El día que la Fiscalía Occidente solicitó acceder al celular del nuevo fiscal supraterritorial

Cuando la indagatoria para investigar filtraciones en el caso Hermosilla recayó en el Fiscal Regional Occidente, Marco Pastén Campos, en octubre de 2024, este aseguró que no perseguiría a periodistas ni tampoco realizaría diligencias intrusivas contra ellos. Así, al menos, aparece en una nota de La Tercera, publicada el 13 de enero de este año.

Varios meses después, sin embargo, la fiscal Paulina Díaz Obilinovic, a quien Pastén derivó la causa en su calidad de jefa de Alta Complejidad de la Fiscalía Occidente, solicitó medidas intrusivas relacionadas con los teléfonos de 11 periodistas de cinco medios de comunicación y seis persecutores de la Fiscalía Metropolitana Oriente, en un caso que partió con una querella por violación de secreto presentada por el abogado Juan Pablo Hermosilla, a los que posteriormente se sumaron otros dos recursos, uno de ellos presentado por la defensa del exfiscal Manuel Guerra.

Las razones esgrimidas por la jefa de Alta Complejidad de la Fiscalía Occidente, en el recurso de apelación presentado contra una resolución de inadmisibilidad del 27 de agosto de este año, apuntaban a la necesidad de autorizar el acceso a tráfico de llamados, registro de llamadas entrantes y salientes, tráfico de datos, números conectados y georreferenciación de funcionarios públicos.

El objetivo: detectar “si existieron o no comunicaciones entre los fiscales y funcionarios del Ministerio Público que tuvieron acceso a la carpeta investigativa y los periodistas que publicaron diversas notas alusivas a las conversaciones contenidas en los chats del señor Luis Hermosilla, sin lo cual no resulta posible la prosecución de la presente investigación”.

Como en un déjà vu, la petición se filtró, generando una serie de muestras de repudio que incluyeron comunicados del Colegio de Periodistas, de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile y de Premios Nacionales de Periodismo, todos los cuales coincidieron en señalar que lo ocurrido era un atentado a la libertad de expresión, así como a la misma Ley de Prensa, cuyos artículos 6 y 7 protegen el secreto de las fuentes, incluso a nivel judicial.

De hecho, este último artículo indica que los periodistas “tendrán derecho a mantener reserva sobre su fuente informativa, la que se extenderá a los elementos que obren en su poder y que permitan identificarla y no podrán ser obligados a revelarla ni aun judicialmente”.

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Hasta ahora se sabía que entre los funcionarios del Ministerio Público en contra de los cuales se solicitaron las mismas medidas intrusivas se encontraba el director de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, pero se mantenía en reserva el nombre del resto de los sospechosos –un dato no menor–, pues el listado incluía a la Fiscal Regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra; a la asesora jurídica y vocera de la Fiscalía Oriente, Pamela Valdés; al fiscal jefe de la Fiscalía de Flagrancia, Francisco Lanas; al fiscal jefe de Las Condes, Felipe Sepúlveda; y al fiscal jefe de Alta Complejidad, Miguel Ángel Orellana.

Según fuentes del mundo jurídico, el solo hecho de que se haya pedido medidas intrusivas hacia ellos –igual que en el caso de los periodistas–, los convierte técnicamente en imputados, calidad que solo podría revertirse si la Fiscalía decidiera no perseverar en la investigación.

Para cuando la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el último recurso presentado por la Fiscalía Occidente, el 14 de octubre pasado –ya se habían desechado dos anteriores, en el Cuarto Juzgado de Garantía–, Miguel Ángel Orellana había sido nombrado hacía dos semanas en el cargo de nuevo fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial, puesto que asumirá el 5 de enero del próximo año. O sea, técnicamente todavía Orellana pertenece a la Fiscalía Occidente.

