Una tragedia que interpela al sistema

Este hecho ilustra cómo un delito genera efectos que terminan en muerte, trauma comunitario y erosión de la confianza pública.

Este episodio obliga a reflexionar sobre la cadena delictiva, no solo en su fase primaria, sino también en sus consecuencias sobre víctimas indirectas y colectivos vulnerables.

En Chile, los delitos de mayor connotación social (DMCS) –robos con violencia, robos a vehículos, homicidios– han disminuido cerca de 25% entre 2014 y 2023 (de 3.452 a 2.581 por 100 mil hab.), según el CEAD. En 2024 se registraron 13.888 vehículos asegurados robados, 12% menos que el período anterior. Sin embargo, los robos violentos de autos (encerronas, persecuciones) siguen siendo un alto riesgo. Carabineros, en su Anuario Estadístico Tránsito 2024, muestra la gravedad de siniestros viales, muchas veces vinculados a maniobras de huida.

Aunque algunos delitos primarios bajan, la cadena que sigue al acto inicial –huida, persecución, choque, lesiones a terceros– sigue sin abordarse con suficiente énfasis. El choque en Recoleta lo ejemplifica: robo-huida-violación de tránsito-impacto contra transporte escolar-muerte. El foco no puede quedar solo en el robo, sino también en su consecuencia extendida.

Para enfrentar esta violencia secundaria se requiere una estrategia con prevención, respuesta y reparación:

1. Prevención situacional y tecnológica. Mejorar monitoreo urbano con cámaras, radares y señales conectadas, especialmente en zonas escolares. Fortalecer patrullajes con rastreo GPS y capacitar a comunidades y escuelas sobre riesgos de persecuciones.
2. Respuesta penal y seguridad pública coordinada. Capacitar policías y tránsito para minimizar riesgos en huidas delictivas. Crear un sistema de “alerta huida” con restricción de velocidad, cortes de tráfico y drones de apoyo. Acompañamiento psicosocial inmediato a víctimas indirectas: niños, conductores y familias.
3. Reparación y transparencia. Crear un registro público de “víctimas indirectas del delito” con datos de daños, apoyos e indemnización. Obligar informes públicos de procedimientos de huida con daños a terceros: qué se hizo, qué falló y qué se corregirá. Promover participación ciudadana en rutas seguras y transporte escolar.

El Código Penal chileno, de 1874, requiere modernización. Debe incorporar figuras de “homicidio o lesiones en razón de huida delictiva”, aplicando dolo eventual o culpa grave. En robos de vehículos, aumentar penas cuando haya riesgo grave para terceros y agregar agravantes si involucran transporte escolar o de personas vulnerables.

También deben establecerse mecanismos de responsabilidad civil penalizada para autores y propietarios de vehículos usados en delitos, además de un registro legal de víctimas indirectas que permita reparación y seguimiento judicial. Reconocer antecedentes penales no es prejuicio: es herramienta clave para justicia, seguridad y prevención.

La muerte del niño en Recoleta no es un hecho aislado, sino el reflejo de una falla en la comprensión del delito. No basta castigar la violencia inicial: debemos asumir toda su cadena y sus víctimas invisibles.

Chile necesita un marco de seguridad que contemple la transversalidad del daño y un Código Penal que reconozca que el delito primario destruye vidas y comunidades. Si queremos un país más seguro y justo, esta tragedia debe ser un llamado urgente a poner a las víctimas y a la criminología en el centro.