Descentralización: más institucionalidad y visión de futuro

Es un término técnico y un procedimiento complejo, pero la transferencia de competencias es uno de los pilares de la descentralización. Se trata, en simple, del proceso mediante el cual los gobiernos regionales adquieren funciones antes alojadas en el Gobierno Central. Ello, bajo la premisa de que, mientras más cerca de las personas se tomen las decisiones, la función pública será más pertinente y eficiente. Sin embargo, y a casi seis años del estreno del procedimiento, el balance no es positivo. 

La crítica más recurrente es que se han transferido competencias poco sustantivas a las regiones. En efecto, las 15 competencias transferidas en el período transitorio del expresidente Sebastián Piñera no solo fueron decididas de manera unilateral desde el centro, sino que contemplaron cuestiones tan anecdóticas como prohibir la circulación de vehículos ante eventos deportivos.

Las competencias del actual periodo, sin embargo, fueron acordadas con cada uno de los gobernadores –y entonces gobernadoras– regionales, destacando, por ejemplo, los conjuntos de competencias relativas a la Unidad Operativa de Control de Tránsito y el Servicio Nacional de Turismo. No obstante, es discutible si la relevancia e impacto de estas competencias logró compensar la pesada carga administrativa y la larga espera que supone su tramitación e implementación.

A su vez, ha existido mucha desinformación por parte de los propios actores involucrados en el proceso. Es común escuchar que las competencias transferidas “no venían acompañadas de personas ni recursos” y que “se devolvieron”. Sin embargo, es necesario precisar que ninguna competencia fue devuelta –la ley permite revocar competencias, pero esto nunca ocurrió–, aunque sí se terminaron los plazos de competencias transferidas, las cuales se recentralizaron.

Por otra parte, es efectivo que en las competencias transferidas entre febrero de 2018 y marzo de 2022 no hubo recursos monetarios ni humanos involucrados, pero en algunas de las posteriores sí se contempló financiamiento y personal, como es el caso del otorgamiento de concesiones gratuitas de corto plazo y la fijación de acceso a playas. Cabe preguntarse, por cierto, si lo destinado fue o no lo necesario para ejercer de forma adecuada dichas funciones, sobre todo en ausencia de un marco financiero estable.

Por otro lado, se pensaría que la transferencia de competencias, después de un engorroso proceso administrativo de seis meses para evaluar si procede o no, sería algo duradero para las regiones, mas no ha sido así, aun cuando la ley lo permite. La gran mayoría de las competencias transferidas han sido temporales. De este modo, se han transferido competencias de entre 1 año –como fijar establecimientos que practiquen revisiones técnicas a vehículos– y 10 –como la elaboración o modificación del Plan Regulador Intercomunal–, lo que resulta de poco sentido común.

¿De qué sirve este ejercicio y la capacidad instalada si la función volverá al nivel central después de un periodo bastante acotado? Se trata de un costo de aprendizaje institucional desperdiciado, pues tampoco existe en la actualidad un mecanismo que permita darle continuidad a la competencia respectiva extendiendo su plazo, por lo cual, de querer mantenerse, tendrá que ser sometida nuevamente al proceso de evaluación de antecedentes para transferir la competencia, lo que resulta, por lo bajo, poco eficiente para el Estado.

Por último, y subyacente a lo anterior, el procedimiento de transferencia de competencias, por muy reglado que parezca, pende de negociaciones políticas bastante desbalanceadas entre el nivel central y el regional, algo evidente pero poco problematizado.

¿Por qué no se han transferido competencias más significativas para el desarrollo de las regiones? ¿Por qué no hay más competencias definitivas? ¿Por qué no se transfieren más competencias? ¿Por qué únicamente el Gobierno Regional de Magallanes solicitó competencias motu proprio? ¿Por qué la decisión de transferir o no una competencia depende, en último término, de la voluntad de la máxima autoridad de turno? Las respuestas son todas de orden político. 

Es cierto, no tenemos una Constitución que nos acompañe, nuestro país sigue siendo presidencialista, unitario y centralizado, pero, con todos los votos que representan los gobernadores regionales, es incomprensible que tampoco se hayan institucionalizado espacios permanentes, vinculantes y equilibrados de coordinación y toma de acuerdos entre el nivel regional y el central, que les permitan a los gobernadores estar a la par para decidir cuestiones clave respecto al destino de sus regiones. 

Más importante aún es que tampoco hay un diseño y una planificación respecto hacia dónde va el proceso de descentralización en Chile y el camino a recorrer, como propuso la Comisión Asesora Presidencial en Descentralización y Desarrollo Regional el año 2014; un acuerdo consensuado y actualizado respecto a qué se va a transferir y por qué, incluyendo la decisión (o no) de transferir servicios completos hacia las regiones; cómo se prepara el aparato central de Gobierno para transferir funciones sin resistencias; y cómo se fortalecen capacidades técnicas en los gobiernos regionales para recibir las nuevas funciones a ser transferidas.

Navegar con un rumbo claro es parte importante también de la necesaria modernización del Estado en la reconfiguración nación-región que supone la elección popular de los gobernadores regionales y la transferencia de competencias.

El manto de duda que se instaló sobre los gobiernos regionales a partir del caso Fundaciones no ayudó a la causa de la descentralización y, probablemente, la afinidad política al Gobierno de la primera camada de gobernadores y gobernadoras regionales tampoco resultó ser una ventaja para generar mejoras.

Por lo mismo, cabría esperar que el ejercicio de los gobernadores actuales y venideros esté anclado a una mejor institucionalidad, y no a la afinidad ni al voluntarismo político: una oportunidad para un próximo Gobierno con convicción descentralizadora y visión de futuro.