La importancia de resguardar la institucionalidad pública de Chile

Diversos debates se han desarrollado en la opinión pública a la luz de ciertos fenómenos de alta relevancia para el acontecer nacional y el devenir del país. Entre ellos, cabe mencionar la discusión que se ha generado en torno a los potenciales efectos que han tenido una serie de medidas laborales implementadas en este Gobierno, como la reducción gradual de la jornada laboral y el aumento del salario mínimo. 

Por otra parte, se ha suscitado una polémica en torno a la supuesta contratación de 100 mil funcionarios públicos durante el periodo del Gobierno actual. Sectores de oposición han utilizado este supuesto hecho para señalar que el Gobierno no haría más que despilfarrar recursos públicos en contrataciones innecesarias o, aun más, para favorecer a los cercanos desde el punto de vista político.

Antes de referirme a la plausibilidad de cada una de las posiciones sostenidas a propósito de las polémicas mencionadas, quisiera hacer hincapié en la necesidad de fijar ciertas condiciones mínimas para poder dar un debate fundamentado y orientado al entendimiento en un contexto de pluralidad política. Un diálogo honesto y fructífero entre posiciones políticas diversas requiere un suelo común de hechos compartidos, donde las instituciones públicas desempeñan un rol fundamental en la medida que son las encargadas de producir información confiable.

A propósito de lo anterior, es fundamental establecer algunas condiciones mínimas para que la discusión que se desarrolla en torno a diversos temas de relevancia pública sea fructífera y contribuya a enriquecer la opinión pública y el debate democrático. En ese sentido, tal como sostiene Habermas, la legitimidad democrática no depende solo de reglas formales sino también de la confianza en procedimientos e instituciones que proporcionen datos verificables para orientar la deliberación. Incluso, Arendt, en su ensayo “Truth and politics”, señala que cuando los hechos se relativizan, la política entra en un estado de degradación y la opinión pública pierde su capacidad de juicio.

De esta manera, es muy legítimo que cada sector político tenga una posición determinada sobre la cantidad de funcionarios públicos que sería deseable que tuviera nuestro Estado. Sin embargo, argumentar que han crecido en 100 mil personas durante este periodo de Gobierno no se condice con lo que la institucionalidad responsable a cargo de medir ese fenómeno ha señalado.

La Dirección de Presupuestos (Dipres) ha mostrado en sus estadísticas que el grueso del aumento de funcionarios públicos se ha producido por los traspasos desde los Municipios a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y los Servicios de Salud (SERSAL). Al mismo tiempo, en virtud de la aplicación del Censo durante el 2024, también se produjo un aumento considerable y transitorio de encuestadores contratados por el Ministerio de Economía.

De hecho, en su último informe de Recursos Humanos del Sector Público –reporte que trimestralmente actualiza la situación del empleo en el Gobierno Central–, indica que a junio de 2025 el personal total del Gobierno Central (excluyendo Fuerzas Armadas, municipalidades, empresas públicas y universidades estatales) alcanzó los 523.195 cargos efectivos, lo que representa un alza de 6,9% –equivalente a 33.728 puestos– respecto del mismo mes de 2024. 

Este aumento, de acuerdo con el informe, se explica principalmente por la incorporación de 38.914 cargos en los Servicios Locales de Educación en virtud del proceso de puesta en marcha del traspaso desde el nivel municipal al nivel central de los servicios educativos. Es la misma tendencia que se advierte al analizar el periodo completo de Gobierno. 

Por otra parte, el Banco Central publicó un estudió que suscitó amplio debate, debido a que mostraría un impacto negativo fuerte en el empleo debido al alza del salario mínimo que impulsó el Gobierno actual. Más allá de la posición que diferentes actores puedan tener respecto a la robustez metodológica, técnica y académica que posee el estudio, hay una base compartida sobre una situación de desocupación elevada, por sobre los niveles históricos, que preocupa a todos los hacedores de política pública.

Si no partiéramos de la base de que los datos del INE cumplen con todos los estándares técnicos como para poder contextualizar la discusión en torno a la situación del mercado laboral, el debate académico y político no sería posible. 

En consecuencia, la credibilidad de la información producida por las instituciones públicas no puede obedecer a la conveniencia que implica para sostener un punto político o no. Para poder debatir con orientación a un entendimiento entre visiones políticas diversas, es crucial proporcionar legitimidad a nuestra institucionalidad estatal, de manera que se pueda nutrir de forma virtuosa la opinión pública y así la política pública se desarrolle sobre información cierta y comprobada.

Finalmente, los actores políticos se deben comprometer con debatir sobra la base de la información producida por los diferentes organismos públicos, sin hacer un uso antojadizo, arbitrario e, incluso, dudando de los datos que cada institución genera.