La escandalosa omisión lesiva con Ley de Incendios

Chile no tiene una ley  que “obligue” a medidas estructurales y focalizadas de prevención de incendios forestales y rurales urbanos como los del 2017, 2023 y la tragedia en  Viña del Mar del 2024. No es obligatorio para privados contar con cortafuegos y medidas de prevención en la interfaz urbano-rural, como lo hacen todos los países de la OCDE.

Tras año y medio de tramitación en la Comisión de Vivienda y Urbanismo de la Cámara, y luego en la Comisión de Agricultura del Senado, se logró un histórico avance, pero la Comisión de Hacienda del Senado, presidida por Ximena Rincón, no lo discute, escudada en tres argumentos que me correspondió desmitificar a la misma senadora:

• Que el proyecto no combatía la intencionalidad, como dice la “industria forestal”, lo que es banalizar el mérito propio del proyecto que crea mecanismos estructurales de coordinación de Conaf (futuro Sernafor), precisa días de botón rojo y hace mención explícita a los patrullajes preventivos, así como crea un registro de quienes pueden participar en los combates. En paralelo, el Gobierno y la fiscalía han instruido la existencia de fiscales especiales con el buen ejemplo de la baja de incendios en la provincia de Arauco y los resultados del fiscal Ossandón, con la red corrupta que provocaba incendios en Peñuelas.
• Que el proyecto exige medidas a los privados expropiatorias y debiera el Estado indemnizarlo o al menos ayudar a pequeños y medianos propietarios. No es expropiatorio entrar a los predios en medio de un incendio, usar agua incluso de piscina y obligar a los propietarios a realizar las medidas de despeje que por años la Conaf recomienda a municipios y particulares con resultados mediocres ante esta falta de obligatoriedad. El promedio de la OCDE tienen carga fiscal de 37% y Chile sólo 22% , y la propia Conafrealizó estudio que demuestra que no hay pago de expropiaciones y sólo en algunas comunidades autónomas de España, como Castilla León, objeto de incendios permanentes, existe programas de apoyo a algunos agricultores y aldeas para  las medidas preventivas. El proyecto de ley faculta a los Gobiernos Regionales para apoyar y mandata a que Indap y Conaf/Sernafor ayuden. Lo más insólito es que el pleno del senado aprobó lo obrado por Agricultura  tanto para crear el Sernafor como la ley preventiva  con el voto en contra de la senadora UDI Luz Ebensperger. Llega a ser pueril pedir aquello y que el Estado comience entonces a subvencionar la conducción eléctrica cuando se le exige limpieza bajo las torres de alta tensión, así como  al MOP tener despejada la faja fiscal o a las constructoras hacer calles, pasajes y espacios públicos en las urbanizaciones. Lo que si es atendible y la Ministra Macarena Lobos visó dicha  medida es bajar el valor de las multas por incumplimiento que se ubicaban por sobre el promedio de los países estudiados. Se crea además un Comité en los Cogrid comunales que evalúa el plan preventivo de incendios para una gobernanza participativa incluyendo agricultores, los que tendrán la certeza de que si tienen pasturas, frutales y hortalizas no serán obligados a limpiezas que sí se aplica esencialmente a bosques sin manejo silvícola que colindan con ciudades, pueblos y comunidades provocando la inseguridad estructural en nuestro verano seco en todo el centro norte y buena parte del centro sur.
• El tercer argumento es que el proyecto no tiene incentivos a la agroforestería y a replantar los bosques quemados desde el 2017. Se explicó hasta el cansancio que el Minagri, donde han participado asesores de la nueva Ministra Ignacia Fernández, se ha trabajado con Economía un proyecto de concurso para bosques mixtos que incluyan medidas de mitigación de incendios. Además el proyecto en sí mismo establece lo que pidió el Consejo Regional de la Araucanía en forma unánime: que particulares que recibieron bonificaciones del 701 puedan parcial o totalmente transitar a usos agrícolas mixto con bosques no deben devolver recursos al estado, y que en caso de tener que ejecutar medidas en la interfaz urbano rural, existe mención explícita a que Impuestos Internos deberá recalcular las contribuciones a dicho propietario.  Es más, con Minvu se logró incorporar un sistema express de declaración de estas zonas en seis meses.

Se acerca una temporada más y diferentes “Pilatos” se lavan las manos y la debilidad estructural pervive o más bien  la omisión lesiva que Peter Eingel, el colega de la cooperación alemana, llama “la mayor de las corrupciones”. La senadora Rincón y el senado tienen la palabra, el Gobierno entendiendo que esto es vital en el concepto de “todas las seguridades” (lo pedimos de manera incansable que se pusiera suma urgencia), y lo más  relevante es que puede llevar un artículo transitorio que haga obligatoria las medidas que Conaf en coordinación con los Cogrids y municipios catalogan de alto riesgo.

Mención valorativa a la Sociedad Nacional Forestal, que en vez de consporar contra la ley, aportó tres elementos valiosos:

• El modelo de fortalecer Conaf con brigadas permanentes que tengan incentivos “sanos” de trabajar zonas y premio por “menos incendios”,
• La evidencia de Sudáfrica, Uruguay y Australia con trabajo de grandes fajas de cortafuegos, y
• El apoyo al modelo de bosques mixtos como sustentabilidad de largo plazo por la relevancia además de la industria en captura de carbono y el aporte en empleo de la industria de la madera a los territorios.

Aún es tiempo  para despachar esta ley y que durante octubre y noviembre mejoren las condiciones de prevención estructurales en tiempos complejos, ya que lo ocurrido en el hemisferio norte siempre es señal para el sur global.