La violencia, no el frío, está matando a las personas en situación de calle

Hace unas semanas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el despliegue de la Guardia Nacional y el internamiento forzoso de personas sin hogar “lejos de las ciudades”. Sus declaraciones reabrieron un peligroso debate global al afirmar que “los homeless tienen que marcharse de inmediato”: optó por una lógica de expulsión y control que criminaliza la pobreza y desconoce la complejidad del fenómeno de la calle. Es un enfoque punitivo que busca limpiar los espacios públicos, en lugar de restituir derechos básicos como el acceso a la vivienda, la salud mental o la inclusión social.

Chile no está exento de este dilema. Aunque nuestro contexto es distinto, también enfrentamos un aumento sostenido de personas en situación de calle y, con ello, el desafío de no caer en soluciones simplistas. Necesitamos mirar más allá de los síntomas y abordar las causas estructurales: la falta de vivienda asequible, el debilitamiento de redes familiares, la pobreza, las adicciones y los problemas de salud mental no tratados.

Desde Moviliza hemos recopilado datos desde 2020, revelando una realidad que el Estado chileno aún no cuantifica: más de 600 personas han muerto en situación de calle y el homicidio es la principal causa de muerte (215 de ellas). En 2023, el 49% de las muertes registradas fue por asesinato. Las cifras oficiales, sin embargo, no reflejan este drama. No hay un registro obligatorio ni desagregado por parte del Ministerio de Desarrollo Social, ni del Servicio Médico Legal, ni de la Fiscalía. Esta invisibilización institucional impide desarrollar políticas públicas eficaces.

Los homicidios se concentran en comunas como Estación Central, Santiago, Recoleta, Cerrillos y Valparaíso, muchas veces relacionados con violencia callejera, aporofobia (odio a la pobreza) y, en algunos casos, crimen organizado. La calle no es solo una situación de precariedad, es también un territorio de altísima vulnerabilidad.

Por eso insistimos en que la respuesta del Estado no puede seguir centrada solo en el invierno o en albergues temporales. Necesitamos un enfoque integral y sostenido, que incluya prevención de la violencia, tratamiento de adicciones, apoyo psicosocial y –sobre todo– vivienda digna como punto de partida, no como meta final.

Chile ha dado algunos pasos en esa dirección. El modelo “Vivienda Primero”, inspirado en experiencias exitosas de países como Canadá, Dinamarca o Estados Unidos (antes del giro actual), propone entregar un hogar permanente como condición básica para comenzar la rehabilitación. La evidencia demuestra que este enfoque reduce el consumo problemático, mejora la salud mental y evita que las personas regresen a la calle. Pero aún falta voluntad política para escalarlo.

Frente a los discursos que buscan “limpiar” las ciudades a costa de la dignidad de los más pobres, Chile puede y debe construir una alternativa. No se trata de esconder la pobreza, sino de transformarla desde su raíz. Debemos apostar por políticas públicas inclusivas que aborden la situación de calle como lo que realmente es: una emergencia social y una cuestión de derechos humanos.