Defender las instituciones de derechos humanos es defender la democracia

En los últimos días hemos visto cómo, a raíz de informaciones parciales y aún no confirmadas sobre una víctima de la dictadura, se ha instalado nuevamente un debate cargado de desconfianza hacia los organismos de derechos humanos. No es la primera vez que ocurre. Cada vez que el trabajo de esclarecimiento de verdad se tropieza con incertidumbres, se abre la puerta a cuestionamientos simplistas que terminan debilitando a las instituciones encargadas de garantizar la memoria, la justicia y la reparación.

Frente a estas voces críticas, es necesario recordar lo esencial: la verdad es un proceso, no un arma política. Investigar hechos ocurridos hace décadas requiere paciencia, rigor y responsabilidad de Estado. La urgencia por obtener respuestas inmediatas no puede traducirse en precipitación ni en conclusiones apresuradas. Lo que está en juego no es solo la historia de un país, sino la dignidad de familias que por años han cargado con el dolor de la ausencia.

En este sentido, las instituciones de derechos humanos no son aparatos ideológicos ni herramientas de un Gobierno de turno. Son instancias que la sociedad ha construido para enfrentar con seriedad las heridas más profundas de nuestra historia. Desconocer su legitimidad, relativizar su trabajo o acusarlas de parcialidad sin fundamento es, en los hechos, minar los pilares que sostienen el pacto democrático.

También debemos recordar que cada especulación golpea directamente a las familias de las víctimas. Para quienes buscan a un ser querido desaparecido, cada noticia o rumor puede significar una nueva herida. Por eso la prudencia, el respeto profundo y el acompañamiento son principios básicos. 

Cuando se debilita la legitimidad de estos organismos, no solo se pone en riesgo la búsqueda de verdad y justicia, también se erosiona la confianza social en la capacidad del Estado de hacerse cargo de sus deudas históricas. Por eso, apoyar a estas comisiones es defender el derecho colectivo a la memoria, a la justicia y a la no repetición.

Chile ha aprendido que la democracia se fortalece cuando enfrenta su pasado con honestidad y responsabilidad. No podemos permitir que el ruido de la coyuntura erosione décadas de avances en derechos humanos. Nuestro compromiso –como Comisión Verdad y Niñez– es con la verdad, con la dignidad de niños, niñas y adolescentes que estuvieron bajo la tutela del Estado y con el futuro democrático de nuestro país.