Impuesto al lujo: una promesa no cumplida

Mientras Chile se vestía de fiesta para celebrar el 18, una noticia pasó casi inadvertida: el llamado impuesto al lujo, que prometía ser una de las fuentes de financiamiento para la Pensión Garantizada Universal (PGU), ha recaudado menos de la mitad de lo estimado desde su entrada en vigencia hace más de dos años.

Este tributo, incorporado en febrero de 2022, aplica un 2% anual sobre el valor de mercado de ciertos bienes considerados “de lujo”, como autos de alta gama, yates y helicópteros. Desde su origen, la medida generó controversia, no solo por su impacto económico, sino también por su débil diseño legislativo.

La ley exigía un reglamento del Ministerio de Hacienda para verificar las condiciones en que los bienes serían afectados. Sin embargo, dicho reglamento fue presentado a Contraloría y luego retirado, dejando al gravamen sin uno de sus pilares normativos. A pesar de ello, el Servicio de Impuestos Internos (SII) comenzó a girar el impuesto, lo que llevó a que la controversia fuera judicializada. Los contribuyentes alegaban que se vulneraba el principio de juridicidad, y los Tribunales Tributarios y Aduaneros les daban la razón: no estaban presentes todos los elementos necesarios para configurar la obligación tributaria.

Lejos de inhibirse, el SII persistió en su cobro, confiando en que los contribuyentes tendrían que litigar para anular el giro. Una estrategia que recuerda los recursos de protección contra las isapres, donde la única vía para evitar el alza de los planes era recurrir a la Justicia.

La solución llegó recién en 2024, con la Ley de Cumplimiento Tributario, que eliminó la exigencia del reglamento. Desde entonces, los giros se emiten con respaldo legal. Pero esto no borra el hecho de que muchos contribuyentes pagaron un impuesto que, en su momento, tenía vicios legales. En muchos casos, el costo de litigar era mayor que el monto del impuesto, por lo que se optó por pagar.

Y como si fuera poco, los cálculos de recaudación también fueron sobrestimados. Se esperaba recaudar $118.213 millones, pero entre 2023 y 2025 solo se han acumulado $52.286 millones. A julio de 2025, la cifra alcanza apenas $19.369 millones. Lo anterior no es la excepción, ya que esta administración ha tenido problemas por la errónea estimación de los ingresos fiscales, lo que ha devenido en el incumplimiento de la regla fiscal. 

En definitiva, el impuesto al lujo no solo fue mal diseñado desde el punto de vista legislativo, sino que tampoco cumplió con las expectativas fiscales. Una lección más sobre cómo se diseñan e implementan malas políticas públicas que generan expectativa y terminan desvaneciéndose. Y ahora, con el déficit en aumento, no sería extraño que se proponga otro impuesto para tapar la brecha que este impuesto mal diseñado dejó.