Sobre los escaños reservados: una respuesta a Rosa Catrileo

En una reciente columna publicada en este mismo medio, la ex convencional Rosa Catrileo sugiere que en Chile persiste una “resistencia transversal y estructural” a la participación política de los pueblos indígenas. La ausencia de escaños reservados, en su opinión, constituiría una prueba irrefutable de aquello ¿Es acaso efectivo su planteamiento? Dos reflexiones se pueden hacer al respecto.

En primer lugar, sostener que en el Chile de hoy existe tal resistencia es pasar por alto la evidencia más palmaria que menciona en su propia columna. Para ello bastaría con mirar los dos procesos constitucionales que el país experimentó —con todas sus deficiencias y resultados—. Ambos tuvieron como elemento central la participación de los pueblos indígenas, ya sea en el contexto de la discusión constitucional propiamente tal o en el contenido de las propuestas sobre sistema político. Por otra parte, la participación es un concepto mucho más amplio que no debería reducirse al Congreso. Hoy existe, por ejemplo, la Consulta Indígena y aunque todavía presenta ciertas deficiencias que cabría perfeccionar ¿no sería este sino un mecanismo efectivo de participación política? Catrileo omite deliberadamente este punto para justificar los escaños reservados, como si el fin de la participación se concretase sólo por este medio.

La evidencia sugiere, por tanto, no una ausencia de voluntad política, sino una legítima controversia sobre el diseño institucional que mejor sirve a la participación de los pueblos indígenas. Reducir la existencia de esa voluntad a una fórmula específica —los escaños reservados— sería una simplificación que empobrece el debate. Implica transformar una discrepancia acerca de los medios, que es la esencia de la política, en una sospecha sobre las intenciones de quienes discrepan con el instrumento referido. Se convierte, de esta manera, al adversario en enemigo o, en el mejor de los casos, en un sujeto indiferente.

En segundo lugar y quizás lo más importante, la insistencia en los escaños reservados como única fórmula de representación olvida principios fundamentales de la teoría política. Ya decía Giovanni Sartori que la prohibición del “mandato imperativo” no es un defecto del sistema representativo, sino su condición de posibilidad. El supuesto de los escaños reservados opera en esta lógica imperativa que, a juicio de Sartori, destruiría la representación en su sentido moderno. Se asume que el representante indígena hablaría sólo en nombre de los pueblos indígenas y de su comunidad —como el símil de un delegado—. Empero, la representación no puede reducirse a una delegación mecánica. Un representante debe ser capaz de ejercer un juicio deliberativo en nombre de sus representados y del país, no convertirse en un embajador de intereses particulares. De allí le sigue la crítica sobre que este tipo de mecanismos podría fragmentar la democracia. Ya lo decía Edmund Burke en su discurso a los electores de Bristol en 1774: “El Parlamento no es un congreso de embajadores de diferentes y hostiles intereses que cada uno ha de defender como agente y abogado frente a otros agentes y abogados, sino la asamblea deliberante de una nación”.

No se puede negar que Burke defiende un tipo ideal que no siempre se cumple en la práctica, sin embargo, es un horizonte al cual deberíamos aspirar. Por ello la discrepancia con los escaños reservados no supone rechazar la importancia de la participación indígena, como sugiere Catrileo, sino una crítica legítima que buscaría proteger la democracia representativa y la idea de que los indígenas también pueden y deben participar en la deliberación nacional, sin encasillarlos en una representación de parte. 

Finalmente, dicho reduccionismo en torno a los escaños ignora la experiencia histórica de representación política indígena en nuestro propio Congreso Nacional. Se omiten trayectorias de parlamentarios que, compitiendo dentro del sistema general, alcanzaron una representación significativa durante gran parte del siglo XX. Figuras como Francisco Melivilu, primer diputado mapuche, Arturo Huenchullán o Venancio Coñuepan Huenchual, entre otros, demuestran que la participación en el alto nivel institucional no es un anhelo reciente ni que depende exclusivamente de la creación de estatutos particulares.