ausencia no solo refleja un vacío en los documentos oficiales, también muestra cómo, una vez más, este tema queda fuera de la conversación nacional.

Por eso el gesto de ME-O de traer al escenario a ese “Chile invisible” resulta tan significativo como contradictorio. Porque al revisar no solo esta candidatura sino todas, lo que se constata es que, a un año de la Ley 21.690, los resultados siguen siendo preocupantes y, lo más grave, permanecen fuera de la discusión política, tanto parlamentaria como presidencial.

Una ley celebrada, pero poco fiscalizada

La Ley 21.690 nació como una actualización a la Ley 21.015, subiendo del 1 al 2% la obligación de contratar a personas con discapacidad o beneficiarias de pensión de invalidez en empresas con 100 o más trabajadores. También reforzó sanciones y fue presentada como un avance histórico.

Sin embargo, como observan desde Fundación con Trabajo, su impacto real ha sido limitado: en 2025 se realizaron apenas 595 fiscalizaciones, de las cuales solo 14 se enfocaron en la cuota de contratación, y apenas 4 empresas fueron sancionadas. Las multas, en total, sumaron 13.8 millones de pesos. Una cifra que muestra que, sin un control riguroso, la ley corre el riesgo de quedar en el papel.

Ahora bien, hay logros que no se pueden desconocer. Uno de ellos fue el fin de una discriminación legalizada que permitía pagar menos del sueldo mínimo a personas con discapacidad intelectual. Como señaló Daniel Concha, director ejecutivo de Fundación SOFAN y exdirector nacional de Senadis, ese cambio dignifica y corrige una injusticia que nunca debió existir.

Sin embargo, el debate político no ha recogido este avance para transformarlo en propuestas que permitan integrar de manera real a esta nueva fuerza laboral, más allá de los puestos de baja calificación.

La verdadera brecha: educación y formación

La experiencia muestra que el gran nudo de la inclusión laboral está en la formación. Un estudio de Fundación Luz en 2025 reveló que más del 60% de las personas con discapacidad visual no finalizó la enseñanza media en tiempo esperado o de manera continua. Este dato confirma que la inclusión no puede depender solo de cuotas legales, sino también de políticas públicas que aseguren acceso a educación, capacitación y alfabetización laboral.

A pesar de su relevancia, el tema sigue ausente en los programas presidenciales, que además presentan un problema adicional: muchos de ellos ni siquiera son accesibles para quienes deberían poder leerlos y evaluarlos.

Durante las primarias, el Gobierno lanzó una campaña para incentivar la participación en las elecciones a través del sitio de Servel. Sin embargo, ni esa plataforma ni los portales de las candidaturas cumplen con estándares básicos de usabilidad y accesibilidad para personas con movilidad reducida o discapacidad sensorial. Eso nos recuerda que el problema no se limita al ámbito laboral: no solo hablamos de trabajadores invisibles, también de votantes invisibles.

Una oportunidad que no se puede perder

La Ley 21.690 abrió una puerta de enorme trascendencia. Permitió que más de 2 millones de personas en edad de trabajar puedan aspirar, quizá por primera vez, a la experiencia de recibir un sueldo a fin de mes. En perspectiva, se trata de un cambio comparable al voto femenino o a la abolición de la esclavitud.

Sin embargo, un año después, la sensación es ambivalente. Por un lado, las empresas han incorporado el tema en sus agendas; por otro, el Estado y la clase política todavía no muestran la decisión necesaria para revertir décadas de abandono.

Mientras no exista un plan sólido de capacitación y formación inclusiva, el 2% corre el riesgo de ser un número vacío. La inclusión laboral no puede reducirse a un trámite administrativo ni a un reporte estadístico. Es, ante todo, una política de dignidad, de justicia y de futuro. Y un país que no invierte en derribar las barreras que marginan a miles de sus ciudadanos con discapacidad es un país que sigue aplazando su propia modernización.

Lo mínimo que cabe esperar es que, en los próximos debates presidenciales, este tema finalmente aparezca en la agenda, especialmente en un Chile que, además de diverso, también está envejeciendo.