“Con este nombramiento se inicia la instalación de una estructura inédita en nuestro país, que permitirá al Ministerio Público enfrentar de manera más eficaz el fenómeno del crimen organizado y delitos que trascienden fronteras regionales y nacionales”, afirmó el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, de quien dependerá directamente el nuevo organismo.

Si la Corte de Apelaciones hubiera aceptado el recurso, la Fiscalía Occidente podría haber accedido al registro completo de las llamadas del nuevo fiscal supraterritorial, además de sus datos de geolocalización, información que le hubiera permitido detectar si es que hubo o no encuentros con periodistas en algún lugar en específico.

Se trata de una medida, según cercanos a la causa, “pasada de revoluciones”, máxime teniendo en cuenta que el nuevo zar antidelincuencia del país es alguien de la exclusiva confianza del Fiscal Nacional, pero, como indica una fuente del interior del Ministerio Público, “ello no conversa con el hecho de que para los fiscales de la Occidente sea sospechoso de filtrar información a la prensa”.

Si bien las diligencias no fueron aceptadas por tribunales, estas han sido interpretadas como una inversión de roles respecto a los denunciantes, quienes pasaron literalmente de victimarios a víctimas. “Es como el ladrón persiguiendo al juez”, se comenta en círculos judiciales.

Golpe fuerte

La sensación que prevalece en fuentes cercanas al caso es que, detrás de la solicitud de geolocalizaciones y acceso a metadatos, estaría el botín al final del camino: la incautación del teléfono de los seis fiscales y, luego, el descabezamiento del equipo del persecutores a través de inhabilitaciones.

Por ahora, la Corte de Apelaciones argumentó que las diligencias intrusivas afectan los derechos constitucionales de periodistas, que revisten calidad de terceros o testigos, y funcionarios del Ministerio Público de los cuales no existe una debida convicción respecto a “una eventual conducta desajustada a derecho o constitutiva de delito”.

“Para que el tribunal permita algo así, deben existir antecedentes fundados del delito de violación de secreto, y no intentar lanzar una malla esperando a ver si cae algún fiscal, entendiendo que su teléfono tiene un montón de cosas y también pueden ser una caja de Pandora, como lo hemos visto con el caso Hermosilla”, comenta una fuente que conoce la investigación.

Ley mordaza

“Este intento de vigilancia representa un acto inaceptable de vulneración del secreto de las fuentes periodísticas, principio esencial del periodismo y del Estado de derecho”, decía el comunicado del Colegio de Periodistas, que se ha opuesto a los intentos legislativos que buscan encarcelar a aquellos que difundan investigaciones penales, entre ellos, el actual proyecto conocido como “Ley Mordaza 2.0”, aprobado en general en la Comisión de Constitución del Senado en agosto pasado.

La propuesta, presentada por los senadores Pedro Araya (PPD), Luz Ebensperguer (UDI), Paulina Núñez (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Alfonso de Urresti (PS), ha generado ruido no solo en periodistas, sino también entre abogados y fiscales acostumbrados a litigar en casos complejos, debido a que la iniciativa busca modificar el Código Penal para castigar a quienes informan sobre procesos judiciales confidenciales.

Aun cuando el proyecto todavía no se aprueba, igual existen sanciones en nuestro marco jurídico para aquellos que revelen hechos reservados de un procedimiento judicial.

El Mostrador se comunicó con la Fiscalía Occidente, desde la cual aseguraron que “nunca se buscó tener acceso a los teléfonos” y que, pese a lo que indican otras fuentes. “ningún periodista tiene la calidad de imputado en la causa”.  “Esta Fiscalía investiga el delito de revelación de secreto que únicamente atañe a funcionarios públicos”, dijeron desde el ente persecutor.

Sobre el acceso a la información solicitada a fiscales y su eventual resguardo en caso de haber sido aceptada, desde el organismo señalaron que “la Fiscalía Occidente tiene protocolos de resguardo de la información, que han sido utilizados en otros casos, sin que nunca se haya filtrado ninguna diligencia”.